José Padilla Cortez

Expediente 2184/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2184/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • José Padilla Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, por el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y téngansele en vías de cumplimiento. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad oficiante demuestra encontrarse en vías de cumplimiento; con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad citada, para que dentro del término de cinco días dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de doce de septiembre del dos mil dieciocho (foja 981).

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Delegada de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite constancias; por tanto, téngase a la autoridad responsable en vías de cumplimiento del fallo protector pronunciado. En relación a la prórroga que solicita, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que está transcurriendo el termino de cinco días otorgado en el proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de uno de junio de dos mil dieciocho (foja 561).

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por auto de ocho de agosto del año en curso se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir constancia fehaciente de ello, sin que a la fecha lo haya realizado. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento puntual a la sentencia, remitiendo a este órgano jurisdiccional constancia fehaciente de ello; esto es, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa las porciones normativas declaradas inconstitucionales por lo que deberá exentar al impetrante de la obligación de cubrir el pago relativo a dicho tributo, devolviéndole las cantidades enteradas por tal concepto en forma total. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Visto el oficio del Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y remite las constancias para acreditarlo, por lo que se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, de las manifestaciones que realiza la autoridad oficiante, se desprende que para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, la parte quejosa fue notificada con fecha dos de agosto del año en curso; por tanto, requiérase a la misma para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, acuda a las instalaciones de la autoridad responsable para efectos de recoger la cantidad otorgada en el presente sumario constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se procederá a actuar de conformidad a lo estipulado en el arábigo 196 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, visto el escrito signado por Pablo Velasco Asencio, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por el que solicita que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, se deje sin efectos el pago realizado en el recibo de pago con folio A40248963, y se efectúe la devolución correspondiente del excedente de las cantidades erogadas con motivo de haber declarado inconstitucional el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, relativa al ejercicio fiscal de 2018. En atención lo planteado, se acuerda favorable su solicitud en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 107, fracción I, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo señala que cuando sea declarado inconstitucional el acto reclamado consistente en una norma general, los efectos de la sentencia de amparo se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma declarada invalida; asimismo, señala que el órgano jurisdiccional tendrá la facultad de especificar las medidas adicionales que deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el goce del derecho violentado. En ese sentido, de los dispositivos señalados no se advierte la obligación de los gobernados, en el caso de controvertir normas de carácter general con motivo del primer acto de aplicación, de reclamar también en la instancia constitucional los actos subsecuentes de aplicación de la norma diversos al primero de ellos; primero, porque a la presentación de la demanda carece de certidumbre de la existencia de esos nuevos actos; y, segundo, porque de ser obligatorio reprochar cada uno de ellos tendría que promover tantos juicios de amparo como actos de aplicación se suscitaran hasta la conclusión del primer juicio instaurado, contraviniendo así la naturaleza del amparo contra leyes, cuya finalidad es que, en el caso de una eventual concesión se desincorpore de la esfera jurídica del gobernado el precepto declarado inconstitucional. Ahora bien, el impetrante de amparo compareció al presente sumario señalando como acto reclamado la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente, el artículo 16, fracción I, inciso a), con motivo del primer acto de aplicación. Seguido en todos sus trámites, se dictó la resolución respectiva en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente por lo que respecta a la fracción II, inciso b), subnumeral 1, del referido ordenamiento para los efectos: ¨[.] En ese tenor, lo que procede es CONCEDER a JAHAT UZIEL LINDORO SALGUEIRO el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la contribución prevista en el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018, para que dicha porción normativa sea desincorporada de su esfera jurídica y no se le aplique en lo presente ni en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que motiva la concesión del amparo En dicho orden, con motivo de la concesión se deberá devolverse la cantidad enterada debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido [.]. Cabe precisar que la devolución de la suma enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector [.]. Es importante mencionar que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de esa Ley, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada; es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso [.]". En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, estableció que una vez firme la sentencia protectora dictada en contra de un precepto legal declarado inconstitucional, sus efectos deben retrotraerse con el fin de dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar en todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación; por lo que el juzgador debe incluirlos dentro de las gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia. Asimismo, precisó que todo acto de aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales debe ser afectado por la protección constitucional que le fue otorgada, de tal forma que la autoridad que aplicó dicha porción normativa está obligada a declarar insubsistente los actos consistentes en: 1. El primer acto de aplicación reclamado en la demanda; 2. Los actos generados con posterioridad al primer acto de aplicación emitidos antes de la emisión de la sentencia definitiva; y, 3. Los actos dictados con posterioridad a la concesión de la sentencia ejecutoria. En el mismo sentido señaló que existen dos procedimientos para hacer extensiva la protección constitucional contra los actos no reclamados en la demanda de amparo, dependiendo del momento en que se suscitaron; el primero, mediante el procedimiento oficioso de ejecución de sentencia cuando se trate de actos emitidos entre la emisión del primer acto de aplicación y el auto que declare firme la sentencia recaída; y, el segundo, mediante el incidente de repetición del acto reclamado cuando se trate de actos emitidos con posterioridad a que adquiera firmeza el amparo concedido. Precisado lo anterior, de un análisis del recibo oficial de folio que se indica, emitido el tres de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que la parte quejosa erogó la cantidad precisada en el mismo por concepto de inscripción de una escritura pública, de manera que, mediante tal acto, se aplicó al impetrante de amparo la porción normativa declarada inconstitucional en sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho. Por tanto, teniendo en cuenta que tal acto se emitió después del primer acto de aplicación -diez de abril de dos mil dieciocho-, es inconcuso que los efectos de la ejecutoria de amparo deben comprender su devolución. Por tanto, toda vez que la Oficina Recaudadora 125 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, fue la autoridad que recibió el numerario erogado con motivo del derecho impugnado, lo procedente es vincularla al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. Así, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficina Recaudadora 125 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para que en cumplimiento al fallo protector y dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación, deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa contenido en el recibo oficial indicado, debiendo hacer la devolución de la cantidad que hubiere pagado. En los términos declarados en la sentencia de amparo. Bajo apercibimiento que de no acatar lo requerido en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con apoyo en el numeral 192, tercer párrafo, de la legislación de la materia, se ordena notificar y se requiere al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable aludida, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede además de incurrir en las mismas responsabilidades que la autoridad indicada.

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