José Paciano Ambrosio Hernández Fernández
Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Paciano Ambrosio Hernández Fernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPAROAnte todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que el quejoso reclama en esta vía lo siguiente: "Reclamo de las autoridades mencionadas como Ordenadoras la arbitraria e ilegal Orden de Protección .derivada de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/AMOZOC/********************/2023, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendida o a personas relacionadas con ella y protección policial de la víctima u ofendida al parecer de nombre ********************, causándome con ello un perjuicio en mi persona sin que haya mediado juicio alguno, así como la Formación de una Carpeta de Investigación en mi contra, sin haber respetado la garantía de Audiencia que me concede la Constitución General de la República como Derecho Humano y dentro de la que supuestamente han girado una orden de Protección en contra del suscrito ******************** (siendo mi nombre correcto ********************) prohibiéndome realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ******************** de manera personal o por cualquier medio de comunicación, (telefónico como las llamadas o mensajes de texto, así como en redes sociales); de igual forma se me prohíbe realizar actos o conductas intimidantes o de molestia a la víctima u ofendida o a personas relacionadas con ella, apercibiéndome que, en caso de incumplimiento se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de mil días de salario mínimo vigente y arresto de treinta y seis horas." Lo anterior en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales Conforme a lo anterior, respecto a la medida de protección decretada en favor de la persona que indica y en contra del aquí quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III. - Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: : b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que el agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable al haber decretado, como refiere el quejoso, una medida de protección en su contra, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendida o a personas relacionadas con ella, de manera personal o por cualquier medio de comunicación, (telefónico como las llamadas o mensajes de texto, así como en redes sociales), ello, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/AMOZOC/********************/2023, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del quejoso, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso, está sujeta a factores cuya verificación se desconocen. Pues como se precisó, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, debe concluirse que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del quejoso, pues la medida de protección concedida tuvo como fin el que no se realicen a la parte agraviada actos o conductas intimidantes y de molestia, sin que ello cause un perjuicio de forma directa al impetrante, dado que no transgredió alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni tiene el carácter de irreparable, el amparo es improcedente. En efecto, del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto. Resulta aplicable la jurisprudencia con los siguientes datos de identificación, rubro y texto: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, en relación al apercibimiento de que, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en multa de mil días de salario mínimo vigente y arresto de treinta y seis horas, dicho acto no afecta derechos humanos ni las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la imposición de la sanción no se encuentra contenida en el propio acuerdo, sino que dicho acto está condicionado al actuar del obligado requerido y de la propia autoridad. De ahí que dicho apercibimiento por sí mismo, no constituye uno de aquellos que tenga una ejecución irreparable, al ser un acto futuro de realización incierta, toda vez si el obligado asume una conducta con la que acata la orden, la sanción pecuniaria no será impuesta y, por tanto, no se violentará derecho alguno de su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia de rubro: "MULTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE, POR SU NATURALEZA, NO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, AL SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA Y, POR ENDE, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Aunado a lo anterior, de lo relatado por el quejoso no puede concluirse que a la data de promoción del juicio exista algún acto tendiente hacer efectivo dicho apercibimiento, concretamente, el relativo al arresto con el cual se le constriño a cumplir tal medida y, por ende, ello no afecta el interés jurídico del impetrante, pues dicho apercibimiento no está ejecutándose, o pronto a suceder, ni se tiene dato certero en cuanto a que inminentemente se ejecutará. No se soslaya la Jurisprudencia 17/98 emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA."; en virtud que la temática que analizó el tribunal en Pleno, versó sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de dicho apercibimiento, como excepción al principio de definitividad; cuestión diversa al acto reclamado señalado en la demanda de amparo que dio origen a este juicio. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113, ambos de la Ley de Amparo, 107, fracción III, inciso b), constitucional, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere quienes tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente al quejoso.
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