José Pablo Olvera Orta
Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Pablo Olvera Orta
- Coordinador de los Centros Federales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintitrés de septiembre de la presente anualidad (fojas 9-19), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Defensora Pública Federal acepta cargo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Joselyn Angélica Martínez Segoviano y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de octubre del año en curso (foja 26), toda vez que acepta y protesta el cargo de defensora pública del aquí quejoso privado de la libertad José Pablo Olvera Orta. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta. Por otra parte, se tiene a la ocursante señalando correos electrónicos, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública y/o asesora jurídica. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue asignada como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo a la Defensora Pública Federal Joselyn Angélica Martínez Segoviano, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como a la defensora y/o asesora antes citada, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir un decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". IV. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 21/2022, relativo al periodo de su vigencia, las notificaciones personales que de este este asunto se ordenen deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del encausado de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído, así como las subsecuentes que se ordenen, por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 21/2022, relativo al periodo de su vigencia. Finalmente, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado de forma personal el presente proveído, notifique a la defensora Joselyn Angélica Martínez Segoviano, el auto dictado el veintitrés de septiembre de la presente anualidad (fojas 9-19), en el que se desechó la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los autos el oficio que remite la Titular de la Delegación Guanajuato del Instituto de Defensoría Pública Federal, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de seis de octubre del año en curso, designa a la licenciada ******************, con la finalidad de fungir como defensora pública federal del quejoso privado de la libertad ********************. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. Se requiere a defensora pública. En consecuencia, requiérase a la defensora pública federal ***************, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensora pública federal del quejoso privado de la libertad ***************, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Se exhorta a la defensora pública del quejoso, para que se imponga de la totalidad de los autos y en su caso, promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.
- Principal
Se agrega constancia de notificación personal y se ordena designación de defensor público. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación personal a través de la cual el quejoso José Pablo Olvera Orta, en atención al requerimiento formulado en auto de veintitrés de septiembre del año en curso, solicita la designación de un defensor público que lo represente en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", y en virtud de que en la constancia de notificación personal de cuenta expresó que solicita la designación de un defensor público que lo represente en el presente juicio de amparo, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja."
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