José Pablo Máynez Neyra
Expediente 1828/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1828/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/01/2017
Partes del expediente
- José Pablo Máynez Neyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VIII.La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su ordinal 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que la misma ha causado estado. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III), pues se sobreseyó en el presente asunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el informe justificado rendido por el Médico adscrito a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados y remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. De conformidad con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a las personas indicadas en el oficio de cuenta. Ahora, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La parte quejosa aduce que la autoridad vulneró sus derechos al decretar su arresto administrativo el veintiséis de noviembre del año en curso, en las Galeras del Centro de Sanciones Administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública de Metepec, Estado de México; sin embargo, el propio veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis a las cinco horas con dos minutos de la mañana, las autoridades responsables dejaron sin efectos el referido arresto y ordenó fuera puesto en libertad. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México, el veintiséis del mes y año en curso, dejó sin efectos el arresto administrativo decretado el mismo día a las cinco horas con dos minutos en contra del quejoso José Pablo Máynez Neyra, dejándolo en libertad; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto positivo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, dejara insubsistente en acto reclamado, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo se ordena el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para su celebración a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.
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VIII. términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, agréguense los informes justificados rendidos por las siguientes autoridades: 1) Oficial Calificador del Segundo Turno, del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. 2) Jefe del Turno "A" de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México. 3) Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México. Asimismo, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados en el presente asunto a las personas referidas por las autoridades responsables. Y por ofrecidas las documentales que exhiben y anexan a sus informes de cuenta. Finalmente, se tiene por anunciadas las causales de sobreseimiento que invocan Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional.
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II. Por recibido el oficio suscrito por la Representante Legal de la unidad Jurídica y Consultiva del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual anexa copia certificada de la razón de notificación personal del dictamen de pensión CP/273/2016 y refiere dar cumplimiento a la ejecutoria. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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