José Pablo Castro Martínez

Expediente 68/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
68/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Congreso del estado de Sonora
  • Carmen Guadalupe Montiel Segovia
  • José Pablo Castro Martínez
  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Amparo en revisión

    COMO EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, SIN NECESIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES PARA QUE RECOJAN DOCUMENTO ALGUNO, EN TANTO NO LO EXHIBIERON; Y A JUICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, ESTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, DADO QUE NO ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL DIVERSO NUMERAL 15 DEL INVOCADO ACUERDO; DE AHÍ QUE SEA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN III, INCISO B) DEL PLURICITADO ACUERDO; CONSERVANDO EL ESCRITO DE AGRAVIOS, RESOLUCIÓN RECURRIDA, SENTENCIA RESPECTIVA Y EL PRESENTE PROVEÍDO.

  2. Amparo en revisión

    R E S U E L V E: PRIMERO. QUEDA FIRME EL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL FALLO RECURRIDO, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTA EJECUTORIA. SEGUNDO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN, SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. TERCERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO POR CUANTO HACE AL EMBARGO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PRACTICADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL *** DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, ATENTO AL CONSIDERANDO SÉPTIMO DE LA PRESENTE EJECUTORIA.

  3. Queja

    COMO EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZADA, Y TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE; SIN NECESIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES PARA QUE RECOJAN DOCUMENTO ALGUNO, EN TANTO NO LO EXHIBIERON, A JUICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE QUE SUSCRIBE, DADO QUE NO ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL DIVERSO NUMERAL 15 DEL INVOCADO ACUERDO; DE AHÍ QUE SEA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, INCISO D) DEL PLURICITADO ACUERDO. ANÓTESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE.

  4. Amparo en revisión

    CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA -AQUÍ RECURRENTE-, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE, EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. SE TRANSCRIBE: "II. Omisión de estudio atinente a los bienes embargados incorporados al inmueble. El agravio identificado como 2, del punto III, del considerando anterior, es fundado pero a la postre inoperante, de manera que procede modificar el fallo sujeto a revisión, exclusivamente por cuanto al examen del acto reclamado. En la especie, este Tribunal Colegiado de Circuito a partir de los artículos 74, 88 y 93, fracción I, de la Ley de Amparo, así como cardinal 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en función del contenido de la jurisprudencia plenaria P./J. 3/95, estima que efectivamente existió una omisión de análisis en lo concerniente a unos bienes objeto de embargo, consistentes en: "una mesa de madera en forma de escuadra color blanco" y "un mueble de madera en forma de escuadra color madera natural". No obstante la omisión, lo cierto es que está actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia y la interpretación contenida en las tesis 1a./J. 168/2007 y 3a./J. 14/94, por dos causas, a saber: 1. No está probado que los muebles hubiesen quedado adheridos al inmueble como indican los artículos 744, fracción III y 747 del Código Civil del Estado, dada la insuficiencia probatoria; y, 2. No fue aportado documento justificativo de la titularidad del derecho de propiedad sobre esos bienes. En primer orden, el Secretario en Funciones de Juez de Distrito en el fallo recurrido omitió pronunciarse en torno a la naturaleza de los bienes antes descritos. De esta forma, el fallo en ese aspecto, no acató el numeral 74 de la ley reglamentaria en consulta, así como el precepto 351 de la ley procesal supletoria, porque tratándose de la afectación producida por un embargo judicial que involucra diversos bienes, necesariamente impacta que cada uno de ellos sea sujeto al estudio que corresponda. Lo expuesto con anterioridad encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 3/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión". Ahora bien, no obstante lo fundado del agravio, es inoperante para revocar el fallo, sino que solo procede modificarlo, toda vez que el juicio de amparo es improcedente. Así es, porque el quejoso reclamó el embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil oral ****, del índice del Juzgado Segundo Mercantil, con residencia en esta ciudad. En la demanda de amparo, en una porción del segundo concepto de violación, argumentó que, al momento de llevar a cabo el embargo referido, el actuario ejecutor afectó los bienes siguientes: "una mesa de madera en forma de escuadra color blanco" y "un mueble de madera en forma de escuadra color madera natural", los cuales indicó formaban parte del inmueble en el que efectuó dicha diligencia. Sin embargo, el Secretario en Funciones de Juez de Distrito, al momento de resolver el juicio de amparo indirecto, no emitió pronunciamiento alguno, puesto que atento a la tesis sin número de registro, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR EL", estos formaban parte del acto reclamado. Bajo ese tenor, en el caso particular este Tribunal Colegiado de Circuito, a partir de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como el diverso cardinal 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en función del concepto de interés jurídico, desarrollado en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala del Alto Tribunal, advierte que fue no fue acreditada la afectación jurídica. Esto es así, porque si el reclamo parte de la naturaleza de los bienes embargados: "una mesa de madera en forma de escuadra color blanco" y "un mueble de madera en forma de escuadra color madera natural", están descritos como muebles, lo cierto es que existe insuficiencia probatoria para ser considerados como inmuebles en términos de los artículos 744 y 747 del Código Civil del Estado de Durango. Las disposiciones civiles clasifican los bienes en muebles e inmuebles, lo cual atiende a una cualidad natural física de todas las cosas conforme a su posibilidad de desplazamiento del lugar donde se encuentran ubicadas. Así pueden establecerse como premisas esenciales de la naturaleza de los bienes: a. Los bienes inmuebles son aquellos bienes inamovibles y, por tanto, imposibles de ser trasladados de un lugar a otro sin que pierdan su naturaleza, es decir, que no se deterioren. Esta definición atiende en forma exclusiva a un criterio fundado en la fijeza o imposibilidad de traslación de la cosa de un lugar a otro para derivar de ahí el carácter de inmueble, pues este se fija, bien sea por la naturaleza de las cosas, por el destino de las mismas o por el objeto al cual se apliquen, de tal suerte que el Código Civil local, distingue tres categorías de inmuebles, a saber: 1) Inmuebles por su naturaleza, son aquellos que por su fijeza imposibilitan la traslación de un lugar a otro, esta subdivisión es aplicada lato sensu a los bienes corporales, es decir, a las cosas, incluyen la tierra, los edificios, toda clase de construcciones o de obras, tanto en el suelo como en el subsuelo que implican la fijeza de materiales con permanencia y que imposibilitan su desplazamiento, verbigracia, los árboles que están adheridos a la tierra y las cosechas o frutos pendientes que no han sido separados por cortes regulares, así como los que están unidos de modo permanente a un inmueble. 2) Inmuebles por destino, son aquellos muebles por su naturaleza pertenecientes al dueño de un inmueble, que por ser accesorios del mismo y necesarios para su uso y explotación la ley los ha refutado inmuebles. 3) Inmuebles por el objeto al cual son aplicados, estos refieren a los derechos reales constituidos sobre inmuebles, son bienes incorpóreos como el derecho de propiedad y el de usufructo, cuando recaen sobre inmuebles son considerados como bienes inmuebles. b. Los bienes muebles por su naturaleza, son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos, o bien por efecto de una fuerza exterior, es decir, un bien mueble se califica como tal en atención a la posibilidad de su desplazamiento en el espacio, en consecuencia, son bienes muebles aquellos que no son inmuebles ni por naturaleza ni por destino. Bajo ese tenor, es inconcuso que adquiere relevancia el contenido del artículo 745 del Código Civil en consulta, porque por regla general, los bienes muebles recobran su calidad con motivo de la separación; pero, lo que necesariamente requería ser acreditado en sede jurisdiccional de amparo, es que estuviera actualizado el supuesto normativo: "salvo el caso de que en el valor de este se haya computado el de aquellos, para constituir algún derecho real a favor de un tercero". Ahí es donde existió insuficiencia probatoria, toda vez que el quejoso ofreció las pruebas de inspección y la pericial (folios 166 a 169); pero, fueron desechadas por extemporáneas en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós (folios 171 a 173). Luego, si la audiencia constitucional fue celebrada el veinte de abril de este año (folio 221), es inconcuso que ese tema procesal no es materia de la revisión. Así lo previene la jurisprudencia P./J. 37/97 del Tribunal Pleno del rubro siguiente: "PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN". Así, como no hay prueba de una titularidad, no resta sino sobreseer en el juicio. Ello, con sustento en la jurisprudencia sin número de registro, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación que a los intereses jurídicos de la parte quejosa le causa el acto reclamado, debe probarse, y la ausencia de las pruebas enunciadas para demostrar la existencia de esos intereses obliga a confirmar el sobreseimiento del juicio". En ese tenor, si el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio, en los términos de lo que establecen los artículos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es inconcuso que atento a la naturaleza del acto reclamado: embargo, cuya implicación es el menoscabo del derecho de posesión derivada directamente de la propiedad del bien, resulta indiscutible que para comprobar el interés jurídico, debe demostrarse la propiedad de manera fehaciente con datos inequívocos. Es decir, el documento del que sea desprendida la titularidad actual de los bienes que defiende, debido a que no es un simple derecho detentatorio el que defiende, sino la posesión que emana de la propiedad, es decir, la posesión originaria. En suma, dada la insuficiencia probatoria para comprobar que los bienes embargados tienen naturaleza de inmuebles, conforme a la prescripción civil, es inconcuso que debe atenderse a la regla general destacada por el Alto Tribunal de la Nación, en torno a la procedencia del amparo, tratándose de muebles, es decir, la justificación de la titularidad del derecho. Así, lo ha establecido la jurisprudencia 3a./J. 14/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero solo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando este no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos". Luego, en el caso, si bien el Código Civil del Estado de Durango, en sus artículos 783 y 795, disponen en torno a la posesión que la propiedad del inmueble hace presumir la de los bienes. No obstante, esa previsión normativa no es eficaz para la comprobación del interés jurídico. De ahí que sea insuperable la exigencia de demostrar aquel interés de manera fehaciente y no inferirlo en presunciones, como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". La conclusión encuentra sustento en la tesis VI.1o.A.8 K (10a.) emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo criterio jurídico comparte este órgano colegiado, la cual es del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO EN UN PROCEDIMIENTO DE BIENES MUEBLES EMBARGADOS. PARA ACREDITAR SU POSESIÓN, NO BASTA LA PRESUNCIÓN A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 802 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. La sola presunción a que se refiere el artículo 802 del Código Civil Federal (el cual establece que la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él), no basta para justificar la posesión de los bienes embargados en un procedimiento respecto del cual el quejoso tiene el carácter de tercero extraño, ya que para tal efecto es necesario que se ofrezcan otras pruebas idóneas que acrediten de manera fehaciente que el impetrante tiene la posesión de los muebles embargados, y de esa forma se justifique el interés jurídico, si se toma en consideración que este no puede ser presuntivo, sino que debe probarse plenamente". [.]

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito · 5,378 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano