José Pablo Arvizu Servín

Expediente 777/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
777/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • José Pablo Arvizu Servín

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, México; quince de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta mediante el cual, la Administradora Postal Modulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, en atención al requerimiento realizado en auto de seis de junio de dos mil diecisiete (Foja 91), solicita una prórroga para estar en oportunidad de informar con respecto al comunicado 12742/2017-V, registrado con el código MA082174751MX. Atento a lo anterior, como lo solicita la promovente se le concede por última ocasión, una prórroga de diez días para que remita a este Juzgado de Distrito los acuses de recibo relativos a la pieza antes citada, haciendo de su conocimiento que en caso contrario, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de auto de seis de junio de dos mil diecisiete (Foja 91). Notifíquese. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Reyna Robles Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUTO DE 24/05/2017. Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por José Pablo Arvizu Servín, José Alberto Becerra Armenta, Juan Carlos Bonilla Martínez, Humberto Casares Sotelo, Juan Manuel Cavazos Lira, Jesús Alberto Contreras García, Gerardo de León Alemán, Javier Enciso Enciso, José Trinidad Escobar Salmerón, Julio César García Enríquez, Carlos Gil Ochoa, Sergio González Zamora, Alan Guerrero Cruz, Nicolás Hernández Hernández, Juan Hernández Loza, Juan Manuel Hernández Reyes, José de la Luz Herrera Aguilera, José Alberto Isidordia Escobedo, David Alejandro López Rendón, Miguel Ángel Macedo Montes, David Alejandro Méndez Arizpe, José Juan Mendoza Casarrubias, Mario Orlando Ortiz Ney, Alejandro Ramírez Baez, Alejandro Isaac Ramírez Lagunes, Mario Wuilber Ramón Cruz, José Julián Selis Rincón, Oscar Servín García, Jesús Tapia Breseda, Oscar Daniel Téllez Amaya, Juan Gabriel Hurtado Juárez, Gustavo Vansconcelo Pérez, José Alfredo Montoya Hidalgo, Bernardo Quiroz Rojas, Erick Marco Antonio Salgado Cruz, Guillermo Fernández Valdez, Carlos Abel Martínez Moran, Francisco Adán Santacruz Robles, Víctor Noé Pacheco Ortiz, Jorge Armando Cuamba Villalobos, Sebastián Bermejo Gaytán, Héctor Anahotxin Sotelo Cuellar, Luis Adrián Vega Rueda, Julio Rodolfo Gerardo Rodríguez Valdés, Manuel Antonio Guerrero de la Garza, Huber Gómez Patiño, Francisco Jiménez Sánchez, Jorge Luis Acosta Camacho, Víctor Hernández Souceda, Gonzalo González Soto, Víctor Hugo Camargo Valencia, José Alejandro Escobedo Cepeda, Isai Salgado Cerezo, Nery Salgado Harrizón, Alejandro Damián Gómez, Juan Carlos Lujano Macías, Pedro Ruíz Martínez, Armando Sergio López García, Gabriel Damián Flores, José Alfredo Montoya Hernández, Héctor Manuel Avedaño Ojeda, Enrique Ramírez Rubio, Héctor Ernesto Carrazco Ruíz, Rubén Valencia Soto, Javier Santana Leyva, Roberto Salazar Meraz, Oscar Ortiz González, Juan Antonio Escalante Aguirre, Alejandro Rosado Domínguez, Kevin Medina Villaseñor, Juan Carlos Villanueva de la Cerda, Leonardo López Puntos, Apolinar Gutiérrez Aguilar, Jasé Noé Barajas Esquivel, Carlo Alexandro Ricalde Barosio, Fidel Osorio Cecilio, Jesús Tapia Sánchez, Roberto Enrique López Pérez, Marco Antonio Reyes Leal, Gerardo Gonzáles Villafuerte y Yoshio Francisco Gonzales Leyva, por propio derecho, mediante la cual solicitan el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 777/2017. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La negativa de las autoridades responsables de proporcionar a los quejosos de manera gratuita el paquete de artículos de limpieza e higiene personal. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado consistente en la negativa de las autoridades responsables de proporcionar a los quejosos de manera gratuita el paquete de artículos de limpieza e higiene personal, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad en estudio no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que los quejosos acuden a esta vía constitucional, para reclamar la negativa de las autoridades responsables de proporcionar a los quejosos de manera gratuita el paquete de artículos de limpieza e higiene personal; acto del cual se afirma que tuvieron conocimiento desde el dos de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, en razón a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que bajo protesta de decir verdad los quejosos manifestaron: "El pasado 02 de marzo de 2017 (día en el que tuvimos conocimiento del acto que reclamamos y que también nos fue negada la petición materia del acto reclamado), personal del departamento de adquisiciones, almacén e inventarios, dependiente del Área Administrativa de este Centro Federal, hizo entrega del paquete de suministros de limpieza e higiene personal únicamente a la población que no cuenta con saldo a favor en la tienda, privando a los quejosos de lo que por derecho nos corresponde, en ese acto los suscritos solicitamos se nos proporcionara el multicitado paquete y el personal del departamento de adquisiciones, almacén e inventarios se negó argumentando que por órdenes de la directora solo tenían autorizado a entregar dicho paquete a los internos que no tuvieran dinero en la tienda en razón de que los demás podían comprar los artículos de limpieza e higiene personal, acto que es contrario a la ley y al buen derecho y que nos motiva a promover el presente juicio." Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 321664, cuyos rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, los peticionarios de amparo no están impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, los quejosos, contaban con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvieron conocimiento del acto que reclaman, a saber, el dos de marzo de dos mil diecisiete. Luego, como se señaló en párrafos que anteceden, los solicitantes de amparo tuvieron conocimiento del acto reclamado en el presente asunto, al menos desde el dos de marzo de dos mil diecisiete, data en la cual solicitaron a la responsable les proporcionara el paquete de limpieza e higiene que refieren, y en la que la autoridad les negó dicha petición. En consecuencia, el plazo para combatir dicho acto, transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dado que los peticionarios de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvieron conocimiento del acto reclamado al menos desde el dos de marzo del año en curso, sin tomar en cuenta para dicho cómputo los días inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; a saber, el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo del presente año. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que los peticionarios de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvieron conocimiento del acto en estudio desde el dos de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el veintitrés de mayo del año en curso, lo que se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Lo anterior, sin que pase inadvertida para este juzgador, la jurisprudencia 2a./J.4/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2479, del Tomo 4, Libro III, del Semanario Judicial de la Federación, de Diciembre de dos mil once, Décima Época, con número de registro 2000039, cuyo rubro y texto es: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS" El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley. Tal circunstancia es así, en razón a que si bien en dicha jurisprudencia se precisa que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios implica una restricción a la libertad personal del promovente interno en un centro de reclusión, por lo cual no debe considerarse el término genérico para la interposición del juicio de amparo, sino el previsto en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, no menos cierto resulta que en el presente asunto el acto reclamado no se encuentra en dicho supuesto de excepción, pues éste no deriva de una imposición de un correctivo disciplinario, por lo debe atenderse al término genérico de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. En mérito de lo anterior, resulta inconcuso que se actualizan las causas de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones X y XIV, esta última en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por esa causa, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Pablo Arvizu Servín, José Alberto Becerra Armenta, Juan Carlos Bonilla Martínez, Humberto Casares Sotelo, Juan Manuel Cavazos Lira, Jesús Alberto Contreras García, Gerardo de León Alemán, Javier Enciso Enciso, José Trinidad Escobar Salmerón, Julio César García Enríquez, Carlos Gil Ochoa, Sergio González Zamora, Alan Guerrero Cruz, Nicolás Hernández Hernández, Juan Hernández Loza, Juan Manuel Hernández Reyes, José de la Luz Herrera Aguilera, José Alberto Isidordia Escobedo, David Alejandro López Rendón, Miguel Ángel Macedo Montes, David Alejandro Méndez Arizpe, José Juan Mendoza Casarrubias, Mario Orlando Ortiz Ney, Alejandro Ramírez Baez, Alejandro Isaac Ramírez Lagunes, Mario Wuilber Ramón Cruz, José Julián Selis Rincón, Oscar Servín García, Jesús Tapia Breseda, Oscar Daniel Téllez Amaya, Juan Gabriel Hurtado Juárez, Gustavo Vansconcelo Pérez, José Alfredo Montoya Hidalgo, Bernardo Quiroz Rojas, Erick Marco Antonio Salgado Cruz, Guillermo Fernández Valdez, Carlos Abel Martínez Moran, Francisco Adán Santacruz Robles, Víctor Noé Pacheco Ortiz, Jorge Armando Cuamba Villalobos, Sebastián Bermejo Gaytán, Héctor Anahotxin Sotelo Cuellar, Luis Adrián Vega Rueda, Julio Rodolfo Gerardo Rodríguez Valdés, Manuel Antonio Guerrero de la Garza, Huber Gómez Patiño, Francisco Jiménez Sánchez, Jorge Luis Acosta Camacho, Víctor Hernández Souceda, Gonzalo González Soto, Víctor Hugo Camargo Valencia, José Alejandro Escobedo Cepeda, Isai Salgado Cerezo, Nery Salgado Harrizón, Alejandro Damián Gómez, Juan Carlos Lujano Macías, Pedro Ruíz Martínez, Armando Sergio López García, Gabriel Damián Flores, José Alfredo Montoya Hernández, Héctor Manuel Avedaño Ojeda, Enrique Ramírez Rubio, Héctor Ernesto Carrazco Ruíz, Rubén Valencia Soto, Javier Santana Leyva, Roberto Salazar Meraz, Oscar Ortiz González, Juan Antonio Escalante Aguirre, Alejandro Rosado Domínguez, Kevin Medina Villaseñor, Juan Carlos Villanueva de la Cerda, Leonardo López Puntos, Apolinar Gutiérrez Aguilar, Jasé Noé Barajas Esquivel, Carlo Alexandro Ricalde Barosio, Fidel Osorio Cecilio, Jesús Tapia Sánchez, Roberto Enrique López Pérez, Marco Antonio Reyes Leal, Gerardo Gonzáles Villafuerte y Yoshio Francisco Gonzales Leyva, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a José Juan Mendoza Casarrubias. Por otro lado, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran internos el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; por ende, conforme con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense a los peticionarios de amparo en el lugar de su reclusión, por conducto de su representante común. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a José Juan Mendoza Casarrubias, represente común de los quejosos en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Azucena Lazalde Iñiguez, quien da fe. Doy fe. AUTO DE 05/06/2017. Toluca, Estado de México; cinco de junio de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora General del Centro Preventivo y de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de informa que el quejoso José Juan Mendoza Casarrubias, fue puesto en libertad el cinco de mayo del año en curso, en atención a lo ordenado por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en los autos de la causa penal 86/2011-I. En consecuencia téngase por cumplido el requerimiento inserto en auto de veintinueve de mayo del año en curso (foja 24), y sin efectos el apercibimiento allí decretado. En esas condiciones, ante la falta de mayores datos que permitan la ubicación actual del peticionario de amparo, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto, así como el diverso de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 14 a 21), por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el presente auto, así como aquél emitido el veinticuatro de mayo del año en curso. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Azucena Lazalde Iñiguez, quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    vi Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por medio del cual acusa recibo del oficio 7962/2017; y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Tania Rosalinda Méndez López, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    II.- La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 217), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables pretenden dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El presente juicio se promovió por Ignacio Rincón Reyes, contra los actos consistentes en: 1. La discusión, aprobación, expedición, publicación, promulgación y refrendo del Decreto, a través del cual se adicionó la fracción V del inciso D) del artículo 245 del Código Penal del Estado de México, cuyos actos atribuyó a la "LIX" Legislatura del Estado de México, al Gobernador Constitucional del Estado de México y al Secretario General de Gobierno del Estado de México. 2. Y como primer acto de aplicación, la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la cual confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en la carpeta administrativa 211/2015, seguida contra el quejoso y otra, por el hecho delictuoso de homicidio calificado (con ventaja y ser la víctima menor de edad), en agravio de una persona menor de edad del sexo masculino de identidad resguardada de iniciales J. J. A. B. Mediante sentencia de once de abril de dos mil diecisiete (fojas 136 a 178), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 210/2017-II, promovido por Ignacio Rincón Reyes, contra la discusión, aprobación, expedición, publicación, promulgación y refrendo del Decreto, a través del cual se adicionó la fracción V del inciso d) del artículo 245 del Código Penal del Estado de México, cuyos actos atribuyó a la "LIX" Legislatura del Estado de México, al Gobernador Constitucional del Estado de México y al Secretario General de Gobierno del Estado de México, por lo motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ignacio Rincón Reyes, contra la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la cual confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en la carpeta administrativa 211/2015, seguida contra el quejoso, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Así las cosas, en proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 187 y 188), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se requirió a la Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cabal cumplimiento al fallo protector. En esa tesitura, mediante oficio signado por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca (fojas 191 a 216), remitió copia certificada del auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el toca de apelación 598/2016, de su índice estadístico, donde dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como de la resolución dictada el once de mayo del año en curso, en el referido expediente. Ahora, establecidas las circunstancias anteriores, se procede a realizar el análisis de las constancias citadas, de las cuales se advierte, que el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, realizó lo siguiente: 1. El diez de mayo de dos mil diecisiete, emitió un auto en el toca de apelación 598/2016, de su índice estadístico, donde dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete; y 2. El once de mayo de dos mil diecisiete, dictó nueva resolución en el toca de apelación 598/2016, de su índice estadístico, con libertad de jurisdicción, donde estudió la totalidad de los agravios hechos valer por el aquí quejoso, exponiendo motivos especiales y razones particulares que consideró para declararlos infundados, por lo que confirmó el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en contra de Ignacio Rincón Reyes, por el hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad, dentro de los autos de la carpeta administrativa 211/2015. Así las cosas, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos; pues, en primer lugar, dejó sin efectos la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 598/2016 y, en su lugar, con libertad de jurisdicción dictó nueva resolución el once de mayo de dos mil diecisiete, en el referido expediente, analizando los agravios hechos valer por el aquí quejoso, exponiendo motivos especiales y razones particulares que consideró para declararlos infundados y resolver en dicho sentido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes.

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