José Othón Sánchez Meléndez

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • José Othón Sánchez Meléndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Durango, capital del Estado del mismo nombre, a las nueve horas con treinta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías, cuyo desahogo se rige por lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo. Se abre la audiencia por el licenciado Luis Hanníbal Pescador Cano, Juez Tercero de Distrito en el Estado, ante la fe de la licenciada Ma. Angélica Pérez Herrera, quien hace constar que no se encuentran presentes las partes, en virtud de que no gestionaron que esta diligencia se llevara a cabo por el método de "videoconferencia", e informa de todas las constancias que integran el expediente, y certifica que se da lectura a las constancias que integran el expediente, las cuales se tienen por reproducidas sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), publicada en la página 1345, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y con registro electrónico 2017786, de epígrafe: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE". Abierto el período PROBATORIO, con apoyo en los numerales 119 y 123 de la propia ley de la materia, se admiten y desahogan, atento a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que informan este expediente, las aportadas por la parte quejosa y las que exhibió el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que igualmente ofreció dicha autoridad; y en virtud de que no existen más pruebas pendientes por desahogar se cierra esta etapa y se apertura la fase de ALEGATOS, en el que se tienen por reproducidos los que hicieron valer las partes, con lo que se cierra dicho período y se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar resolución. V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 1143/2023, promovido por ******************** contra actos del Congreso del Estado de Durango, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de autoridad que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Congreso del Estado de Durango. 2.- Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 3.- Secretario General de Gobierno del Estado de Durango. 4.- Secretario De Finanzas y de Administración del Estado De Durango. 5.- Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango. 6.- Director de Recaudación de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango. 7.- Director Administrador o Encargado del Periódico Oficial del Estado del Gobierno Constitucional del Estado de Durango. IV.- ACTOS RECLAMADOS: Del Congreso del Estado de Durango se reclama: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos: 60, apartado A, fracción I y II, así como el último párrafo de la fracción primera de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el año 2023. Al Gobernador Constitucional del Estado de Durango además de los actos ya reclamados y precisados, le reclamo la sanción, promulgación y publicación, de los artículos: 60, apartado A, fracción I y II, así como el último párrafo de la fracción primera de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el año 2023. Preceptos de Ley de Hacienda del Estado de Durango que tipifican los DERECHOS DEL CONTROL VEHICULAR en el Estado de Durango, REFRENDO Y REPLAQUEO, así como los artículos 13, 14, 15 y 16 que contemplan el IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO, todos reitero, artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el año 2023. Así como la ley de ingresos para el Estado de Durango que contempla los ingresos por tales conceptos, para el año 2023; Y que para precisar a la letra dicen: (Transcribe su contenido) A todas las autoridades señalas (sic) como responsables y al 3.- Secretario General de Gobierno del Estado de Durango; al 4.- Secretario de Finanzas y de Administración del Estado de Durango; al 5.- Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango; 6.- A Director de Recaudación de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, se reclama: LA APLICACIÓN, DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y EL PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL CONTROL VEHICULAR, REFRENDO Y REPLAQUEO. LA APLICACIÓN, DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE DURANGO. Derechos de CONTROL VEHICULAR e IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA calculado conforme a los artículos 60, apartado A fracción I y II así como el último párrafo de la fracción primera, en correlación con los artículos 13, 14, 15 y 16, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el 2023. 7.- Al Director Administrador o Encargado del Periódico Oficial del Estado del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, le reclamo la publicación de todos los artículos tildados de inconstitucionales en el periódico oficial del Estado de Durango. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLE SE RECLAMA: I).- Las consecuencias directas, indirectas, mediatas o inmediatas de todos los actos reclamados. II).- EL PAGO Y DEVOLUCIÓN de los montos correspondientes a los Derechos DEL CONTROL VEHICULAR, Derechos POR REFRENDO Y REPLAQUEO ilegalmente aplicados en mi (nuestro) perjuicio y Calculado ese pago de derechos conforme a los artículos 60, apartado A fracción I y II así como el último párrafo de la fracción primera de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el 2023. III).- EL PAGO Y DEVOLUCIÓN de los montos correspondientes al Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado de Durango, respecto DERECHO DE DEL CONTROL VEHICULAR), calculado conforme a los artículos 13, 14, 15 y 16, en correlación con los artículos 60, fracción I y II de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el 2023. IV.- La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, la sanción y publicación, ASÍ COMO LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY, toda vez que último párrafo de la fracción primera del artículo 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente en el 2022, establecía que la renovación de placas serían cada 8 años según el texto siguiente: (Transcribe su contenido). Es el caso que el día 13 de octubre del año 2022, las autoridades señaladas como responsables, modificaron la dotación de placas, porcanjeo replaqueo, o de placas, para que la renovación, sea cada 6 años y no 8 años, como teníamos en la ley de hacienda 2020, 2021 y 2022. Reclamando por supuesto la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, la sanción y publicación y la aplicación del decreto legislativo 229 del 12 de octubre del 2022, publicado en el Periódico Oficial de Durango de fecha 16 de octubre del 2022, número 83, que modifica último párrafo de la fracción primera del artículo 60 de la ley de Hacienda del Estado de Durango, para el año 2023 y que a la letra dice: (Transcribe su contenido) V.- Así como la Ley de Ingresos para el Estado de Durango que contempla los ingresos por tales conceptos, para el año 2023. VI.- La violación al inciso e) del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal que a la letra dice: Artículo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: . e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, que se registró bajo el número 1083/2023, y en auto de dos de agosto de dos mil veintitrés su Titular declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitirlo a este órgano jurisdiccional por estar relacionado con el diverso juicio de amparo 1124/2023. TERCERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango en auto de siete de agosto de dos mil veintitrés se avocó a conocer de la demanda que registró bajo el número 1143/2023, en el que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, que se difirió en dos ocasiones por motivos legales, para finalmente iniciar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos de autoridades con residencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; .". Este precepto establece que la sentencia en el juicio de garantías debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que impone al juzgador el deber de interpretar integralmente el escrito de demanda con un sentido de liberalidad y no restrictivo, en armonía con la información contenida en el expediente, para determinar la real intención del amparista, sin cambiar su alcance y contenido; esto es, al fijar los actos reclamados el juzgador de amparo debe atender a lo que la parte quejosa quiere manifestar y no únicamente a lo que en apariencia señaló, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ilustra por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, de ese propio Alto Tribunal, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Acorde con este marco normativo, el estudio integral de la demanda de amparo, en armonía con la información contenida en este expediente, pone en conocimiento que Juan Martín González González reclama: Del Gobernador, del Secretario General de Gobierno, del Congreso y del Titular de la Dirección del Periódico Oficial, todos del Estado de Durango, dentro de sus respectivas atribuciones: a) La expedición, aprobación, promulgación y publicación de los artículos 13 al 16 y 60, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y en vía de consecuencia los ordinales 1 y 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como la violación al inciso a) del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. De las autoridades dependientes de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango el cobro de las contribuciones previstas en esos dispositivos contenidas en el recibo oficial con número de transacción ********************, y de todas las anteriores las consecuencias de dichas normas. TERCERO. No es cierto el cobro de las contribuciones que el amparista ******************** reclama a las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango. En efecto, la existencia de un acto ejecutivo de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que la autoaplicación de la ley no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación (cobro) atribuidos a dichas autoridades exactoras, sino sólo incide para efectos de computar el plazo de impugnación constitucional. Sustenta la jurisprudencia 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con en la página 367, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". De manera que respecto a los actos ejecutivos reclamados a las autoridades exactoras procede sobreseer en el juicio de garantías conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierta la existencia de los artículos 13, 14, 15, 16 y 60, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, y 1 y 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y 10-a, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal, pues con independencia del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades que intervinieron en su proceso legislativo, para su demostración basta que se hayan publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, al tratarse de derecho positivo que no está sujeto a prueba conforme a los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ilustra la jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 191452, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También es cierta la autoaplicación de las contribuciones reclamadas, pues así se constata con el recibo oficial con número de transacción ********************, de once de julio de dos mil veintitrés, a nombre de ********************, expedido por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, a través de Recaudación de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos, que allegó dicho quejoso y la autoridad exactora. QUINTO. De los artículos 62 y 65 de la Ley de Amparo se colige que las causas de improcedencia son de análisis oficioso por ser una cuestión de orden público e interés general, y su estudio es preferente al fondo del asunto ya que de probarse plenamente alguno de esos supuestos especificados por la Constitución, la Ley de Amparo o la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su consecuencia es que no se produzca el pronunciamiento de fondo del asunto planteado. Ilustra este particular la jurisprudencia 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En su informe con justificación el Secretario de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Durango sostiene que este juicio de derechos fundamentales es improcedente respecto al pago de los impuestos contenidos en los artículos 13 al 16 (fomento educativo) y 60, apartado A, fracción II (refrendo al servicio de control vehicular), de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, pues se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo ya que dichos conceptos fueron concentidos por el amparista. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la propia ley reglamentaria de la materia, establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Estos preceptos determinan que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendidos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los plazos previstos en la propia ley reglamentaria, que de manera genérica es el de quince días, salvo las excepciones ahí previstas Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Y cuando se impugne una norma general auto-aplicativa o el procedimiento de extradición, se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Ahora bien, el aquí quejoso ******************** aduce que las contribuciones las reclama a través de su aplicación concreta, auto-realizada el once de julio de dos mil veintitrés, como lo justifica el recibo de pago ********************, expedido por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango. Sin embargo, el Subprocurador Fiscal de esa dependencia allegó copia certificada del recibo de transacción número ********************, de veintidós de enero de dos mil veintidós, del contribuyente ********************, en el que constan, entre otros movimientos, pagos por concepto de "REFRENDO AUTOMÓVIL, CAMION Y AUTOBUS SERV PART Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN", el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Pues bien, a partir de esta información se tiene la certeza de que el recibo de transacción número ********************, no constituye el primer acto concreto de aplicación de las contribuciones reclamadas y contenidas en los artículos 13 al 16 y 60, apartado A, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, ya que se individualizaron en su esfera jurídica al menos desde el veintidós de enero de dos mil veintidós, en que las autoaplicó a través del recibo de transacción número ********************, que contiene las cantidades a pagar por los mismos conceptos. De modo que si ocurre al presente juicio de garantías reclamando como heteroaplicativas las normas que califica inconstitucionales (13 al 16 y 60, apartado A, fracción II), o sea a través de su aplicación concreta, es inconcuso que no lo hace a través del primer acto de aplicación, el cual se actualizó el veintidós de enero de dos mil veintidós como informa el precitado recibo de transacción ********************. En consecuencia, si la demanda de amparo la presentó hasta el uno de agosto de dos mil veintitrés, es notoria su extemporaneidad por haberse presentado fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio, y conlleva a sobreseer en este juicio de garantías con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es necesario aclarar que no pasa desapercibido para este órgano de control constitucional que en la jurisprudencia J. 105/2007, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO)", el Pleno del Magno Tribunal sostuvo que es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación. Sin embargo, no es posible aplicar esa figura jurídica (suplencia de la queja) respecto de los preceptos legales analizados en este considerativo puesto que no se advierte que exista pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que esos preceptos son inconstitucionales, ni existe jurisprudencia temática en materia de inconstitucionalidad de leyes que determine que el supuesto normativo previsto en las disposiciones generales impugnadas, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contrario a la Constitución. Al respecto no se desconoce la jurisprudencia J. 123/2013, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", en la que estableció que las leyes locales que establecen impuestos adicionales a cargo de personas físicas o morales que realicen otros pagos por concepto de impuesto o derechos municipales, violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Sin embargo, al resolver el amparo en revisión ********************/2016, el propio Alto Tribunal determinó que a esa jurisprudencia no le reviste la característica de temática. Por tanto, subsiste el sobreseimiento decretado sobre los artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés analizados en el presente considerando. En consecuencia, no es posible analizar los conceptos de violación dirigidos contra los actos reclamados, conforme a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2042, del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. Atento a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, sólo procede el sobreseimiento respecto de actos reclamados y no de conceptos de violación, ya que la resolución que se dicta en tales casos, tiene como supuesto fundamental y jurídico, la existencia de una causal de improcedencia, que impide al juzgador entrar al estudio del problema de fondo que le ha sido planteado, a fin de establecer si el acto reclamado es, o no, violatorio de garantías". Sin que por cuanto a los demás actos reclamados se actualice dicha causal de improcedencia y la diversa contenida en la fracción XIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, pues no existe prueba de que se hayan consentido. Por otra parte, respecto al artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, el propio Subsecretario General de Gobierno de esta entidad federativa refiere que es improcedente este juicio de derechos fundamentales pues afirma que el acto reclamado consiste "...en un pago de una obligación por decreto No. 229, y publicada en fecha 16 de octubre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Durango, iniciando su vigencia el 17 de octubre de 2023 (sic); esta obligación nace con la misma ley, lo que la convierte en autoaplicativa, para lo cual el término de 30 días que señala el artículo 17 fracción I de la Ley de Amparo transcurrió sin que se promoviera el juicio de amparo". Sin embargo, es infundado ese argumento pues contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, la obligación que impone esa ley no surge de forma automática con su sola entrada en vigor (autoaplicativa), sino que requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, es decir, la aplicación jurídica o material de la norma, en el caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento (heteroaplicativa). Y el quejoso reclama como acto concreto de aplicación la auto liquidación de ese tributo contenido en el recibo oficial con número de transacción ********************, de once de julio de dos mil veintitrés, por lo que a partir de esa data y no de la que señala la responsable (día posterior a la publicación) quedó sujeto al término de quince días para promover la vía constitucional, lo que aconteció el uno de agosto siguiente. En torno a las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia J. 55/97, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. También el Secretario General de Gobierno del Estado de Durango refiere que se actualiza la causa de improcedencia inmersa en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso de manera voluntaria realizó el pago de las contribuciones, sin embargo no le asiste la razón de conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/97, visible en la página 92 del Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada". Por otra parte, el Consejero General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango expone que no se combate por vicios propios el proceso legislativo de creación de las leyes atacadas en cuanto a la intervención correspondiente al Ejecutivo Estatal, sin embargo, los actos de autoliquidación atacados por el quejoso respecto al artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, le impone la obligación de señalar a las autoridades intervinientes en ese proceso en los términos señalados en el numeral 108 de la Ley de Amparo. También apoya, por las razones que la animan, la jurisprudencia 30/96, del Pleno del Magno Tribunal Mexicano, consultable en la hoja 58, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE LA QUEJOSA CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que la quejosa tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada". SEXTO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo ******************** al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación planteados por ******************** contra el numeral 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en los que cuestiona la constitucionalidad de esa norma. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO. 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Este dispositivo impone la obligación al ciudadano mexicano de contribuir al gasto público, y la correlativa garantía de que esa contribución debe ser de manera proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes, de suerte que si un precepto legal ordinario establece de manera desproporcional e inequitativa la forma y pago de una contribución, será violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las contribuciones están los derechos, que acorde con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria se traducen en las contraprestaciones a favor del Estado por los servicios administrativos prestados por sus Poderes, y la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos requiere tener en cuenta el costo que para el propio Estado tiene la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así la causa generadora de los derechos es la prestación del servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan los principios de equidad y proporcionalidad que establece el artículo 31, fracción IV, de la ley fundamental del país, debe existir razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y secundariamente de los particulares. En la ejecutoria origen de la tesis jurisprudencial de rubro "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL", consultable en las páginas 1160 y 1161 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. También estimó que tratándose de derechos el principio de proporcionalidad se cumple cuando existe correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, de manera que el precio corresponde al valor del servicio; pero una apreciación actualizada es que la determinación de la tarifa no depende exclusivamente del costo de producción, sino puede obedecer también a fines extra-fiscales (no recaudatorios), en tanto la actividad estatal se organiza en función del interés general y secundariamente de los particulares, porque el Estado no constituye una empresa privada que ofrece al público sus servicios con un precio comercial con base exclusiva en sus costos, de modo que el monto de las cuotas no debe corresponder precisa y necesariamente al costo del servicio. La precitada apreciación se contiene en la tesis visible en la página 667, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, que dispone: "DERECHOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos". De manera que respetar el principio de proporcionalidad exige atender no sólo una razonable correlación entre el costo del servicio y el monto del derecho, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, sus posibilidades económicas y sociales y, además, razones de orden extra-fiscal. Por otra parte, la equidad en materia tributaria consiste en dar un trato igual a todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, es decir, todo el que actualice determinada hipótesis de causación debe recibir el mismo tratamiento. Al respecto conviene atender los fundamentos del principio tributario de equidad, que son los diversos de: universalidad, que implica que todos los mexicanos deben pagar impuestos, para lo que se crean categorías de contribuyentes que pagarán los distintos tributos que establezcan las leyes secundarias; y generalidad, conforme al cual todos los sujetos pertenecientes a una misma categoría deben soportar cargas semejantes, por lo que en casos de igualdades esenciales se debe dar un tratamiento igual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la equidad tributaria consiste en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de una misma contribución, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación. Sin embargo, este principio de igualdad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no consiste en consagrar un sistema determinado en materia tributaria, ni una regla por la que todos los habitantes de la República Mexicana deban contribuir con una cuota igual al erario público, sino tiende a que sólo en condiciones análogas se impongan gravámenes idénticos a los contribuyentes, así como las obligaciones accesorias. Ese principio provoca en el legislador la facultad de crear categorías de contribuyentes afectados con contribuciones y obligaciones accesorias también distintas, siempre que no sean arbitrarias o formadas para hostilizar a determinadas personas o clases, es decir, siempre que las distinciones, categorías o clasificaciones se apoyen en una base razonable y respondan a una finalidad económica o social. En conclusión, la garantía de igualdad establece que las leyes deben tratar en forma semejante a los iguales, y esta igualdad significa que los sujetos estén en igual situación, atendiendo a las características relevantes de la definición del hecho generador de la contribución; por tanto, no basta que existan diferencias o similitudes objetivas para considerar iguales o diversas a determinadas categorías de contribuyentes, sino es menester que tales divergencias o convergencias deben estar relacionadas con las características de la contribución. Este criterio lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 41, del Volumen 76, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IGUALDAD DE LOS IMPUESTOS, PRINCIPIO DE (IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES E IMPUESTO SOBRE EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS)". Correlativamente los numerales 12 y 13 del Código Fiscal del Estado de Durango, disponen: "ARTÍCULO 12. Los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios, los que se definen de la siguiente manera: I. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen regularmente para cubrir el gasto público. II. Los ingresos extraordinarios son aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer el pago de los gastos o inversiones eventuales o extraordinarios del Estado, incluyendo los que provengan de empréstitos contratados por el Gobierno del Estado, destinados a la realización de obras públicas". "ARTÍCULO 13. Los ingresos ordinarios se dividen en contribuciones, productos y aprovechamientos. PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra la expedición, aprobación, promulgación y publicación de los artículos 13 al 16 y 60, apartado A, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y su aplicación contenida en el recibo oficial con número de transacción ********************, por parte de las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra la discusión, expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 60, apartado A, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y de los ordinales 1 y 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como el 10.A, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, y su aplicación, conforme al último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Durango, Durango, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes, agréguese el oficio y anexo de cuenta y anexos del Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído del veintinueve de septiembre del año en curso, lo que acredita con copias certificadas de los diversos certificados de pago relativo al pago de los derechos por refrendo al servicio de control vehicular de placas para el ejercicio fiscal, así como del impuesto para el fomento de la educación pública en el Estado; por tanto se deja sin efectos el apercibimiento contenido en dicho auto.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y tres minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    Con vista a las partes, para que surtan sus efectos legales y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado con que se da cuenta.

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