José Othón Ramiro Hernández Lima
Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Othón Ramiro Hernández Lima
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de julio de dos mil veintidós. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hayan recurrido el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Iván López Hinojosa, Juan Manuel Espinosa González, Hugo Melchor Nieto y Moisés Ricardo Garduño Rodríguez, y contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 972/2022-I-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)DESECHAMIENTO. En principio, debe decirse, los quejosos reclaman de lasautoridades responsables, lo siguiente: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, a otro diverso que le genera afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitoriocuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectaciónpsicoemocional. 6) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio 2 Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta y Moisés Ricardo Garduño Rodríguez deldormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 10) Luis Arturo Zavala Rosas, reclama la restricción de reubicación del dormitorio nueve, zona dos, estancia doce, al dormitorio cuatro zona uno, ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísas y psicoemocional. 11) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y coacción. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 de la ley de amparo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos. 16) Discriminación. 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto de y convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de estapenitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento queusan las autoridades bajo su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colicionando además, con la Ley Nacional de Sanciones Penales, que tampoco se respetan. 24) Realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos que son inconstitucionales, sin presencia de asesores jurídicos. 25) Audiencias de comité técnico, sin presencia de asesores jurídicos. 26) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González, del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro diverso que le genera angustia, dolor síquico y afectaciones psicoemocionales de tracto sucesivo, así como obligarlo a elaborar escrito de fecha catorce de enero. Una vez asentado lo anterior, es necesario establecer, en términos de lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar siexiste o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo,Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, actou omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la Repúblicao en los tratados internacionales de los que es parte el EstadoMexicano. Es decir, de acuerdo con el contexto constitucional, el principio de instancia de parte agraviada que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercerla. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propiaLey de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de underecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Lo anterior, debe relacionarse con el artículo 3° de la Ley de Amparo, pues dispone que en el juicio constitucional, por regla general, las promociones deberán hacerse por escrito y será optativo para el promovente presentar el escrito respectivo en forma impresa o electrónicamente, cuando el promovente decide presentarla en forma electrónica, deberá hacerlo mediante el empleo de la firma electrónica, la cual se obtendrá conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, el referido numeral dispone no se requerirá de la firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Además, conforme el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o, en los casos 6 previstos en la propia ley de la materia, como son los contemplados en su artículo 15, podrá promoverse por cualquier persona. El artículo 109 de la Ley de Amparo establece que en aquellos casos que se promueva el amparo en términos del artículo 15 de eseordenamiento jurídico por medios electrónicos, no se requerirá de firma electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de junio de dos mil veinte, regula las reglas y mecánica de los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, para la presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, esto es, regula, entre otros aspectos, la operatividad del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el sistema electrónico para la presentación de las demandas. Luego, de la interpretación sistemática de lo previsto en los numerales 9, 14, 16, 17, 42 y 45 del citado Acuerdo General 12/2020, en relación con la Ley de Amparo, se advierte que la regla general para la promoción del juicio de amparo, realizada a través del Portal de Servicios en Línea -electrónicamente-, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal. Que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar, entre otros, las demandas de amparo. Esto, porque se prevé como excepción para el registro en el Portal de Servicios en Línea, tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, los promoventes que estén en dicho supuesto, no se les exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo se firme electrónicamente, para lo cual, dentro del Portal de Servicios en Línea, existe una opción especial para ingresar las demandas de este tipo. Es decir, para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, que no estén en los supuestos de excepción antes señalados, los promoventes ya registrados conforme a las reglas establecidas en el propio Acuerdo General 12/2020, deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea, con su nombre de usuario y contraseña, o con su firma electrónica vigente. De lo anterior, se puede concluir que la demanda de amparo puede ser presentada por una persona diversa al quejoso, aun ante la falta de firma -electrónica-, cuando se encuentre imposibilitado para presentarla, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión,proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 09/12/22 14:10:51 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ef.6a LUIS CRISTOBAL OLVERA JIMENEZ 8 cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, en el caso, también resulta necesario establecer la naturaleza del acto reclamado, para determinar si los recurrentes, seencuentran o no en el supuesto de excepción para que su demanda de amparo pueda ser promovida sin la firma electrónica de este último, en términos de lo dispuesto en los artículos 3° y 109, de la Ley de Amparo, así como el 17 del Acuerdo General 12/2020, antes transcritos. En el caso, de lo expuesto en la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Iván López Hinojosa, Juan Manuel Espinosa González, Hugo Melchor Nieto y Moisés Ricardo Garduño Rodríguez, se colige si bien refirieron lo hacían en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, no se advierte los actos reclamados sean de aquellos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.Lo anterior, pues expresamente los identifican como: - Reubicación de dormitorio a uno diverso. - Traslado. - Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15de la ley de amparo. - Intimidación. - Discriminación. - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internaciones. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los aquí quejosos. - Omisión de suspender de sus funciones a los servidores bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. - Encubrimiento de actos constitutivos de delitos de tortura. - Restricción de comunicación y de convivencia. Y aunque fue mencionado por los promoventes con la ejecución de tales actos que señalaron como reclamados se ponía en riesgo la vida de los directos quejosos, de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara que se llevaron a cabo dichos actos contra aquellos solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender dela ejecución de los diversos actos que reclamaron. Lo anterior, se corrobora pues conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcanceun procedimiento administrativo 16 de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran, incluso, la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad, lo cual pone de manifiesto que al versar los reclamados respecto de las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentran recluidos quienes aparecen como directos quejosos, se insiste, no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunque fue mencionado por los promoventes con la ejecución de tales actos que señalaron como reclamados se ponía en riesgo la vida e integridad de los directos quejosos, de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara quese llevaron a cabo dichos actos contra aquellos solicitante de amparo, lo que permite concluir que, como en el caso un interno promueva demanda de amparo indirecto, en la que reclame actos u omisiones inherentes a condiciones de internamiento, previo a instar la acción constitucional, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado peticiones administrativas, así como los medios de impugnación previstos en su contra. Lo anterior se obtiene, del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones detesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Luego, si la demanda constitucional planteada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Iván López Hinojosa, Juan Manuel Espinosa González, Hugo Melchor Nieto y Moisés Ricardo Garduño Rodríguez, no cuenta con la firma electrónica de quienes la promueven, equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, ya que para acceder a los servicios que presta el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación. Sin que en el caso la suscrita Juzgadora considere procedente prevenir a los quejosos en términos del precepto 114 18 de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley deAmparo. Consecuentemente, tal como se adelantó, en el caso, se desecha de plano la demanda de amparo al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 3, 5, 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquella no contiene firma electrónica de los directos quejosos, lo que se puede corroborar con la impresión de la demanda, al no contener el certificado digital expedido por la Unidad de Certificación.Por tanto, si la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por los quejosos, ni por la persona que promueve a su nombre, debe estimarse no existe instancia de parte agraviada, pues no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5,fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía medios electrónicos, ante la falta de firma electrónica de quien la promueve; irregularidad que no puede subsanarse a travésde la prevención que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, por tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. 20 Lo anteriormente expuesto, es acorde con lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la sesión ordinaria de siete de octubre de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de queja 122/2021 penal de su índice, por similares actos y quejoso. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. En congruencia con lo antes expuesto, y dado que en el caso que se analiza, no se advirtió la voluntad de promover juicio de amparo de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte, pues la demanda de amparo que dio origen a esteasunto carece de firma electrónica, es evidente que no existe parte quejosa, pues no hay quién haya acudido al juicio, de ahí que no deba reconocerse el carácter de quejosos a ninguno de los promoventes y, por ende, tampoco notificarles personalmente la presente determinación. Cabe desatacar que igual determinación adoptó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al resolver el recurso de queja 193/2021, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno; ejecutoria que se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital: 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial,respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferentede aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente"...M-I
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