Jose Othon Ramiro Hernandez Lima
Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jose Othon Ramiro Hernandez Lima
- Luis Gabriel Jop Corzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, signado por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 121/2022, del índice de este Juzgado, en el que se ordenó notificar a los quejosos el proveído de primero de marzo del año en curso; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente; acúsese recibo, por así haberse solicitado. Téngase por notificados a los quejosos Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello, el contenido del auto de primero de marzo de dos mil veintidós.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal y de los quejosos Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello; con el mismo se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el presente juicio se reclama el traslado de los quejosos Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello, del lugar donde se encuentran recluidos a otro Centro Penitenciario dentro y fuera de la Ciudad de México, así como la reubicación de dormitorios a diversos módulos o áreas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En un principio, cabe destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Ahora, respecto del acto consistente en el traslado de los quejosos Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello, del lugar en donde se encuentran recluidos a otro Centro Penitenciario dentro y fuera de la Ciudad de México, previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. III. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su capítulo V del título segundo, distingue tres tipos de traslados. 1. Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el juez y éste lo autoriza; 2. Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, 3. Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. A continuación se explica de manera separada esos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios, previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: a) La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. b) Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, con base en lo expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, los quejosos previo a acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al enterarse de la orden de traslado reclamada tenía la posibilidad de reclamarla ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Máxime, debe establecerse que respecto de los actos reclamados no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. XX. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Lo anterior es así, no obstante que el amparista aduzca de manera genérica que la orden de traslado impugnada carezca de fundamentación, así que como que arguya que esta produce violaciones directas a la constitución, en su perjuicio. Supuestos de excepción a la causal de improcedencia en estudio que no se configuran en el caso, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro de correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese sentido, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la Contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, se itera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Además, la impugnación de la orden reclamada, emitida por una autoridad administrativa, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Asimismo, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar todo hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución; lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial. Aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. Aunado a ello, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, se pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. En relación a que el acto reclamado consistente en cambio y/o reubicación de dormitorios a diversos módulos o áreas Este órgano de control Constitucional considera que en el caso, es improcedente el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, en términos de la misma causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la ley de la materia. En efecto, el precepto en comento como se anunció se desprende que la improcedencia del juicio de amparo indirecto deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto e indudable que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el acto reclamado se trata de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, en la medida que se hace consistir en la determinación por medio de la cual se ordena cambiar a los quejosos de estancia o dormitorio, por lo que es evidente que el acto del que se duele los quejosos se trata de una resolución de una autoridad administrativa, por lo que se colmaría el inciso a) referido. En cuanto a la hipótesis del inciso b), antes señalado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 107 al 122, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas". "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. [.] Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Artículo 119. Controversias sobre medidas de seguridad Las controversias sobre la modificación, extinción o cesación de las medidas de seguridad, se resolverán de acuerdo con las normas previstas en el Código para personas imputables con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Juez de Ejecución, para garantizar su derecho a la defensa. "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental". "Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño. Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario". "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto". Como se advierte de los dispositivos en comento, la Ley de Ejecución Penal Nacional prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Bajo ese panorama, resulta claro que si los quejosos reclama su cambio de dormitorio donde se encuentra actualmente, a diversos dormitorios en el que se encuentra el resto de población recluida en el mismo Centro Penitenciario de la Ciudad de México, es inconcuso que existe un procedimiento administrativo y controversia judicial prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pueden evitar la ejecución de dicho acto, los cuales deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Máxime que si con motivo de la interposición del procedimiento administrativo y controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede suspender y analizar la legalidad del acto en cuestión, tal proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface la tercera de las hipótesis antes precisadas. Por tanto, si los quejosos acuden a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra el cambio de dormitorio donde se encuentra actualmente, a diverso dormitorio donde se encuentra el resto de la población en el mismo Centro Penitenciario de la Ciudad de México, sin antes haber agotado el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, ni la controversia ante el Juez de Ejecución Penal, que constituyen los medios de defensa judicializados, eficaces e idóneos para resolver sobre las peticiones e inconformidades en relación con las condiciones de su reclusión, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. Así las cosas, al no agotarse el procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria y la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos fundamentales, respecto de los actos reclamados destacados. Sin que haya lugar a decretar la suspensión de plano que solicita el Defensor Público Federal adscrito, en atención a lo antes resuelto, aunado a que, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Monclova, quien conoció en primer término de la presente demanda de amparo, se pronunció respecto de la suspensión de plano solicitada por los directos quejosos, en relación a los actos reclamados en su demanda de amparo. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de los impetrantes del amparo, para los efectos legales conducentes. Ahora bien toda vez que los quejosos Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello, se encuentran en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a efecto que se constituya en el domicilio que ocupa la citada Penitenciaria de la Ciudad de México y les notifique el presente acuerdo. Atento a lo anterior y derivado del esquema de trabajo contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que atiende, entre otras cosas, a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, se comisiona a la secretario que asiste, a efecto de que por su conducto sea remitido el exhorto que se ordena, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual se autoriza que dicho funcionario firme electrónicamente el envío correspondiente. Solicítese al juez exhortado, que una vez diligenciado el exhorto, lo devuelva, a este órgano jurisdiccional. Finalmente, sin que haya lugar a autorizar como domicilio procesal para recibir notificaciones del citado defensor, el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, toda vez que dichos medios de comunicación no están previstos expresamente en la Ley de Amparo; no obstante, se tienen como medios de comunicación no procesal, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19); por lo que, las notificaciones personales para el citado defensor deberán realizarse en las oficinas de la Defensoría Pública Federal adscrita a este Juzgado, hasta en tanto no señale diverso domicilio para tal efecto.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto; el estado de autos, de los que se advierte que el licenciado Marco Antonio Mercado Monroy no ha desahogado la vista dada por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, y que a la fecha ha transcurrido en exceso el término concedido para ello; en consecuencia, a efecto de que el presente juicio de amparo no quede paralizado y a fin de resguardar los derechos de los impetrantes del amparo Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima y Enrique Mejía Bello, especialmente el pleno ejercicio de la defensa adecuada y potencializar en su caso, la efectividad real del juicio de amparo como recurso judicial efectivo y sencillo, requiérase al citado profesionista de nueva cuenta para que dentro del término de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, desahogué el requerimiento que le fue realizado en el proveído de uno de diciembre del año dos mil veintiuno. Apercíbasele que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley 1de Amparo, consistente en una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, sin perjuicio de seguir haciendo efectivos los demás medios de apremio establecidos en la ley y hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Delegada en Zacatecas, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, por el que en atención a la solicitud que le hizo este juzgado en el oficio 24292/2021, informa que designa como defensor de los quejosos **********, al licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, Defensor Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proporciones asesoría jurídica a los mencionados quejosos, asistiéndolos y representándolos en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en términos amplios del citado ordenamiento, al mencionado profesional, sin que en el caso resulte necesaria la aceptación del cargo conferido, por no exigirlo dicho precepto legal. Considerando que los quejosos *****, se encuentran recluidos en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, el licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, deberá ponerse en contacto con dichos quejosos para los efectos que fue designado -les proporcione asistencia jurídica y los represente en el presente juicio de amparo-, debiendo acreditar dicha circunstancia ante este órgano jurisdiccional dentro del término de quince días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, consistente en una multa por cincuenta unidades de medida y actualización. Ahora, dado que los quejosos desahogaron la vista dada en el acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno y ratificaron el escrito de demanda y de igual manera se asentó la manifestación en el sentido que solicitaron un asesor jurídico para el desahogo de las prevenciones que en el referido acuerdo les fueron hechas; por ende, atendiendo a que se ha designado como autorizado de los quejosos en este juicio al defensor público federal Marco Antonio Mercado Monroy, notifíquesele lo anterior, para que el tiempo que se ha fijado de quince días, se imponga de los presentes autos y lleve a cabo los actos necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de los quejosos; al efecto, al momento de la notificación del presente auto, córrasele traslado con copia simple del escrito de demanda con que se formó este expediente, así como del acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, con la finalidad de que de cumplimiento con las prevenciones que se hicieron en el mencionado acuerdo; además, si lo considera necesario, amplíe el escrito inicial de demanda, respecto de los mencionados quejosos, considerando que en cuanto a éstos, no se advierten conceptos de violación tendentes a combatir los actos reclamados; ello independientemente de la suplencia en la deficiencia de la queja que establece el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En el entendido que de no desahogar la vista en el término indicado, con independencia de comunicarlo a su superior jerárquico, se continuará con el trámite del escrito de demanda, sin considerar como responsables a aquéllas autoridades y actos que son motivo de prevención en el mencionado acuerdo. Toda vez que es un hecho notorio que el licenciado Marco Antonio Mercado Monroy, se encuentra adscrito a este órgano jurisdiccional, practíquensele las notificaciones personales, en las oficinas de la Defensoría Pública Federal adscrita a este Juzgado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene señalando los números telefónicos y el correo electrónico que cita el oficio de cuenta, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).
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