José Othón Ramiro Hernández Lima
Expediente 1603/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Othón Ramiro Hernández Lima
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, de cuya lectura se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 38 de la Ley, dicho homologo federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro y Cristian Eduardo Nava Verde, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de otras autoridades, radicada en ese Juzgado con el número de juicio de amparo 1069/2022-I. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y regístrese el asunto con el número de juicio 1603/2022-IV-8. Acúsese recibo. SUSPENSION DE PLANO Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, en razón a que la autoridad declinante ya proveyó lo correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como actos destacados: Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa no se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, ni reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refieren dichos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Luego, por lo que respecta a dichos actos precisados como orden de traslado y la reubicación de dormitorio estancia, módulo o área otro diverso, la parte quejosa los estima como aquellos que ponen en peligro la vida, salud e integridad física y dignidad personal y psicoemocional; sin embargo, no relata dato u hecho alguno que permita calificar aunque sea indiciariamente que esos actos o sus consecuencias pudieran poner en riesgo los derechos que aduce; en consecuencia, dado que esos actos por su naturaleza no encuadran dentro de algunos de los actos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ni se trata de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, cabe destacar que de conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la orden de traslado reclamada se trata de una de una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal que incluso, su análisis puede ser realizado posteriormente a la ejecución material del traslado en determinados casos de naturaleza urgente. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian y en particular respecto de la orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro. De manera que, conforme al artículo 117, fracción 111, de la citada legislación, cuando una persona privada de la libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, procede el recurso que se denomina "controversia judicial", de la cual conocerá el juez de control de ejecución a fin de que sea el juez de control o de ejecución quien resuelva respecto de la posible afectación de sus derechos fundamentales. Por lo que, de resultar desfavorable la determinación que se dicte en la controversia judicial la persona privada de libertad podrá interponer el recurso de apelación en su contra, esto de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento legal. En conclusión, se estima que si la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren las personas privadas de la libertad les agravian y en particular, respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el Juez y en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia Judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional debe impugnar la orden de traslado ante el juez de ejecución penal. Aunado que, en términos del precepto 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la controversia judicial prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión de oficio o a petición de parte de la orden de traslado, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización Judicial previa y ésta no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial e incluso de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Así, se concluye que dichos actos no se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; pues los directos quejosos no están incomunicados, además, se itera que tampoco reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refiere la promovente que los directos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Es pertinente puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Ello porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal. De ahí que, se estima que los actos reclamados no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, a fin de determinar que la demanda de amparo sea de tramitación urgente, supuesto que en el caso no se actualiza. En efecto, la circunstancia de que la parte reclame entre otros los actos que hace consistir en: Intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos, omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos, encubrimiento de tales actos, obsoleto reglamento de reclusorios, audiencia de comité técnico, actos molestia, omisión de alerta sísmica e inscripción como víctimas de tortura, sin embargo, tales actos por su naturaleza no se trata de alguno de los diversos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco la mención expresa y destacada de que reclaman "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo", pues los quejosos de ninguna manera manifestaron en su demanda de amparo algún hecho o acto en particular que por sí solo pudiera crear convicción en el suscrito juzgador de que se ésta ante la presencia de alguno de dichos actos, y tal como se dijo al inicio es el Juez de Distrito quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Opinar en contrario equivaldría a estimar que bastaría que un quejoso señalara en una demanda de cualquier tipo, que reclama "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo"; para que el juez estuviera obligado a dar trámite inmediato a la demanda de amparo no obstante que del citado escrito no se advierta la existencia de tales actos a excepción de dicha mención. Lo anterior se sostiene, porque de la lectura de la demanda no se evidencia ni aun indiciariamente que tales actos ni sus consecuencias, se llevaron a cabo contra los directos quejosos. En mérito de lo expuesto, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, este Juzgador considera que debe desecharse la misma por las razones que enseguida se exponen. Para justificar tal determinación, es necesario analizar lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Conforme a esos lineamientos, a criterio de este quien aquí juzga, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 3, 5 y 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, deberán utilizar la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque, a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla, lo que al mismo tiempo, en caso de ausencia, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Asimismo, se destaca que del contenido de los artículos 45 y 52, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo [lo que en el caso no acontece como se explicó], es necesario que el promovente ingrese al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 16 del citado Acuerdo General, o bien, con su firma electrónica vigente. Además, deberá ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizando el formato predeterminado o llenará el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, y finalmente, agregará su firma electrónica vigente, capturando un código de seguridad a efecto de enviar su demanda. Ahora, en el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte en forma patente y absolutamente clara (manifiesto) que la demanda se presentó vía electrónica y no cuenta con firma electrónica o evidencia criptográfica de los promoventes, así como que tampoco se ubica en el supuesto normativo contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción (indudable) que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque, ante la falta de firma de los directos quejosos, el suscrito no advierte la manifestación de su voluntad para instar el presente juicio, ya que, como se ha precisado, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 de la ley de la materia, dispone que la Firma Electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, pues, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese sentido, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de los promoventes no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que hubiera sido materia de aclaración, pues de considerarlo así, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Máxime, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por el interesado, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, pues, al carecer de firmas la demanda, es claro que los promoventes no manifiestan su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora, si como en el caso, la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma; formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Por ello, al no constar la voluntad de los agraviados de solicitar la protección de la Justicia Federal, tiene que concluirse que, si la demanda fue presentada sin firma, no se presupone el interés de los agraviados de motivar al órgano jurisdiccional. Por tanto, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de los directamente quejosos para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa, lo que conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercido. Consecuentemente, dado que los actos reclamados no se ubican entre los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y ante la falta de firma electrónica de los directos quejosos, es que no existe la manifestación de su voluntad para instar el presente asunto, por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3°, 5° y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo antes expuesto, y dado que en el caso que se analiza, no se advirtió la voluntad de promover juicio de amparo de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte, pues la demanda de amparo que dio origen a este asunto carece de firma electrónica, es evidente que no existe parte quejosa, pues no hay quien haya acudido al juicio, de ahí que no deba reconocerse el carácter de quejosos a ninguno de los promoventes y, por ende, tampoco notificarles personalmente la presente notificación. Cabe destacar que igual determinación adoptó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al resolver el recurso de queja 193/2021, en sesión de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, ejecutoria que se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 123, 124, 125 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 25, 26 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, nueve de mayo de dos mil dieciséis y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente electrónico.
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