José Othón Castillo Amaro
Expediente 97/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Othón Castillo Amaro
- Ayuntamiento de Acoxochitlan, Hidalgo
- David Lara Hernández
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal mediante ejecutoria dictada en el presente asunto, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 17, fracción I, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, evidenciar el exceso o defecto en su cumplimiento, habiéndolo hecho el quejoso José Othon Castillo Amaro, a través de su apoderado legal Juan Manuel Rodríguez Doniz. En esas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre si en este asunto se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito, si existe exceso o defecto en su cumplimiento o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 9/2016 (10a.), visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Ahora bien, en la ejecutoria dictada en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, José Othon Castillo Amaro y/o José Oton Castillo Amaro, en los siguientes términos: "(.) En tales condiciones, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó José Oton Castillo Amaro, a través de su apoderado Juan Manuel Rodríguez Doniz, para que la autoridad responsable, Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro, en el que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria: a) Resuelva congruentemente, lo relativo a la antigüedad general de empresa que finalmente se logró acreditar en el juicio laboral. b) Se abstenga de considerar que, para la procedencia del conflicto de preferencia de derechos, debió precisarse quien ocupaba la última plaza cuestionada por el actor. (.)" En acatamiento a lo anterior, la Junta responsable, remitió el oficio JE51-AD1076/2023, al que anexó copia certificada del nuevo laudo dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 681/2011. Sin embargo, mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, el Presidente de este Órgano Colegiado determinó que existían defectos que debían subsanarse, por lo que requirió a la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, la autoridad responsable, remitió el oficio JE51-AD/1769/2023, al que anexó copia certificada del nuevo laudo dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 681/2011. Así, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y una vez analizadas las constancias que integran este cuaderno de amparo, se estima, no existe exceso en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; pues de su lectura se advierte, dejó insubsistente el laudo reclamado y emitió otro en el que, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de mérito, resolvió lo relativo a la antigüedad general de empresa que se acreditó en el juicio laboral; y, se abstuvo de considerar que, para la procedencia del conflicto de preferencia de derechos, debía precisarse quién ocupaba la última plaza cuestionada por el actor; sin que tampoco se advierta defecto en dicho cumplimiento, al haber observado la responsable, todos los puntos que se le ordenaron en la concesión del amparo. Ahora bien, en relación a las manifestaciones que realizara el quejoso José Othon Castillo Amaro y/o José Oton Castillo Amaro, a través de su representante legal, debe decirse son infundadas, veamos por qué: En ellas se arguye que la responsable, omitió precisar de manera fundada y motivada, el por qué con el convenio administrativo aludido y recibo de finiquito DP-1-VMRC-0278/92, al actor únicamente se le reconoce un día de antigüedad; sobre todo porque en la ejecutoria de mérito, no se le dio la indicación de suprimir la antigüedad del actor, sino sólo de fijarla de manera fundada y motivada. Sin embargo, contrario a lo alegado, en la ejecutoria emitida en el D.L. 100/2022, se consideró, en relación con el convenio administrativo sindical número DP-1-VMRC-0339/92, lo siguiente: Aunado a lo anterior, sostienen en sus motivos de queja, que aun y cuando no fue demandada la nulidad, la Junta responsable debió considerar que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que, con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral. Agregando, que acreditaron que el actor laboró un total de 12 (doce) años 214 (doscientos catorce) días, como trabajador transitorio, del periodo comprendido del quince de octubre de mil novecientos setenta y siete, al veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, con las documentales ofrecidas en el punto II-D y la inspección identificada con el número 14, por lo que no podían acreditar hechos negativos, por ende, la autoridad responsable debió declarar procedente la excepción de prescripción opuesta en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; máxime, que con el finiquito se redujo a cero la antigüedad. Tales argumentos son fundados. En efecto, las documentales consistentes en el convenio administrativo sindical número DP-1-VMRC-0339/92 de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos y recibo de pago por finiquito DP-1-VMRC-0278/92 a favor de José Oton Castillo Amaro, demuestran que el actor en el juico laboral, celebró convenio y aceptó una cantidad como trabajador transitorio por concepto de liquidación finiquita, no reservándose ninguna acción presente ni futura por ese concepto, generando hasta esa data una antigüedad de 12 (doce) años 214 (doscientos catorce) días. Así, al recibir su liquidación, tal como se precisó en la contestación de la demanda por parte de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, el actor perdió la antigüedad que había generado como trabajador transitorio sindicalizado en la empresa demandada, pues así lo dispone la cláusula 14 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vigente en el bienio del uno de agosto de mil novecientos noventa y uno, al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres, la cual establece: "Cláusula 14. Los trabajadores sindicalizados sólo perderán su antigüedad cuando a cambio de ella, hayan recibido la indemnización correspondiente.". Y si bien, dichas documentales, fueron objetadas por el actor en el procedimiento laboral, en cuanto a su contenido y firma, también lo es que ello no pude entrañar una verdadera objeción, pues en todo caso, debió precisar qué parte de su contenido consideraba no era creíble, o si redargüía de falsa la firma plasmada por él mismo; sin que hubiese ofrecido prueba alguna en particular que desvirtuara esa situación y por tanto el documento; de ahí también fue incorrecto que al mismo se le demeritar el valor probatorio que le correspondía. Sin que obste a lo anterior, la consideración de la Junta, en cuanto a que tampoco era dable otorgarle valor a esos documentos, porque en la inspección relativa a sus cotejos (foja 461), aún y cuando había resultado positivo, el mismo se había realizado sobre una copia; pues la actuaria judicial no precisó si la misma era copia al carbón u otra copia simple o fotostática; pues la primera es una reproducción directa del documento original a través de un papel carbón, que contiene la manifestación de voluntad plasmada por sus suscriptores, aceptando con su firma su contenido; y las dos últimas resultan ser representaciones fotográficas de un documento que se obtiene mediante métodos técnicos y científicos. Entonces, tanto al convenio administrativo sindical número DP-1-VMRC-0339/92 de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos y recibo de pago por finiquito DP-1-VMRC-0278/92 a favor de José Oton Castillo Amaro, contrario a lo que se estimó en el laudo ahora reclamado, sí tienen valor probatorio para demostrar que al actor, el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, en donde se le liquidó una antigüedad de 12 (doce) años 214 (doscientos catorce) días; sobe todo, porque tampoco se logró acreditar que en diverso juicio se haya declarado su nulidad. Es así, pues en el caso, la demanda se presentó el tres de mayo de dos mil once, por lo tanto, son aplicables las jurisprudencias de la fecha en que se celebró dicho convenio, siguientes: "CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO. Si bien el convenio a que alude el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo produce los mismos efectos jurídicos que un laudo, en tanto pone fin al conflicto, de la interpretación de la mencionada disposición legal en relación con los artículos 837, fracción III, 838 a 842 de la propia legislación, se advierte que el convenio y el laudo son actos jurídicos distintos, pues el primero consiste en un acuerdo de las partes celebrado por escrito en el juicio laboral para dar por terminado el conflicto, el cual debe aprobarlo la Junta, quien actúa como simple sancionadora de la voluntad de aquéllas, sin que valore pruebas ni decida sobre la litis planteada; mientras que el segundo es un acto jurisdiccional que decide el fondo de la controversia mediante la valoración de pruebas y apreciación de los hechos. En ese sentido, se concluye que el medio apto para promover la nulidad del convenio referido, cuando alguna de las partes estime que contiene renuncia de derechos de los trabajadores o que adolece de algún vicio de validez en términos del artículo 33 de la ley indicada, es un nuevo juicio ante la Junta que conoció y aprobó el acuerdo, pues conforme a los numerales 604 y 621 de la citada normatividad corresponde a las Juntas Locales o a la Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones, supuesto en el que encuadra la controversia referida.". "TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la causa de terminación de la relación laboral prevista en el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el mutuo consentimiento de las partes, es el acuerdo de voluntades de las partes trabajadora y patronal libremente expresado, es decir, sin coacción alguna, para extinguir o dar por terminado el contrato o relación de trabajo, ya sea por tiempo fijo o indeterminado. No obstante, el precepto citado debe interpretarse en forma relacionada con el diverso numeral 33 de la propia Ley, en el sentido de que la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento no implica que el trabajador esté imposibilitado para solicitar la nulidad del convenio celebrado con el patrón, por concepto de finiquito o liquidación, si considera que en él existe renuncia a sus derechos, independientemente de que el propio convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, en razón de que la causal de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, en sí misma considerada, si bien es cierto que tiene por efecto concluir por acuerdo de voluntades el contrato de trabajo, también lo es que ello no implica renunciar a los derechos o prestaciones devengados o que propiamente deriven de los servicios prestados, así como los que, en su caso, se hayan pactado en el contrato individual o colectivo para el caso de terminación de la relación laboral, pues el referido artículo 33, al estar inserto en el capítulo de las disposiciones generales del título relativo a las relaciones individuales de trabajo y contener el principio de irrenunciabilidad en los convenios o liquidaciones que impera en el derecho del trabajo, debe considerarse aplicable para los casos en que termine la relación de trabajo por mutuo consentimiento, ya que no hace distinción alguna en ese sentido. Por los motivos anteriores, la Segunda Sala se aparta de las razones expuestas en la tesis de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 55, Quinta Parte, página 15, con el rubro: "CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN LABORAL. EFECTOS." "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme al artículo 876, fracción III, del citado ordenamiento, las partes en un conflicto pueden celebrar un convenio que, una vez autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, producirá todos los efectos inherentes a un laudo, por lo que la existencia de ese convenio pone de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un arreglo sobre sus respectivas pretensiones, de manera que mientras no se declare su nulidad, lo plasmado en él debe estimarse ajustado a la realidad. En consecuencia, si el trabajador considera que el reconocimiento de la antigüedad en el convenio respectivo es incorrecto, deberá promover su nulidad, acción que tendrá que ejercer dentro del plazo de un año, ya que de lo contrario aquélla prescribirá conforme a la regla general prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo antes expuesto, es importante señalar que si en el mencionado convenio se precisa la antigüedad del trabajador, esta declaratoria autorizada por la Junta correspondiente surte sus efectos en el mundo jurídico mientras no se declare su nulidad, de manera que no es válido, ni procedente que el trabajador intente promover, por separado y con posterioridad, la acción de reconocimiento de antigüedad, pues además de que ello podría dar lugar a una resolución en la que se reconociera una antigüedad distinta, lo que estaría en contradicción con lo plasmado en el referido acuerdo de voluntades, implicaría admitir la posibilidad de que dicho trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso años después, de lo establecido en el convenio aludido, en el cual expresó su voluntad, evento que, por una parte, afectaría la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturalizaría dicho convenio, cuya existencia implica la sujeción a un procedimiento establecido en la ley, particularmente la referida fracción III del artículo 876, así como la certeza de que los suscriptores del convenio, específicamente el trabajador, han manifestado su voluntad y, por ende, tienen cabal conocimiento de los términos pactados, con lo cual se garantiza su derecho de defensa en caso de inconformidad." Las jurisprudencias invocadas son aplicables, pues la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las abandonó, dejando de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes trece de abril de dos mil quince. JURISPRUDENCIA 2a./J. 17/2015 (10a.) (*), DE RUBRO: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).". ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN. En la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el convenio laboral resulta vinculante para las partes, por lo que si posteriormente el trabajador hace valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral, dicha acción resulta improcedente. Sin embargo, en atención al artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, la tesis jurisprudencial referida sólo es vinculante para los juicios promovidos a partir del 13 de abril de 2015, lunes hábil siguiente a la fecha en la que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Así, en los casos tramitados con anterioridad a esa fecha, debe considerarse que los actores ya habían ejercido el derecho para demandar la nulidad del convenio, lo cual resultaba procedente en atención a los criterios abandonados por la jurisprudencia aludida." En consecuencia, si el trabajador hubiera considerado que el reconocimiento de la antigüedad en el convenio respectivo era incorrecto, debió promover su nulidad, acción que tuvo que ejercer dentro del plazo de un año, ya que de lo contrario prescribió conforme a la regla general prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; y al no haberlo considerado así la responsable, el laudo reclamado es violatorio de las garantías de fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 Constituciones. Argumentos que retomó la responsable, precisamente porque sí se le otorgaron lineamientos, respecto de ese particular tópico. Además el día que finalmente se le reconoció como antigüedad al trabajador, no fue con motivo de ese convenio, sino porque en el diverso D.L. 97/2022, al quejoso se le concedió el amparo, para ese particular efecto, ateniendo a la prueba documental por él ofrecida, consistente en la tarjeta de trabajo 92222023. De ahí que sus alegatos resulten infundados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 627, registro digital 2007970, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de Juan Manuel Rodríguez Doniz, apoderado legal del quejoso José Othon Castillo Amaro, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso, realizando las manifestaciones que indica, con lo cual, desahoga la vista otorgada por auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Luego, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió del treinta y uno de agosto al trece de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, siendo inhábiles en ese lapso los días dos, tres, nueve y diez de los corrientes, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a través del cual informa sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente asunto, para lo que remite copia certificada del laudo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dejándose copia del referido laudo en la secretaria de acuerdos de este órgano federal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hecho lo anterior, díctese el acuerdo correspondiente Notifíquese.
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