José Oswaldo Cortes Cisneros

Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
939/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • José Oswaldo Cortes Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido en proveído de quince de febrero actual, a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. En ese sentido, la parte quejosa solicitó el amparo contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, de quien reclamó la inactividad en el expediente 843/2015, al no dar continuidad para lograr el desahogo de las pruebas admitidas y que se encuentran pendientes de culminar su preparación, específicamente las consistentes en: a) la testimonial de la parte actora con cargo a Guadalupe Castro Vinalay, Adriana Elizabeth Castrejón Agatón, Ricardo Alcaraz Ramos yMa. Estela Suástegui Díaz; b) la inspección ocular ofrecida bajo el apartado 5 del escrito de pruebas; c) el cotejo y compulsa de la documental marcada con el número 5, ofrecida por la parte demandada, y d) latestimonial con cargo a Marcos Damián Carbajal, Martín Castañeda Velázquez y Leonardo Fructuoso Delgado Santibáñez. En la ejecutoria, materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "Cumplan con la función que le encomienda la Ley Federal del Trabajo y, al efecto, lleven a cabo las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de prueba consistentes en a) la testimonial de la parte actora con cargo a Guadalupe Castro Vinalay, Adriana Elizabeth Castrejón Agatón, Ricardo Alcaraz Ramos y Ma. Estela Suástegui Díaz; b) la inspección ocular ofrecida bajo el apartado 5 del escrito de pruebas; c) el cotejo y compulsa de la documental marcada con el número 5, ofrecida por la parte demandada, y d) la testimonial con cargo a Marcos Damián Carbajal, Martín Castañeda Velázquez y Leonardo Fructuoso Delgado Santibáñez. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procedimental, no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo. O bien, en caso de haberse desahogado remita copia certificada de la constancias con las que así lo acredite". En cumplimiento a la ejecutoria federal que nos ocupa, previos requerimientos, mediante oficio 637 de treinta y uno de enero del año en curso, recibido en este juzgado en la misma data, el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copia de diversas documentales del juicio natural, entre las que destaca el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por recibido el escrito del apoderado legal de la parte actora y se le tuvo por desistido en su perjuicio de la prueba de inspección ofrecida en el numeral 5 del escrito de pruebas; diligencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la imposibilidad de la Actuaria adscrita para llegar a cabo la diligencia de cotejo y compulsa ofertada por la parte demandada en su escrito de ofrecimiento de pruebas, bajo el apartado 5 y proveído once de enero de dos mil veintitrés en el que se tuvo al apoderado de la demandada por desistido de la prueba testimonial con cargo a Leonardo Fructuoso Delgado Santibañez, Marcos Damián Carbajal y Martín Castañeda Velázquez. Y por oficio 1045, recibido el catorce de febrero actual, en ausencia del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el Secretario General, remitió copia certificada del proveído de diez de febrero del año en curso, emitido en el expediente laboral 843/2015 de su índice, en el que se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a Guadalupe Castro Vinalay, Adriana Elizabeth Castrejón Agatón, Ricardo Alcaraz Ramos y Ma. Estela Suástegui Díaz; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Constancias con las cuales se dio vista a las partes mediante proveído de quince de febrero actual, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado procedería a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido o no, sin que ninguno lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, esto es, dictó las medidas para obtener el desahogo de las pruebas testimoniales, inspección judicial y la de cotejo y compulsa, ofertadas por las partes en el juicio laboral 843/2015 de su índice, las cuales si bien no se desahogaron, en razón de que, con excepción de la última que no se desahogó, desistieron de las mismas, surgiendo así durante la secuela procesal, una situación que impidió su desahogo, por lo que se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado en ausencia del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el Secretario General, mediante el cual remite copia certificada del proveído de diez de febrero del año en curso, emitido en el expediente laboral 843/2015 de su índice, en el que se declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a *******. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia y anexos córrase traslado y con su contenido dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que les surta efectos legales la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido ese plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora emitida en este juicio de amparo, remite copia certificada de actuaciones practicadas en el juicio laboral 843/2015 de su índice, e informa que se fijaron las diez horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En virtud de lo anterior, gírese oficio al Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de veinticuatro horas siguientes al en que tenga verificativo la prueba testimonial, señalada para las diez horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 843/2015 de su índice, remita a este juzgado copia certificada del resultado de la misma, o bien, del impedimento legal que tuvo para hacerlo. En el entendido que de no hacerlo así en el plazo indicado, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de diecinueve de diciembre pasado, notificado mediante oficio 37612/2022, el nueve de enero siguiente. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atento a la certificación secretarial de cuenta y al estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a José Oswaldo Cortés Cisneros, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "Cumplan con la función que le encomienda la Ley Federal del Trabajo y, al efecto, lleven a cabo las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de prueba consistentes en a) la testimonial de la parte actora con cargo a Guadalupe Castro Vinalay, Adriana Elizabeth Castrejón Agatón, Ricardo Alcaraz Ramos y Ma. Estela Suástegui Díaz; b) la inspección ocular ofrecida bajo el apartado 5 del escrito de pruebas; c) el cotejo y compulsa de la documental marcada con el número 5, ofrecida por la parte demandada, y d) la testimonial con cargo a Marcos Damián Carbajal, Martín Castañeda Velázquez y Leonardo Fructuoso Delgado Santibáñez. Lo anterior, siempre y cuando durante la secuela procedimental, no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo. O bien, en caso de haberse desahogado remita copia certificada de la constancias con las que así lo acredite". Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de VEINTE DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro de dicho plazo de VEINTE DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este proveído, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibida que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sin que sea el caso requerir a alguna otra autoridad, como superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos de la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Alberto Lara Gaona, Secretario que autoriza. Doy fe.

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