Jose Osvaldo Peña Juarez
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Osvaldo Peña Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente y su defensor interpusieran recurso de queja en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte promovente y a su defensor -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y anexo que acompaña; en su atención, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el despacho 264/2021 (orden 340/2021), del índice de este juzgado, mediante el cual, se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente al promovente José Osvaldo Peña Juárez, el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, téngase a la citada parte promovente por notificada, para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase.
- Principal
25-06-2021 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el dieciocho de junio pasado, se ordenó dar vista al defensor público José Manuel Adolfo Cano González, con el escrito del quejoso José Osvaldo Peña Juárez, por medio del cual este último dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló el siete de junio pasado y, se reservó acordar tal ocurso hasta en tanto transcurriera el término de cinco días concedido a dicho profesionista. En ese sentido, toda vez que ya obra en autos el acuse del oficio 229 de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, por el cual se dio vista a José Manuel Adolfo Cano González, Defensor Público del quejoso José Osvaldo Peña Juárez, y ha transcurrido el término de cinco días concedido en auto de siete de junio de dos mil veintiuno para que dieran cumplimiento a la prevención formulada en autos, provéase la demanda y el escrito aclaratorio presentados por el quejoso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito por el cual el quejoso aclaró su demanda de amparo, se advierte que señaló como acto reclamado al 1. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el consiste en: ".Con fecha 23 de abril del año en curso, a través del área laboral de esta institución se hizo llegar un escrito ante la empresa Confecciones Alberts." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber tramitado los recursos ordinarios de defensa (petición administrativa) previstos en los artículos 107 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre la causal de improcedencia destacada, el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ; (.)." De la lectura del precepto que antecede, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ahora, por lo que se refiere a los actos de autoridad relativos a las condiciones de internamiento en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, que hace consistir el quejoso en la omisión por parte del Director de dicho centro penitenciario, para dar trámite al escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para que por su conducto fuera entregado a la persona moral "Confecciones Alber"; la parte quejosa debió combatirlos a través del mecanismo de defensa previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, siguiendo los lineamientos establecidos en los diversos numerales 109, 110, 114, y 115, que disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De los preceptos legales destacados, se advierte que los internos cuentan con el derecho de dirigir por escrito, peticiones administrativas al Director del Centro de Reclusión en que se encuentren, sin formalidad alguna, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales debe resolver dicha autoridad penitenciaria en un término de cinco días contados a partir de la admisión de aquélla y notificarla en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida determinación; asimismo, para el caso que no fuera atendida dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juzgador y demandar esa omisión, hecho lo anterior, dicha potestad resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, inclusive el Juez de Ejecución puede suspender de inmediato, los hechos o actos que motivaron la solicitud, en casos urgentes. Ahora, en el caso concreto, la parte aquí quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la omisión por parte del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de dar trámite al escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de entregar tal ocurso a la persona moral "Confecciones Alber", situación que forma parte de las condiciones de internamiento en dicho centro penitenciario, pues la omisión reclamada afecta directamente las condiciones laborales que forman parte de una vida digna y segura de las personas que se encuentran privadas de su libertad. De ahí, que acorde a lo dispuesto por los artículos 107 y 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de los reclusos, la parte solicitante de amparo tiene a su alcance los mecanismos de control previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (peticiones administrativas), por lo que, la parte aquí quejosa, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el Director del Centro de Reclusión a formular la mencionada petición administrativa, cuya tramitación incluso no requiere de alguna formalidad específica lo que permite que su tramitación sea expedita, pues incluso los términos establecidos en la legislación mencionada para resolver resultan breves, además, que los hechos o actos que motivaron tal petición, son susceptibles de suspenderse de oficio y de inmediato; de ahí, que al no hacer valer la parte quejosa, ese recurso ordinario de defensa, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose así también la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ilustra dicha consideración, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De igual manera, sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro y texto: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de dicha ley, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a José Osvaldo Peña Juárez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, así como el número de expediente -juicio de amparo 534/2021; d) Notifique a José Osvaldo Peña Juárez, el contenido íntegro del presente acuerdo; e) Le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no, recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente -vía despacho- y al defensor público, por conducto de la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y anexo que acompaña; en su atención, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el despacho 236/2021 (orden 303/2021), del índice de este juzgado, mediante el cual, se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente al promovente ******************** el proveído de siete de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, téngase a la citada parte promovente por notificada, para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase.
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