José Osorio Martínez
Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Osorio Martínez
- José Osorio Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Osorio Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 251/2017-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Al respecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que impone desecharla de plano. Para arribar a esta determinación debemos establecer que el artículo 113, de la Ley de Amparo, específica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda de amparo promovida ante él. Resulta aplicable al presente el criterio contenido en la jurisprudencia consultable en la página mil seiscientos treinta y uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La notificación realizada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, correspondiente a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio hipotecario 141/2016. El acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere a la parte quejosa el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en el citado juicio hipotecario. Precisado lo anterior, por cuestión de técnica y para un mejor estudio del asunto, resulta necesario analizar por separados los actos reclamados. Así, respecto de la notificación de la sentencia que reclama el quejoso, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del anterior precepto legal se colige, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento judicial, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocada o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, sin que en la especie se actualice alguna causa de excepción, y enseguida se precisan dos excepciones a tal regla, mismas que no tienen aplicación en la especie. El primero se trata del caso de los terceros extraños a juicio y el segundo, los relativos a la materia penal, hipótesis en las que no se encuentra la parte quejosa, ya que el acto reclamado deriva de una controversia civil (juicio hipotecario) en la cual es la parte demandada, sin que se ostente como tercero extraño a juicio por equiparación, además de que se afectan los intereses de algún menor. En este sentido, el quejoso deberá cerciorarse antes de solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, que se han agotado todos los medios ordinarios de impugnación o defensa que prevé la ley secundaria de la cual deriva el acto reclamado, ya que mediante su intento se puede modificar, revocar o nulificar dicho acto; de no hacerlo así, el juicio de amparo instaurado deberá declararse improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que se pretende que el juicio de amparo sea la instancia final que permita la invalidación de actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales, toda vez que constituye un medio extraordinario de defensa y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el principio de definitividad que hemos mencionado, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. De ahí que, como el amparo es un juicio extraordinario, es innegable que a él pueda acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sirve de ilustración en lo conducente la jurisprudencia VI.2º.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil ochocientos dieciséis del tomo XXIII, correspondiente a marzo de dos mil seis, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En estas condiciones, con la finalidad de demostrar la improcedencia anunciada, es necesario precisar, que la notificación de la sentencia de primera instancia que se reclama en esta instancia constitucional, no es definitiva, pues puede ser nulificada a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, por lo que se debió promover con anterioridad a la presentación del presente juicio de garantías, para que la autoridad responsable se pronunciara al respecto. De la interpretación de los citados numerales se observa que las notificaciones que se consideren que se realizaron contrario a lo establecido en la legislación procesal en cita, podrán ser nulificadas por quien las dictó, a través del incidente de nulidad de notificaciones. Asimismo, se establece que la nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte que le perjudique en el primer escrito o actuación que intervenga, a partir de la notificación que se estime nula. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia del juicio de origen, realizada a la quejosa el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Por otro lado, en lo atinente al diverso acto reclamado consistente en: El acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere a la parte quejosa el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en el juicio hipotecario de origen. De igual manera es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento, éste último aplicado en sentido contrario. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de acuerdo con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas en el período de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso como en el caso es los proveídos que niegan la solicitud del quejoso. Asimismo, el juicio de amparo no procede contra actos dictados después de concluido el juicio, en la fase de complimiento voluntario de la sentencia, dado que no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Ello es así, pues si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, no menos cierto es que la procedencia o improcedencia del juicio biinstancial contra actos dictados después de concluido el juicio y que correspondan a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de ejecución forzosa de la sentencia, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Es de aplicarse la jurisprudencia 1.a/J.28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, Materia Civil, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así, en el particular, se advierte que en el juicio natural ya existe cosa juzgada, ello, toda vez que la parte quejosa en los antecedentes del acto reclamado manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia de primera instancia en el juicio de origen; aunado a ello, cabe destacar que en el proveído que se reclama, se requirió a la quejosa el complimiento voluntario de la sentencia dictado en el juicio hipotecario 141/2016. Actuación que no puede considerase como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues en la misma se realizan actos encaminados a preparar la ejecución de la sentencia, los cuales no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De ahí que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución del juicio hipotecario de origen, cuando el quejoso, una vez agotado el principio de definitividad, podrá impugnar la resolución en la que se le requiere el cumplimiento voluntario de la sentencia. Sin que en el particular, se este ante algún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en etapa de ejecución; toda vez que el acto reclamado en estudio (auto de requerimiento de cumplimiento voluntario de la sentencia) no es ajenos a la cosa juzgada, por el contrario son una consecuencia directa de la sentencia dictada en el juicio de origen, en atención a que a través de aquél se prepara la ejecución de la sentencia, la cual inevitablemente debe consumarse. En tal virtud, respecto proveído a través de cual se requiere a la parte quejosa el cumplimiento voluntario de la sentencia de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia ley, éste último aplicado en sentido contrario. Consecuentemente, al actualizarse las invocadas causas de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de garantías, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Téngase como domicilio del quejoso para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado con efectos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ramón González Hernández y Sergio Navarro Morales, quienes no tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales.
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