Jose Oscar Rosas Ortiz

Expediente 3408/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3408/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Oscar Rosas Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, en consecuencia, se declara que dicha determinación, ha quedado firme. Archivo del asunto Háganse las anotaciones respectivas y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, y se concedió la protección de la justicia Federal y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años que establece dicho artículo. Cuadernos incidentales Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que prevé dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general en cita, se determina que es conservable, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. Asimismo, atento a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que trascurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "(...) NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: prima vacacional, recompensa anual por antigüedad, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda de alimentos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, prótesis dental, beca al desempeño académico, ayuda de transporte, ayuda para gastos de defunción, ayuda para encuadernación de tesis, compensación especial de fin de año y estímulo al trabajador de fin de año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.) La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. (.)" En atención a lo determinado por el tribunal colegiado, por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, se requirió a director general, secretario administrativo y subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), dieran cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia, la autoridad manifestó mediante oficio registrado con folio 9879 recibido el veintiuno de junio de este año, que por diverso 5429 recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, al que acompañó el diverso ***** así como el oficio con registro 2957 recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, de los que se advierte lo siguiente: Que a partir de la primera quincena de septiembre de dos mil veinte, no se aplica ningún descuento al quejoso con motivo de la suspensión concedida en este juicio Que en relación con las quincenas uno a veinticuatro de dos mil diecinueve y uno a dieciséis de dos mil veinte, realizó las gestiones para devolver al quejoso las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018, por la cantidad de *****. También remitió copia simple de la nómina de contingencia y del cheque *****, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por la cantidad de *****, así como el original del acta administrativa circunstanciada de cumplimiento de juicio de amparo de doce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se hace entrega del título de crédito en comento, las cuales cuentan con firma y huella digital del quejoso, emitidos por la representante legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Asimismo, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo anterior, en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se otorgó vista al quejoso a efecto de que realizara manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que se hiciera señalamiento alguno. En atención a lo expuesto, se tiene que la responsable acató los lineamientos de la sentencia que concedió el amparo y protección al quejoso, por tanto, con fundamento en lo señalado en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la concesión de amparo sin exceso o defecto alguno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluído, y notifíquese vía electrónica al quejoso esta determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese, vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado en representación del director general, secretario administrativo y subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por el que informa que el dieciséis de febrero de este año remitió constancias con las que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, en atención a la promoción y vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos se advierte que por acuerdos de dieciséis de marzo de dos mil veintidós y de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se recibieron las promociones 5429 y 2957, por las que las autoridades responsables remitieron constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, que solo se agregaron al expediente, ya que se encontraba pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por el presidente de la República, en consecuencia, en obvio de evitar mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y las promociones con folios 5429 y 2957 y de sus anexos, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por la autoridad responsable, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado de Distrito realizará el estudio correspondiente y se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintitrés. Téngase, por recibido el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegido de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 442/2022 de su estadística, así como el juicio de amparo anotado al rubro, acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal colegiado que determinó: "[.] ÚNICO. Se DESECHA el recurso interpuesto. Notifíquese [.]". De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, realícense las anotaciones en el libro de gobierno electrónico. Asimismo, glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. En atención a lo determinado por el tribunal oficiante, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, ha causado ejecutoria. Ahora bien, de la sentencia dictada en este juicio de amparo se observa que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para que el director general, secretario administrativo y la subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), realicen lo siguiente: "[.]NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: prima vacacional, recompensa anual por antigüedad, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda de alimentos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, prótesis dental, beca al desempeño académico, ayuda de transporte, ayuda para gastos de defunción, ayuda para encuadernación de tesis, compensación especial de fin de año y estímulo al trabajador de fin de año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. [.] La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]". Requerimiento de cumplimiento a la sentencia En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al director general, secretario administrativo y la subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la sentencia y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Requerimiento al superior jerárquico. Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la junta directiva del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV), en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable director general de ese organismo; para que dentro del mismo plazo de tres días le ordene cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese, vía electrónica al quejoso y en su caso, a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores." Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

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