José Oscar Muñoz Guijarro

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • José Oscar Muñoz Guijarro

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 2, del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DE LA SENTENCIA DE 16/JUNIO/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCION DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por la delegada del Director Jurídico, del Coordinador de Asuntos Contenciosos y del Director General todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de los cuales, en atención al requerimiento de nueve de junio del año en curso, en el primero informan las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector; y, mediante el segundo, insisten en que para la obtención de la reparación integral del daño a que hace referencia el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la vía idónea para tal efecto es la reclamación por responsabilidad patrimonial del estado, por lo que solicitan considerar que los efectos del acto reclamado ya se concretaron con el dictado de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado 80/2019. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a sus manifestaciones se les reitera que en la sentencia de amparo dictada por este Juzgado de Distrito el quince de octubre de dos mil veintiuno, misma que fue impugnada por dichas autoridades responsables y confirmada en cuanto a su sentido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables den trámite y resuelvan la queja administrativa presentada por los quejosos el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y no como una reclamación patrimonial del Estado, pues lo realmente planteado por la parte quejosa fue una queja administrativa. En ese sentido, no puede tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos con el dictada de la resolución pronunciada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado 80/2019, pues como se precisó en dicha sentencia los promoventes fueron muy claros en señalar que el medio de impugnación que pretenden es la queja administrativa y no la reclamación por responsabilidad patrimonial del estado, de ahí que no sea dable considerar que deba determinarse (contra la voluntad del promovente) que se trata de una reclamación patrimonial del estado, máxime que el fundamento que citó en su escrito de queja administrativa fueron los artículos 296 de la Ley del Seguro Social y 1° del Instructivo para el trámite y resolución de las quejas administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En consecuencia, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y toda vez que en la sentencia de amparo dictada por este juzgado el quince de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "En esa tesitura, la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Director Jurídico y al Coordinador de Asuntos Contenciosos, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de un término de diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, coordinen el trámite y emitan la resolución de la queja administrativa presentada por los quejosos el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y hecho lo anterior, acrediten tales extremos ante este juzgado debiendo exhibir al efecto las constancias que así lo acrediten, con lo que quedará cumplida la presente sentencia." Asimismo, mediante resolución dictada en sesión de veintidós de abril de dos mil veintidós, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, modificó la sentencia dictada por este Juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia, únicamente en cuanto al efecto para el cual fue concedida, en los términos siguientes: "Por ello es que procede modificar la sentencia de amparo, únicamente respecto del efecto que impuso el Juez de Distrito a fin de que las autoridades responsables provean lo que en derecho corresponda respecto de la queja administrativa presentada por la parte quejosa, atendiendo a la substanciación y plazos señalados en la norma aplicable; y en su caso, dicte la resolución que en derecho corresponda; debiendo la autoridad responsable informar al Juzgado de Distrito del conocimiento los trámites que se encuentre realizando a fin de restituir al quejoso en los derechos que le fueron violados." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director Jurídico y al Coordinador de Asuntos Contenciosos, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos y para los efectos precisados en la transcripción anterior. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dada la naturaleza de los actos a realizar REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Director General y al Director Jurídico ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en su calidad de superiores jerárquicos de los directamente responsables Director Jurídico y Coordinador de Asuntos Contenciosos del citado Instituto, respectivamente, den cumplimiento al fallo protector y remitan a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las directas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a)Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ocupen los cargos señalados, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades Delegado, Subdelegado de Prestaciones Económicas, y Jefe de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos de la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, han sido omisos en desahogar el requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso, no obstante haber sido debidamente notificados, como se advierte de las constancias respectivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN al Delegado, al Subdelegado de Prestaciones Económicas, y al Jefe de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos de la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de DIEZ DÍAS, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, deben realizar lo siguiente: 1) El Delegado, el Subdelegado de Prestaciones Económicas y el Jefe de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos de la Delegación en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben cumplir de inmediato, sin dilaciones injustificadas, con la sentencia de nulidad de siete de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 25882/17-17- 05-4, lo que deberá acreditar ante la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser la encargada de verificar el cumplimiento de esa resolución. 2) La Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, una vez que reciba el cumplimiento que den las autoridades antes mencionadas, a la aludida sentencia de nulidad, deberá calificar el cumplimiento, a efecto de determinar si dicha resolución se cumplió cabalmente. En caso de que resuelva que no se encuentra debidamente cumplida, deberá requerir su cumplimiento a la autoridad demandada haciendo uso de los medios de apremio que dispone el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, hasta que logre su total cumplimiento. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas una multa por ciento cincuenta días de la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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