José Oscar González Zambrano

Expediente 676/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
676/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2016

Partes del expediente

  • José Oscar González Zambrano

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por José Oscar González Zambrano. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 676/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DESECHA LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "El auto de formal prisión de treinta de agosto del año en curso, pronunciado en la causa penal 222/2016, así como su ejecución". Por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que no la firma el quejoso José Oscar González Zambrano. Así, los artículos 6o. y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al numeral 6o. del ordenamiento legal invocado, de ahí la exigencia de que a quien se afecte en sus derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo, debidamente firmada, porque de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de garantías, ya que un escrito sin firma, es un simple documento en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6o. de la ley de la materia, ya que el quejoso José Oscar González Zambrano, no la firmó por tanto, no puede considerarse ejercitada la acción del juicio de amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, a más que el juicio se rige por el principio de instancia de parte agraviada; y tal deficiencia no puede ser corregida por el juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades señaladas por el artículo 108 del mismo ordenamiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por su evidente improcedencia. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 234, Tomo X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. Conforme al artículo 107 Constitucional fracción I, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta Ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, en el caso, aun cuando la parte que se considera agraviada promovió el juicio de amparo por sus propios derechos, sin embargo, la demanda de garantías carece de su firma y, como ésta constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que a la luz de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo Ordenamiento, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse de acuerdo con lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma Ley." Además, en la papeleta de turno correspondiente se aprecia una anotación hecha por el oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que dice: "Sin firma autógrafa"; por tanto, no es válido presumir que el escrito de demanda de cuenta se exhibió con la signatura correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3632, Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, y como su autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rubén Hernández López. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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