José Ortiz Miranda

Expediente 645/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
645/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • José Ortiz Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El siete de agosto de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta y uno de julio al cuatro de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de julio de la presente anualidad, por el que se tuvo por no presentada la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta al Secretario encargado del despacho del juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintiuno de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por ********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno en el Estado de Zacatecas; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    En veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al quejoso José Ortiz Miranda, para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del catorce al veinte del mes y del año en curso, con exclusión de los días quince y dieciséis del mismo mes y año, por corresponder a sábado y domingo; lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha concluido el término de cinco días del que disponía el quejoso José Ortiz Miranda, para desahogar la prevención contenida en el proveído de seis del mes y año en curso, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en dichos autos y, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA josé ortiz miranda, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha concluido el término de cinco días del que disponía el quejoso José Ortiz Miranda, para desahogar la prevención contenida en el proveído de seis del mes y año en curso, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en dichos autos y, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías. "

  4. Principal

    El seis de julio de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Ortiz Miranda, registrada con el folio 9297 y cinco copias de ésta que se adjuntan La circunstancia de que la licenciada Mercedes del Carmen Soto Hernández (1881545) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Ortiz Miranda, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, en el Estado de Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos al primero de los mencionados. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 645/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia dispone, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos anteriores se deduce como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Ahora, cabe destacar que la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En el caso, el quejoso reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, la resolución de diez de agosto de dos mil catorce, en el que ordenó la cancelación del certificado 229679 a nombre de Jesús Ortiz Moreno y la expedición de diverso a nombre de Martín Saucedo Gaytán, no obstante que el Registro Agrario Nacional le informó la imposibilidad para dar cumplimiento toda vez que Jesús Ortiz Moreno enajenó dicho certificado parcelario el uno de noviembre de dos mil doce y expidió el diverso número 111198 a favor de Gabriel Ramos López el veintiocho de febrero de dos mil catorce; asimismo, la autoridad responsable Tribunal Agrario señaló que dicha resolución fue dictada con base en la información proporcionada por el órgano registral a través de la constancia de derechos 154, de veintidós de enero de dos mil catorce, por lo que ordenó al Registro Agrario Nacional dar cumplimiento a la resolución quien canceló el certificado parcelario 1011198 a nombre de Gabriel Ramos López, sin que a éste se le notificara la cancelación. Luego, el veinticuatro de julio de dos mil catorce, el aquí quejoso celebró contrato de enajenación con Gabriel Ramos López, respecto de la parcela 362 con superficie de 5-57-97.820 hectáreas, ubicada en el ejido González Ortega-Bañón, municipio de Villa de Cos, Zacatecas, amparada en el certificado parcelario 1011198, por lo que acudió a la Delegación del Registro Agrario Nacional, para inscribir el contrato de enajenación que celebró con el antes nombrado y solicitar la expedición del certificado parcelario a su nombre, sin embargo, fue informado que no era posible la inscripción del mismo, en virtud a que el certificado parcelario que amparaba la parcela 362 se había cancelado en cumplimiento a la resolución de diez de agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Agrario dentro del expediente 186/2014, circunstancia, la cual insiste no le fue notificada a su enajenante. De lo anterior destaca que el peticionario del amparo, el veinticuatro de julio de dos mil catorce, celebró contrato de enajenación respecto de la parcela 362, con superficie de 5-57-97.820 hectáreas, ubicada en el ejido González Ortega-Bañón, municipio de Villa de Cos, Zacatecas, que cuando quiso solicitar la expedición del certificado parcelario a su favor, fue informado que no era posible, en razón de que existía una resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1, en el Estado de Zacatecas, sin embargo, no precisa cuándo acudió al Registro Agrario Nacional y la fecha en que se le informó la imposibilidad de expedirle el certificado parcelario. REQUERIMIENTO. Se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere al promovente para que exhiba copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá ser cumplida por el propio quejoso y no los autorizados ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizada para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a la licenciada Mercedes del Carmen Soto Hernández (1881545), toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no cumplir con el anterior requisito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Tacuba número doscientos cuatro (204), interior siete (7), en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria que autoriza y da fe. *Alejandra

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