José Ortiz Arana
Expediente 942/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2019
Partes del expediente
- José Ortiz Arana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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...TÉNGASE RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR...REMITE TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL RECURSO DE QUEJA CIVIL 145/2019...POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA POR UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS...LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIÓ...APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO...SERÁN DESTRUIDOS...
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...AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR...SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA...CONTRA EL AUTO DE ONCE DE JULIO QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA...RÍNDASE EL INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA...SE ORDENA REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO...PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO...
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...
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*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 11/07/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por JOSÉ ORTÍZ ARANA, por propio derecho, mediante el cual da cabal cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de cinco de julio del presente año, y para tal efecto acompaña copia de las resoluciones de doce de junio de dos mil diecinueve y veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitidas en los autos del Toca Familiar 598/2019 y 698/2019,respectivamente, ambas del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; por tanto, se provee: Vista la demanda de garantías promovida por José Ortiz Arana, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad, y previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, de la demanda de amparo, es pertinente destacar que el acto reclamado esencialmente se hace consistir en: a) La resolución de doce de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 598/2019, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante la cual, confirmó la parte conducente del diverso auto de once de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente natural 102/2019, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por el que se admitió a trámite la reconvención planteada en contra del quejoso (actor en el juicio natural y reconvenido), en el juicio de divorcio incausado inicialmente promovido por el ocursante, ordenando su emplazamiento a dicha reconvención y fijando medidas provisionales (separación de personas), en la inteligencia que respecto a las diversas medidas, de pensión alimenticia y garantía de dichos alimentos, ello fue motivo de modificación por la Sala Familiar responsable resolviendo esta improcedente fijar alimentos así como su garantía. b) La resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 698/2019, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante la cual confirmo el diverso auto de uno de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente natural 102/2019, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por el que se desechó la excepción de improcedencia de la vía planteada por el demandado reconvenido al momento de contestar la reconvención planteada. En este orden de ideas, se concluye que respecto de dichas determinaciones en su conjunto, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, dicho numeral ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."" Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el último precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y las determinaciones de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de doce de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 598/2019, y la diversa de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 698/2019, que a su vez en ese orden confirman los diversos autos de once de marzo y uno de abril ambos de dos mil diecinueve, emitidos en los autos del expediente natural 102/2019, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante los cuales en el primero admite a trámite la reconvención planteada en contra del amparista (demandado reconvenido), ordenando su emplazamiento a dicha reconvención y fijando medidas provisionales (separación de personas), en la inteligencia que respecto a las diversas medidas, de pensión alimenticia y garantía de dichos alimentos, ello fue motivo de modificación por la Sala Familiar responsable resolviendo esta improcedente fijar alimentos así como su garantía, y en el segundo, desecha la excepción de improcedencia de la vía planteada por dicho actor natural, al momento de contestar la reconvención entablada en su contra, no se tratan de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación podría combatirse en la vía directa; al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme al artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que las resoluciones materia de reclamo, emitidas por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de doce de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 598/2019, y la diversa de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida en los autos del Toca Familiar 698/2019, que a su vez en ese orden confirman los diversos autos de once de marzo y uno de abril ambos de dos mil diecinueve, emitidos en los autos del expediente natural 102/2019, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante los cuales en el primero admite a trámite la reconvención planteada en contra del amparista (demandado reconvenido), ordenando su emplazamiento a dicha reconvención y fijando medidas provisionales (separación de personas), en la inteligencia que respecto a las diversas medidas, de pensión alimenticia y garantía de dichos alimentos, ello fue motivo de modificación por la Sala Familiar responsable resolviendo esta improcedente fijar alimentos así como su garantía, y en el segundo, desecha la excepción de improcedencia de la vía planteada por dicho actor natural, al momento de contestar la reconvención entablada en su contra, no reúnen esa calidad, pues no se trata de actos que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, en esencia el acto reclamado se trata de un par de determinaciones intraprocesales al tener su origen la primera en la resolución que confirma el diverso auto que admite a trámite la reconvención plateada en contra del actor natural, y la segunda en la diversa que confirma el auto que desecha la excepción de improcedencia de la vía planteada al momento de contestar la reconvención hecha en su contra; violaciones que podrán ser reparadas en el supuesto de que el aquí quejoso obtenga sentencia definitiva favorable en ese expediente y en caso contrario sería reclamable como violación procesal en vía de amparo directo, de conformidad con el artículo 172 fracción XII de la Ley de Amparo, al reclamarse de manera conjunta la sentencia definitiva. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; toda vez que el incidente del que deriva el acto reclamado atañe únicamente a un presupuesto procesal (improcedencia de la vía ordinaria civil) que será materia de análisis al dictarse la sentencia definitiva y que como se dijo no causa una afectación a algún derecho sustantivo del quejoso. Tiene aplicación respecto a la primer determinación controvertida, y en sentido contrario, la tesis Jurisprudencial P./J.146/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes." Así como, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda parte-2, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 509, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA RECONVENCIONAL, SU ADMISION NO IMPLICA UN ACTO CUYA EJECUCION SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. La admisión de la demanda reconvencional participa de la naturaleza jurídica de la demanda principal y en los términos de los artículos 107 fracción III, inciso b) constitucional y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, no es un acto de imposible reparación. Esto es así, porque la referida admisión constituye un acto procesal que no impide la prosecución del juicio, ni causa a alguna de las partes en el juicio de origen, un agravio no reparable en la sentencia definitiva, dado que en ésta se abordará la materia sobre la que verse la reconvención; y, en su caso, tal fallo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo." Así también, cobra aplicación al caso por analogía jurídica, la tesis de jurisprudencia 202, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 139, tomo VI, parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, quinta época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE: El auto que da entrada a una demanda, no está comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto" Así como, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 197, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CORRECTO DESECHAMIENTO DE LA. La afirmación del inconforme en el sentido de que su demanda de amparo debió haber sido admitida por el a quo por reunir los requisitos que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo, es insostenible, puesto que dicho precepto sólo contempla los requisitos de forma que debe reunir toda demanda de garantías, y éstos no son los que determinan la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que es el artículo 114 de la citada ley reglamentaria, el que establece los actos que son materia del juicio de referencia, y precisamente este precepto, en su fracción IV, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, requisito que no se cumple en el caso, dado que el auto admisorio de una demanda, como es el que constituye el acto reclamado, no tiene tales consecuencias." Tiene aplicación respecto a la segunda determinación controvertida, la jurisprudencia 108/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 294, con registro 176992, que menciona: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve José Ortiz Arana, por notoriamente improcedente. De igual modo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Asimismo, se tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito inicial de demanda, y como autorizado de su parte a Eduardo David Meunier, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a las personas restantes, sólo para oir y recibir notificaciones, por haber sido esos los efectos de su autorizacion. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."
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