Jose Orlanzzini Bortolotti
Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Orlanzzini Bortolotti
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en especial la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, de la cual se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el siete de mayo de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya. En atención a su contenido, se ordena agregar para los fines legales conducentes, por los motivos que a continuación se expondrán. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, por medio del oficio que se acuerda el representante del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, hace del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional que el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitió la resolución correspondiente a la solicitud de prórroga del título de concesión número ***, presentada por el quejoso ****, la cual fue inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud formulada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado, adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. De autos, se advierte que mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, a quien correspondió conocer por razón de turno, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, mismo que se admitió a trámite el once de abril último, por el acto que consistió en la omisión emitir el título de concesión, en cumplimiento a la resolución de veintitrés de marzo del presente año, relativa al número de expediente ***. Acto que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos los artículos 8.°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, hizo del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional que el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, emitió la resolución correspondiente a la solicitud de prórroga del título de concesión número ***, presentada por el quejoso *, la cual fue inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en atención a la solicitud formulada el quince de diciembre de dos mil diecisiete, cuya omisión en dar respuesta constituyó el acto reclamado , adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. Documentales que merecen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Ahora bien, una vez analizada la demanda, así como las documentales de referencia, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;."; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;. Lo anterior es así, toda vez que con la emisión de la Hoja Registral del Título de Concesión número ***, pronunciada por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, dentro del expediente *** de su índice, quedó satisfecha la petición del aquí quejoso ****, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a la prórroga del título de concesión número ***. Por lo que es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues se reitera, se dio contestación a la solicitud de prórroga formulada por la aquí quejosa. De ahí que sea válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan, por lo cual procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento analizada, resulta innecesario abordar el estudio de las invocadas en su informe justificado por parte del representante del director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, puesto que con independencia de que asista o no razón a la nombrada responsable, el sentido de la presente resolución no variaría. Sobre esto último, tiene aplicación la jurisprudencia 54/98, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, materia común, página 414, que dispone: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con cuatro minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho. Máxime, que atendiendo al artículo 17 constitucional, no tendría objeto la prolongación de la misma, al haberse restituido a la quejosa en la garantía violada, y si en cambio, se retardaría el presente juicio, en perjuicio de la parte promovente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 297/2018-III.1, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por las razones relatadas en el contenido de la presente determinación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los cuales se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término otorgado por auto de once de abril del año en curso, a la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, a efecto de que rinda su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 297/2018-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de cuenta promovida por ***, únicamente en contra de los actos reclamados al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato y se le tiene solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal en su contra, por violación a los artículos 8, 16 y 17 de nuestra Carta Magna. Lo anterior en virtud de que el acto que reclama en su demanda, consiste en la omisión emitir el título de concesión, en cumplimiento a la resolución de veintitrés de marzo del presente año, relativa al número de expediente ***, de ahí que no se advierta la participación directa o inmediata del Titular del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en México, Distrito Federal, a quien correspondería en su caso, la inscripción y registro del referido Título; por lo que aún no se advierte la injerencia de ésta última en el acto reclamado; luego entonces, única y exclusivamente se tiene como autoridad responsable a la precisada en el párrafo que antecede; sin perjuicio de que una vez rendido el informe que a ésta corresponda, se advierta la participación de diversa autoridad en la emisión o ejecución del acto reclamado, se proveerá lo que en derecho sea procedente en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. Pídase INFORME JUSTIFICADO a la autoridad responsable quien deberá rendirlo de conformidad con el artículo 117 de la mencionada Ley de Amparo, dentro del término de QUINCE DIAS, siguientes al en que reciba el oficio en el cual se solicita. Apercibida que de ser omisa en rendir éste, se les impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Téngase como pruebas de parte de la quejosa, la documental que adjunta en copia simple a su escrito inicial de demanda, así como la Instrumental de Actuaciones y Presuncional Legal y Humana, las cuales se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Materia. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado y por no estar en ninguno de los supuestos que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para proveer la suspensión de oficio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle *** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 157 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el diverso numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de este último cuerpo de leyes, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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