José Orlanzzini Bortolotti
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de la Paz Rodríguez Durán
- José Orlanzzini Bortolotti
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el cual informa que se registró el recurso interpuesto por la parte quejosa con el número 38/2021. Además, hace del conocimiento que mediante auto de presidencia de cinco de abril de dos mil veintiuno, se determinó desechar por extemporáneo el medio de impugnación interpuesto por la parte peticionaria del amparo. De lo que este juzgador toma nota para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo vía interconexión. Finalmente, se está a la espera de que la superioridad informe si esa determinación causó estado o en su caso fue recurrida por la parte quejosa, para estar en aptitud de proveer respecto del archivo del presente juicio de amparo.
- Principal
Queda firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa José Orlanzzini Bortolotti, por propio derecho y representación de María de la Paz Rodríguez Durán, interpusiera en tiempo recurso de queja contra el auto cinco de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Remite recurso de queja Por otra parte, agréguese el escrito signado por **(quejoso), presentado en el buzón judicial el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja, de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, contra del auto por el que se desechó la demanda. Ríndase el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con copia certificada de lo actuado en el presente cuaderno, así como el original del escrito de agravios. Finalmente, acuérdese lo conducente al archivo del presente asunto hasta que se resuelva el recurso de queja citado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y representación de ****, personalidad que acredita en términos de la escritura pública número **; en contra de actos atribuidos de la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 55/2021-6. ? Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. I. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como uno de los actos reclamados, consiste en lo siguiente: [.] "a).- EL CITATORIO de fecha 26 de diciembre del 2020, dejado al suscrito y mi representada, el cual carece de legalidad, y no reúne los requisitos de formalidad jurídica conforme a la ley procedimental de la materia como más delante se detallará en el apartado respectivos de agravios, para dar certeza jurídica de la autoridad que lo emitió, y legalidad conforme a nuestra la carta magna". [.] Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Conviene recordar que a través del juicio de amparo es reclamable todo acto de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos al particular y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 1° de la ley de la materia; en tanto que en el numeral 107, se indican con precisión los casos específicos en que procede el juicio de amparo biinstancial, cuya hipótesis establecida en la fracción III, inciso b), refiere que los actos en el procedimiento deben ser de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio constitucional por la vía biinstancial, puesto que la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución; esto es, cuando el acto reclamado únicamente afecta derechos adjetivos o procesales. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.)1, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que se lee: 1 Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, tomo III, Materia: Común, página 1902. "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sobre el particular, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos con ejecución de imposible reparación solo se presentan, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado de la resolución respectiva; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, ya que la afectación no podría repararse, aun obteniendo resolución favorable en el procedimiento respectivo, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)2, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 2 Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo I, Materia: Común, página "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, que contiene una citación, para que sea esperado el notificador el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, no puede estimarse como de imposible reparación, en razón de que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. Ello es así, en virtud de que el oficio que contiene la citación a la parte quejosa, que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con el mismo no se afectan materialmente esos derechos Antes bien, del mismo se desprende que constituye una mera citación, y que es voluntario de la parte quejosa aceptar o no la misma, y de esperar o no al notificador ejecutor de la Tesorería municipal de Celaya, Guanajuato. Cuanto más, que del citatorio reclamado no se desprende que exista algún apercibimiento de multa u orden tendente a afectar los derechos de propiedad que en esta instancia defiende la quejosa. Por tanto, es evidente que no causa ningún perjuicio de imposible reparación, en la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que, es evidente que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo. II. En ese orden, se advierte que la parte quejosa, también reclama los actos que hace consistir en lo siguiente: -la posible orden de requerimiento de pago y/o orden de embargo de bienes de su propiedad y de su representada. Lo anterior, lo hace depender del citatorio que le fue dejado en su domicilio de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinte. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Como se puede advertir de la transcripción de tales artículos, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Así, dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que, como ya se dejó de manifiesto en párrafos precedentes, es el quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla general, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, de texto y rubro siguientes:3 "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, como ya se adelantó, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia señaló como acto reclamado: "DE LAS ORDENADORAS. a).- Señalo la posible orden de REQUERIMIENTO DE PAGO y/o ORDEN DE EMBARGO DE BIENES DE MI PROPIEDAD Y DE MI REPRESENTADA otorgado por las ordenadoras a la autoridad ejecutora para garantizar el importe de adeudo de crédito fiscal expediente VRO19853001 del cual desconocemos, pues nunca nos fue notificado debidamente de su origen y se señala en el citatorio que nos fue dejado en el inmueble antes señalado, del cual el suscrito y mi representada la C. *** somos copropietarios. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA reclamo: b).- Señalo la posible orden de REQUERIMIENTO DE PAGO y/o ORDEN DE EMBARGO DE BIENES DE MI PROPIEDAD Y DE MI REPRESENTADA otorgado por las ordenadoras a la autoridad ejecutora para garantizar el importe de adeudo de crédito fiscal expediente VRO19853001 del cual desconocemos, pues nunca nos fue notificado debidamente de su origen y se señala en el citatorio que nos fue dejado en el inmueble antes señalado, del cual el suscrito y mi representada la C. *** somos copropietarios." De lo anterior, se desprende que en esencia, de lo que se duele la parte quejosa es de la posible orden de requerimiento de pago y/o embargo de bienes, lo que constituye un acto futuro e incierto, contra el cual resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en razón de 3 Sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que tal orden de requerimiento, va a depender de la conducta que asuman las autoridades responsables, es decir, la quejosa en momento alguno refiere la existencia de una orden, sino que sólo refiere que teme por el embargo de bienes de su propiedad, que en un momento futuro se ejecute. Por tanto, si en el caso, el quejoso expresamente manifestó que existía la posibilidad de que se le embargaran bienes de su propiedad, es evidente que el acto reclamado tiene la naturaleza de futuro e incierto, por lo que, de ningún modo se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales. Máxime que, el supuesto requerimiento de pago y/o embargo lo hace depender del citatorio de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, del cual, como se vio anteriormente, no se desprende ningún acto tendente a afectar derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. Lo anterior, trae como consecuencia la improcedencia del juicio constitucional que nos ocupa por lo que a dicho acto reclamado concierne, ya que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la justicia federal a efecto de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación (mera probabilidad), como sucede en la especie. Estimar lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que no resulta aceptable jurídicamente. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." En mérito de todo lo expuesto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, respecto de la posible orden de requerimiento de pago y embargo de bienes de su propiedad. III. Conclusión. Al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia que se analizaron, lo que procede, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, es desechar de plano la demanda. ? Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa como domicilio para recibir notificaciones el domicilio ubicado en ***, de esta ciudad. Por otro parte, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, en razón que no cuenta con cédula profesional registrada ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Lo anterior es así, en razón de que al realizar la consulta en el sistema respectivo, el número de cédula y registro que refiere en el escrito inicial de demanda a nombre de ***, se encuentran relacionados con la diversa persona de nombre **, la cual, difiere con el nombre proporcionado en primer término; lo que este juzgado concluye que no son la misma persona. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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