José Orlando Larrondo de Martino

Expediente 625/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
625/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • José Orlando Larrondo de Martino

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 625/2023 IX.. Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. 1 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 625/2023-V.. Puebla, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe un oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que anexa una demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por José Orlando Larrondo De Martino, por propio derecho, contra actos del Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla, y otros, debido a la incompetencia declinada. En ese sentido, del oficio que se recibe se observa que el homólogo federal ordenó la remisión del juicio de amparo 1045/2023-IV-A de su índice; formado con motivo de la demanda presentada por José Orlando Larrondo De Martino, ya que fueron señalados actos reclamados de naturaleza penal, por lo que estimó que al tratarse de actos de diversa materia, era procedente la declaración de incompetencia legal. Por tanto, consideró que la competencia legal para conocer del referido juicio, debe surtirse a favor del juzgado que conozca de dicha materia, siendo éste un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. En ese sentido, ya que por turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, la suscrita operadora jurídica acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda presentada por José Orlando Larrondo De Martino. Sobre todo porque se observa que los actos reclamados, son de naturaleza penal. En consecuencia, se instruye librar el oficio de acuse de recibo para el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitirlo por interconexión. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 Bajo ese contexto, se examinó en su integridad la demanda de amparo, y se advirtió la improcedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de las autoridades y actos reclamados que hizo valer el quejoso, consistentes en: "Omisión de dar respuesta a mis solicitudes." Dichos actos los reclama específicamente a las autoridades siguientes: ++++++, Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (autoridad ordenadora++++++ Secretaria Particular del Titular de la Comisión (autoridad ejecutora); y ++++++, Analista Especializado B (autoridad ejecutora). Contra dichos actos y autoridades el juicio de amparo es improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los preceptos legales reproducidos se deriva que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, las autoridades para efectos del juicio de amparo son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinadas en la ley, precisándose así señalar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas "de supra subordinación" entablada entre los órganos de autoridad del Estado por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral e imperativa; existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Con base en las precisiones anteriores, es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si los actos reclamados se realizaron con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los quejosos y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotado lo anterior, en el caso que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables Germán Caporal Flores, Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (autoridad ordenadora); Amanda Solís Silva González, Secretaria Particular del Titular de la Comisión (autoridad ejecutora); y Georgina Palafox Daza, Analista Especializado B (autoridad ejecutora), a las que el quejoso les reclama: la omisión de proporcionarle asistencia jurídica técnica y adecuada dentro de la Carpeta de Investigación 19065/2018/ZONACENTRO, respecto de sus solicitudes para que sea presentado un juicio de amparo en contra de las autoridades que no han observado la Ley General de Atención a Personas Autistas, de la cual refiere haber realizado su solicitud la última vez el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, debe decirse que no poseen una naturaleza de actos de autoridad, esto es, esa Comisión, secretaria particular y analista que señala no tienen la calidad de autoridades en términos de la Ley de Amparo. En efecto, las omisiones que se les atribuyen no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter coordinado en torno a la asesoría y representación que les exige el quejoso. Este tipo de relación difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. En consecuencia, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, ejerciendo un poder jurídico que afecte por sí y ante sí y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso; circunstancia que no es el caso. Así pues, cualquier decisión que adopte la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla así como los diversos adscritos a ella, en su carácter de asesores jurídicos del quejoso, no constituyen un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de servicio de asistencia jurídica que presta la Comisión al promovente del amparo; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre ellos, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante el Órgano de Control Constitucional. De ahí que deba establecerse que en la especie, el amparo solicitado contra los referidos actos resulta improcedente precisamente porque esas omisiones no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo por cuanto se refiere a la conducta omisiva imputada a los funcionarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla que señala como autoridades responsables a que se ha hecho mención, por lo cual se debe desechar la demanda de amparo, dado que los actos (conductas omisivas) que a los referidos funcionarios se reclama, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el proporcionado en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el domicilio procesal señalado para tal efecto); y cúmplase.

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