Jose Orlando Feliciano Zamudio Saloma
Expediente 97/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Orlando Feliciano Zamudio Saloma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales, que anexo a su escrito de demanda, por lo que de conformidad con lo previsto por el capítulo tercero, relativo a los tipos de archivo y de las trasferencias de expedientes judiciales, punto undécimo, último párrafo, del señalado acuerdo General Conjunto número 1/2009, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos anexos serán glosados y correrán la suerte del principal. Por conducto del actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito notifíquesele personalmente a la parte interesada al presente proveído.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales, que anexo a su escrito de demanda, por lo que de conformidad con lo previsto por el capítulo tercero, relativo a los tipos de archivo y de las trasferencias de expedientes judiciales, punto undécimo, último párrafo, del señalado acuerdo General Conjunto número 1/2009, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos anexos serán glosados y correrán la suerte del principal. Por conducto del actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito notifíquesele personalmente a la parte interesada al presente proveído.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades que señaló como responsables AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA, ha transcurrido, sin que haya hecho manifestación al respecto; en tales condiciones, se continúa con el trámite del presente asunto sin tener a dichas autoridades como responsbales. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causa de sobreseimiento, razón por la cual procede decretarlo aún fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Atendiendo a que el caso no se cuente con una autoridad a la cual pueda atribuirse el acto reclamado en esta vía, tal pronunciamiento no puede emitirse, pues el mismo debe estar, necesariamente, vinculado a una autoridad, extremo del cual se carece. Por ello, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, porque de las constancias que integran este expediente se advierte que la autoridad señalada como responsable no existe. Conforme a lo transcrito la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal y que es parte en dicho juicio, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando no existe la autoridad señalada como responsable, pues ante ello no se satisface el requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En el caso, al admitirse la demanda de amparo, se tuvo como autoridades responsables al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA. Sin embargo, en once y doce de febrero del presente año se dejaron de tener al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA, como responsables, ordenando dar vista al quejoso sin que hiciera manifestación alguna. Lo anterior hace patente la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien el quejoso indicó como tal a las antes citadas; sin embargo, las mismas se estimaron inexistentes, de ahí que este expediente carece del requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pese a que se requirió al quejoso a fin de que hiciera alguna manifestación, el mismo desatendió tal prevención. En consecuencia, ante la inexistencia de un ente del Estado al que se pueda atribuir la calidad de autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, de manera personal hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades que señaló como responsables AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA, ha transcurrido, sin que haya hecho manifestación al respecto; en tales condiciones, se continúa con el trámite del presente asunto sin tener a dichas autoridades como responsbales. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causa de sobreseimiento, razón por la cual procede decretarlo aún fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Atendiendo a que el caso no se cuente con una autoridad a la cual pueda atribuirse el acto reclamado en esta vía, tal pronunciamiento no puede emitirse, pues el mismo debe estar, necesariamente, vinculado a una autoridad, extremo del cual se carece. Por ello, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, porque de las constancias que integran este expediente se advierte que la autoridad señalada como responsable no existe. Conforme a lo transcrito la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la ley que lo regula o de la Constitución Federal y que es parte en dicho juicio, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la causal de improcedencia que resulta de la interpretación de los citados preceptos, el último de ellos a contrario sensu, deviene cuando no existe la autoridad señalada como responsable, pues ante ello no se satisface el requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En el caso, al admitirse la demanda de amparo, se tuvo como autoridades responsables al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA. Sin embargo, en once y doce de febrero del presente año se dejaron de tener al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS Y ASALTO A TRANSPORTES EN CARRETERA y REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE PUEBLA, como responsables, ordenando dar vista al quejoso sin que hiciera manifestación alguna. Lo anterior hace patente la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien el quejoso indicó como tal a las antes citadas; sin embargo, las mismas se estimaron inexistentes, de ahí que este expediente carece del requisito previsto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pese a que se requirió al quejoso a fin de que hiciera alguna manifestación, el mismo desatendió tal prevención. En consecuencia, ante la inexistencia de un ente del Estado al que se pueda atribuir la calidad de autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, de manera personal hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
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