José Ordaz Aguiar y Otros.
Expediente 240/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- José Ordaz Aguiar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 462/2022 que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual acusa recibo de los diversos 2863 y 2864, con los que este tribunal colegiado le remitió tanto la copia autorizada de la ejecutoria dictada en el presente asunto, como los autos originales y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
SOBRESEE.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el escrito presentado por ********, parte quejosa en el presente asunto; a través del cual desahogan la vista que se diera en autos; además, hacen una serie de manifestaciones en relación al asunto que nos ocupa; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B" a cargo del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que emite el magistrado Arturo Castañeda Bonfil, titular de la ponencia "B", de este órgano jurisdiccional, en el que expone lo siguiente: "Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el nueve de marzo de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito el veintiuno de abril del mismo año y remitido por razón de turno el veintidós siguiente, a este tribunal colegiado, ********, así como su apoderado legal ********, demandaron el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, así como su presidente, consistentes en el laudo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la autoridad citada en primer términos y su ejecución atribuida a la autoridad restante, en el expediente ******. Por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la presidencia de este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de derechos de que se trata y registró el asunto con el número 240/2021; enseguida, mediante proveído de veinticuatro de mayo del citado año, turnó el expediente al magistrado Arturo Castañeda Bonfil, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Luego, el once de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se fijó lista en los estrados, donde se señaló para audiencia de este asunto el diecisiete de los citados mes y año, en la que se discutió la propuesta de sobreseer en el juicio de amparo promovido por los quejosos, al estimar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 6, este último precepto legal, interpretado en sentido contrario, y fracción XIV de la Ley de Amparo. En efecto, en el proyecto respectivo, se plantea que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el órgano jurisdiccional antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se esboza que, el juicio de amparo promovido en lo personal por ********, sería improcedente, habida cuenta que se considera dicho promovente carece de legitimación para presentar la demanda de amparo "por propio derecho", por tanto, se sobreseería el juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de conformidad con la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 6, este último precepto legal, interpretado en sentido contrario, del cuerpo de leyes invocado. En efecto, el artículo 6 de la Ley de Amparo, prevé que el juicio amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, o por su representante o apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en ese ordenamiento. En consecuencia, si la persona que promueve el amparo no es la parte legitimada, el juicio de amparo sería improcedente, por ende, el órgano de amparo se encontraría impedido legalmente para analizar el fondo del asunto. En ese orden de ideas, conviene resaltar que el promovente del juicio de amparo, ********, manifestó que presentaba la demanda "por nuestro propio derecho, en mi carácter de apoderado legal de los actores.", sin embargo, de los autos del juicio de origen no se aprecia que fungiera como parte del mismo o que se le hubiera reconocido algún carácter en lo personal, ya que las partes en juicio fueron ******* (actores), y las demandadas ********, como persona moral y propietaria de diversos inmuebles, ********. Por tanto, si ********, no tiene reconocida la personalidad ante la autoridad responsable, es indudable, que carecería de legitimación para promover el presente juicio de amparo en lo personal. Máxime que, del examen realizado al laudo que constituye el acto reclamado, no se aprecia que la responsable emitiera alguna determinación dirigida a ******* respecto del cual el promovente presentó la demanda de amparo. Por las razones expuestas, dado que ********, como persona física, no tiene la personalidad con la que se ostenta, es evidente que no tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo por propio derecho, en consecuencia, lo que procedería es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, este último precepto legal interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Luego, respecto de los diversos quejosos ********, se proyecta se actualiza diversa causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, como enseguida se explicará. En efecto, de la interpretación sistemática de dicho ordinal, se advierte que se refiere a la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio de amparo y al efecto indica que, si el medio de control constitucional no se promueve dentro de los plazos previstos, entonces se entenderá que el acto reclamado fue consentido tácitamente y, por ende, da origen a una causal de improcedencia del juicio. En virtud de que la indicada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia hace una remisión expresa al capítulo relativo a los plazos judiciales del propio ordenamiento, se impone enseguida transcribirlos para determinar el alcance del primer numeral en mención, lo que se hace de la siguiente forma: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;" "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;" "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;" "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En este contexto, se tiene que los quejosos, cuando menos, desde el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, fecha en que el apoderado legal de los actores, recibió copias del expediente laboral, tuvieron conocimiento del acto del cual se duelen, ya que el laudo de veintinueve de octubre de dos mil veinte se encuentra agregado al expediente laboral, cuya copia hizo constar recibió el apoderado legal de referencia el citado veintiséis de noviembre de ese año; por ello, desde esa fecha tuvieron conocimiento del acto reclamado y, en consecuencia, comenzó a correr el término de los quince días que prevé el artículo 17 previamente transcrito, para promover este controvertido constitucional. Esto es, con promoción fechada el seis de noviembre de dos mil veinte, el actor ******** -a quien le asiste el carácter de representante común de los trabajadores- solicitó ".copia debidamente certificada de todo lo actuado en el presente expediente, autorizando para que las reciba en mi nombre y representación a mi apoderado legal el*******" Enseguida existe auto de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que, si bien no existe ninguna firma de los integrantes de la junta, al margen izquierdo se lee la leyenda atribuible al apoderado legal de los quejosos -********- que dice: "Recibí copias. Obregón, Sonora a 26 nov 2020". Constancia que se digitaliza a continuación: De lo anterior se advierte que, el apoderado legal de los actores, hoy quejosos recibió la copia de las actuaciones hasta esa data, a saber, veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en los términos en que el diverso operario las solicitó al tribunal obrero, por tanto, se encuentra comprendido el contenido del laudo reclamado de veintinueve de octubre de dos mil veinte, situación que, se insiste, se encuentra comprobada con la constancia de recibo que aparece suscrita por ********, teniendo conocimiento en su integridad de manera completa y directa del acto que estima violatorio de derechos fundamentales. En ese sentido, los promoventes de la acción constitucional tuvieron conocimiento del acto reclamado, precisamente a través de su apoderado legal, desde el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que éste recibió copias de lo actuado en el juicio natural y, por lo tanto, estuvieron en posibilidad de acudir al juicio de amparo directo en contra de tal fallo. Son acorde con lo anterior los criterios jurisprudenciales que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Por lo tanto, resulta claro que los quejosos debieron presentar su demanda de amparo dentro de los quince días posteriores a esa fecha (veintiséis de noviembre de dos mil veinte), esto es, el término para ello transcurrió del veintisiete de noviembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, sin tomar en consideración los días veintiocho y veintinueve de noviembre, cinco, seis, diecinueve y veinte de diciembre, todos de dos mil veinte, dos y tres de enero de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos inhábiles en términos del artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 19 de la Ley de Amparo, al igual que del siete al dieciocho de diciembre de dos mil veinte y del veintiuno de ese mes y año al cinco de enero de dos mil veintiuno, el primer periodo por suspensión de labores de la junta y el segundo al corresponder a las vacaciones de dicho tribunal del trabajo, según el comunicado de tres de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el secretario general de asuntos individuales y el secretario general de asuntos colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón; en consecuencia, si el ocurso de derechos humanos se presentó hasta el nueve de marzo de dos mil veintiuno, implicaría sin lugar a dudas el consentimiento tácito del acto de autoridad que reclaman ante esta instancia constitucional y por lo cual resultaría inconcusa la extemporaneidad de su demanda. Todavía más, el laudo reclamado en el presente asunto, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, el veintinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral *******, fue dictado en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por este órgano jurisdiccional dentro de los juicios de amparo directos ******* -promovido por ********- y ******* -promovido por los aquí quejosos-, mismos que concedieron a los actores en la controversia laboral de origen para el efecto de que: ".declare insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento a partir del auto de veintiuno de agosto de dos mil nueve, y con plenitud de jurisdicción emita otro proveído en el que resuelva lo conducente a las pruebas propuestas por las partes, con los requisitos formales a que se ha hecho referencia en esta ejecutoria, una vez que concluya el desahogo de pruebas, aperture la etapa de alegatos, proceda al dictado del auto de cierre de instrucción y ordene la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, con sujeción a lo previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma; hecho lo anterior, dicte el laudo que proceda conforme a derecho, lo anterior, para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como el citado juicio de derechos humanos ******* tiene una estrecha relación con el presente asunto, se ordena traer a la vista como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° del propio ordenamiento legal, documental a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del ordenamiento citado en primer término. Así, de las constancias que integran el juicio de amparo directo *******, se advierte que, con motivo de la concesión otorgada a los aquí quejosos, al igual que el diverso trabajador que promovió de manera independiente el citado juicio de amparo *******, el tribunal obrero informó sobre el cumplimiento dado a las sentencias ejecutorias citadas, para tales efectos, remitió copia certificada, en lo que interesa, del laudo dictado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente *******, se ordenó dar vista a las partes de manera personal con dicho cumplimiento, para que, dentro del plazo de diez días contado a partir de su legal notificación, manifestaran lo que a su interés conviniera. Luego, no obstante que dicho proveído se notificó por lista publicada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte a los hoy promoventes de la acción constitucional, con ocurso presentado el cuatro de diciembre de ese año, desahogaron la vista concedida, realizando manifestaciones "por exceso y defecto en el cumplimiento a la ejecutoria", en los siguientes términos: AMPARO DIRECTO LABORAL ******* QUEJOSOS: ******** Y OTROS. TERCEROS INTERESADOS: ******** Y OTROS. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DEL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA. ASUNTO.- SE CONTESTA VISTA Y SE HACEN MANIFESTACIONES POR EXCESO Y DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DEL TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. P R E S E N T E.- **********, promoviendo el primero como quejoso y el segundo en mi carácter de autorizado y apoderado legal de los quejosos ********, personalidad que tengo debidamente reconocida en este juicio de amparo, ante este H. Tribunal Colegiado, con el debido respeto comparecemos para exponer: Que de acuerdo a la vista de 10 días hábiles, que se nos concedió por parte de este tribunal, con motivo del laudo dictado por la autoridad responsable, en términos del artículo 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, vengo a nombre de los quejosos antes mencionados, a través del presente escrito haciendo una serie de manifestaciones, con las cuales hago notar que la autoridad responsable INCURRIÓ EN EXCESO Y DEFECTO en el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, mismos excesos y defectos que incurrió la autoridad responsable, en el laudo que dictó en fecha 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, dentro del juicio laboral de origen *******, manifestaciones que van en los siguientes términos: A manera de antecedentes los efectos de la concesión de amparo, fueron para los efectos siguientes: PRIMERO. En el juicio de amparo principal, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, contra los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado de Sonora y de su presidente, ambos con residencia en Ciudad Obregón, consistente en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por la primera, así como su ejecución atribuible a la segunda, en el expediente laboral *******, para el efecto de que la junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento a partir del auto de veintiuno de agosto de dos mil nueve, y con plenitud de jurisdicción emita otro proveído en el que resuelva lo conducente a las pruebas propuestas por las partes, con los requisitos formales a que se ha hecho referencia en esta ejecutoria, una vez que concluya el desahogo de pruebas, apertura (sic) la etapa de alegatos, proceda al dictado del auto de cierre de instrucción y ordene la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, con sujeción a lo previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma; hecho lo anterior, dicte en su caso el laudo que proceda conforme a derecho, lo anterior, para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Pues bien, dada la concesión del amparo, como en líneas anteriores se manifestó, la autoridad responsable al dictar el laudo de fecha 29 de octubre del año 2020, a manera de dar cumplimiento a la ejecutoria, incurrió en los siguientes defectos y excesos: 1.- La autoridad responsable No da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, puesto que no cumple con los requisitos formales a los que hace referencia la misma, puesto que tal y como se ordenó reponer el procedimiento a partir del AUTO DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2009, la autoridad responsable dicta un AUTO DE FECHA 24 DE MAYO DEL AÑO 2018, en el cual a manera de defecto en el cumplimiento a la ejecutoria ordena de nueva cuenta NOTIFICAR A LOS AHORA QUEJOSOS EN GUAYMAS, SONORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN ********, cuando lo legal es que debió haber tenido por señalado el domicilio que los ahora quejosos señalamos en el juicio laboral de origen el ubicado en ********, lo cual es visible a foja 894 y 895 de los autos del expediente laboral de origen ******, es por ello que no cumple con el nuevo laudo, los efectos ordenados en la ejecutoria del presente juicio de amparo, pues lo hace de forma incongruente, ilegal y con excesos y defectos. 2.- Otro punto de defecto del cual se desprende que la autoridad responsable no cumple con la concesión del amparo de la ejecutoria, lo es los aspectos formales, que lo son de nueva cuenta la etapa de alegatos, la cual no fue aperturada en base a la Ley Federal del Trabajo antes de las reformas del año 2012, puesto que en forma ilegal NO NOTIFICA A LOS AHORA QUEJOSOS, ADEMÁS NO ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS DE TRES DÍAS, como lo ordena la ejecutoria de amparo, puesto que la autoridad responsable en fecha 20 de febrero del año 2020, abre alegatos en términos del artículo 884 fracción V de la reformada de (sic) Ley Federal del Trabajo a partir del año 2012, otorgando a las partes 02 días para formularlos, lo cual es visible a foja 1360 y 1361 de los autos del expediente laboral de origen ******** es por ello que no cumple con el nuevo laudo, los efectos ordenados en la ejecutoria del presente juicio de amparo, pues lo hace de forma incongruente, ilegal y con excesos y defectos. Es por ello que ante tal alegación y manifestación, se solicita a este Tribunal Colegiado, se tenga por detectado los presentes defectos y excesos, que se hace valer en el presente punto y se ordene a la autoridad responsable, deje sin efecto el laudo dictado en fecha 29 de octubre del año 2020 y emita otro laudo en el que no incurra en tales defectos y excesos y vuelva a reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 21 de agosto del año 2009 y provea sobre las pruebas ofrecidas por las partes y nos mande notificar en los domicilios que señalamos ante la responsable para tal efecto. En base a lo expuesto y fundado A ESTE H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, atentamente pedimos: PRIMERO.- Tenernos en tiempo y forma a través del presente escrito, dando contestación a la vista que fuera concedida a los quejosos interesado en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, alegando exceso y defecto en contra del laudo de fecha 29 de octubre del año 2020, con el que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo." "SEGUNDO.- Dar trámite que corresponda y tomarlas en cuenta al momento de que este Tribunal Colegiado se pronuncie al respecto." "TERCERO.- Declarar procedentes y detectados los excesos y defectos mencionados en el presente escrito, ordenando a la autoridad responsable volver a reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 21 de agosto del año 2009 y en su momento dictar un nuevo laudo. PROTESTAMOS LO NECESARIO Hermosillo, Sonora a 04 de diciembre del año 2020. (Firmado) ******** (Firmado) LIC. ******** Lo anterior corrobora que, desde entonces, los disidentes conocieron el contenido del acto reclamado. Sin que sea obstáculo el hecho de que la constancia de recepción de copias del juicio de origen corresponda a ******* y el desahogo de la vista al citado profesionista y al representante común de los actores -*******-, pues éstos son los representantes legales de los trabajadores, por lo que resulta inconcuso, que éstos últimos tuvieron pleno y cabal conocimiento, del acto de autoridad contenido en aquellas actuaciones, ya que con el cúmulo de facultades conferidas, debieron conocerlo con plenitud, pues para el caso no se requieren mayores requisitos. Así, de la recepción de las constancias que integran el expediente laboral por parte del apoderado legal de los quejosos, se tiene que tuvieron pleno conocimiento del contenido del laudo reclamado, a lo que se suma que desahogaron la vista concedida en el ADL ******* con motivo de las constancias con las que la junta informó dar cumplimiento a dicho fallo concesorio, donde expresaron los motivos por los cuales estimaron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, no había dado cumplimiento al fallo protector, solicitando que no se tuviera a ésta por dando cumplimiento en sus términos con la ejecutoria de amparo, respecto al laudo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral *******, porque al dictarlo la junta incurrió en defectos y excesos. A mayor abundamiento se tiene que los quejosos mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, interpusieron recurso de inconformidad, a través de su apoderado legal - ¨********- y el representante común -********-, contra del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por la presidencia de este tribunal colegiado, que declaró cumplido el fallo protector en el juicio de amparo directo laboral ******* de la estadística interna de este órgano colegiado, ocurso que tiene fecha de elaboración de quince de los citados mes y año, lo que, no hace sino confirmar, otra vez, que los quejosos se hicieron sabedores del multicitado laudo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mucho antes de que les fuera notificado por la junta responsable (veintisiete de febrero de dos mil veintiuno), lo que se colige sin dificultad, pues destacaron en parte de sus agravios el "único resultando" y segundo considerando de dicho fallo cumplimentador, específicamente, cuando manifestaron ".en forma indebida declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el ADL *******, lo fue que dicho tribunal no tomó en cuenta el defecto y exceso en que incurrió la autoridad responsable al momento de dictar el laudo de fecha 29 de octubre del año 2020, en lo que corresponde al ÚNICO resultando y considerandos I y II, según ella emite un nuevo laudo para los efectos ordenados en la ejecutoria del presente juicio de amparo, la cual no cumple, pues lo hace de forma incongruente, con excesos y defectos.". Esto es, las propias manifestaciones de los promoventes, corroboran que previo a la notificación del laudo reclamado por parte de la junta (veintisiete de febrero de dos mil veintiuno) los quejosos tenían conocimiento completo del laudo reclamado. Luego, considerando que los promoventes tuvieron pleno conocimiento del laudo cumplimentador, desde el quince de febrero de dos mil veintiuno -fecha que señalaron de elaboración de su escrito de inconformidad-, el presente juicio de amparo también se encontraría presentado de forma extemporánea, pues tomando como punto de partida la citada data, aquel término debe computarse a partir del día hábil siguiente -con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor- a saber, el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno para fenecer el ocho de marzo de ese año, al no computarse los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, seis y siete de marzo, todos del año próximo pasado, por corresponder a sábados y domingos, en consecuencia, inhábiles para la autoridad responsable de conformidad con lo dispuesto en términos del artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 19 de la Ley de Amparo. De modo que, si la demanda de amparo se recibió por la responsable el nueve de marzo de dos mil veintiuno, aun estimando esta data como punto de partida dicho ocurso se presentaría, se reitera, de manera extemporánea. A lo anterior, resulta aplicable, por similitud de supuestos, la tesis aislada 3a. CLVII/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA, TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE CORRER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SUS APODERADOS CONOZCAN DEL PRIMER ACTO DE APLICACION. Si en la práctica de la visita domiciliaria respectiva, de la que se hace derivar el primer acto de aplicación de la ley reclamada, la persona con la cual se entiende cuenta con la personalidad suficiente para representar a la empresa visitada, y lo acredita con el documento correspondiente, resulta inconcuso que esa persona moral tiene pleno y cabal conocimiento del acto de autoridad contenido en aquella diligencia, ya que con el cúmulo de facultades que le confiere a su apoderado, en el poder general para pleitos y cobranzas, debió conocerlo con plenitud, pues para el caso no se requieren mayores requisitos, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2546 y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, el poder general para pleitos y cobranzas legitima cabalmente al apoderado para actuar en nombre de su poderdante ante toda clase de autoridades, no debiendo confundirse la capacidad que debe tener todo apoderado para conocer de un determinado acto de autoridad, que pueda ser reclamado en la vía de amparo, con las facultades necesarias para representar válidamente a una persona moral, en ese tipo de actos fiscales, pues en tanto que para la primera se requiere que únicamente cuente con el poder general para pleitos y cobranzas, en las segundas, pueden exigirse otros requisitos, cuya omisión puede dar lugar a la nulidad del acto, pero no impide el conocimiento por parte de la empresa del acto concreto de aplicación de la ley de que se trata." En esa virtud, sería innegable que el amparo que ahora se promueve, es notoriamente extemporáneo, por tanto, se concluiría que los trabajadores quejosos consintieron tácitamente el laudo reclamado, por ende, se actualizaría la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la ley de la materia, y procedería sobreseer en el juicio, de conformidad con la fracción V, del numeral 63 del citado ordenamiento legal, circunstancia que impediría analizar el fondo del asunto, en virtud de la referida improcedencia. Cabe señalar que, el procedimiento para determinar si una ejecutoria de amparo está cumplida o no con el nuevo laudo, no interrumpe el plazo para presentar la demanda de amparo relativa, debido a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 45/2015, en la que resolvió al analizar los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, precisó que el propio el legislador determinó tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación el promovente del acto o resolución que reclame; o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el peticionario de garantías se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Indicó, que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio inconforme tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-. Refirió, que en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional; haciendo hincapié en que no era posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. Concluyó que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Mencionó que no puede tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley. El Máximo Tribunal de la Nación destacó que en el supuesto de que, de los autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. Reiteró que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso analizado, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Puntualizó que, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la legislación citada, debe computarse a partir del día siguiente al en que el peticionario de garantías adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, alteraría el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador. Así, estableció que desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado; circunstancia que no deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el peticionario considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. Conforme a los anteriores razonamientos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. De esos razonamientos derivó la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Tampoco obsta a lo anterior, como se mencionó, la circunstancia de que la junta responsable haya notificado el laudo reclamado a los quejosos el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, según se desprende de la constancia de notificación que obra a foja novecientos treinta vuelta del juicio laboral, porque conforme a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se hizo referencia y se transcribió en la presente ejecutoria, se tiene que el plazo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que los promoventes tuvieron pleno conocimiento del nuevo laudo que ahora constituye el acto reclamado, al recibir copias del juicio de origen, o bien, en el trámite del cumplimiento de la ejecutoria del amparo 275/2017, y no a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación realizada por la responsable, por haber acontecido previamente los eventos de tener conocimiento del acto reclamado. Cabe precisar que no sería obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por auto de presidencia se hubiera admitido el presente amparo, pues por su naturaleza, es de aquéllas que no son definitivas en la medida que no obliga al pleno de este órgano colegiado. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J. 19/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento." En las relatadas condiciones, de actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobreseería en el juicio de amparo promovido por los trabajadores, en términos de la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal. Entonces, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, corresponde se dé vista a los quejosos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación a la posible actualización de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 6, este último precepto legal, interpretado en sentido contrario -Carlos Alonso Rodríguez Barraza-, y fracción XIV -José Ordaz Aguiar, Velvet Ordaz Gómez y Vivian Elizabeth Ordaz Gómez- de la Ley de Amparo". En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a los quejosos con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si los quejosos pueden dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.
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