José Omar Romero Esquivel
Expediente 511/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Omar Romero Esquivel
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos: Exhorto diligenciado. Al respecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía electrónica por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 268/2023-II, orden 687/2023, enviado a fin de notificar al directo quejoso el auto de dieciséis de octubre del año en curso. Atento a lo anterior, hágase la anotación correspondiente en el libro de control electrónico. Sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que fue recibido a través del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que lo generó al momento de su remisión. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos: 1. Oficio 50386/2023 signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. 2. Archivo. 3. Valoración documental. 4. Temporalidad para destrucción de expediente. 5. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Al efecto, se acuerda: 1. Aceptación de competencia. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio signado y remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, con la cual acusa de recibo del oficio mediante el cual se le remitió el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa, de igual modo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por José Omar Romero Esquivel, y que la registró en su estadística bajo el número 1817/2023-5. 2. Archivo. En mérito de lo anterior y toda vez que no existe trámite alguno, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 3. Valoración documental. De conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. 4. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de seis meses que se establece en el primer párrafo del citado artículo 19 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente cuaderno de antecedentes. 5. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Identificación de promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de: No. Autoridades señaladas como responsables1.Director del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México2 Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México3 Comité Técnico del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitia, en la Ciudad de México 4 Subdirector de Seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla y en particular de la zona denominada DIAMANTE, en la Ciudad de México 5 Subdirector de apoyo técnico del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatita, en la Ciudad de México 6 Jefe de la Unidad departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México 7 Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8 Comisionado de Prevención y Reinserción Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con domicilio conocido en la Ciudad de México. 9 Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 10 Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 11 Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto. 12 Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo. 13 Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 511/2023-II-3 Determinación de no urgencia de la demanda. En principio es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Ahora, como se advierte de la demanda, ********************, reclama actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, sobre la base que el acto administrativo relativo al traslado los genera o pudiera generar. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en el quejoso actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos cuya trasgresión se reclaman tienen su origen en actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, con residencia en la Ciudad de México a otro centro diverso Estatal o Federal dentro del país, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, debido a que se advierte que el quejoso no está incomunicado, pues es el quien promovió por derecho propio y en uso de medios electrónicos la presente demanda de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Lo anterior, atento a que tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por el quejoso, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente del traslado de que se duele y la apreciación que sobre tal tiene el quejoso, pues también señala, que varios de los actos que reclama, ocurrirían de llevarse a cabo el traslado de que se duele. Determinación de incompetencia. Por otra parte, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3. Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De igual forma, que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En la especie, el peticionario del amparo señala como actos reclamados los siguientes: 1) Violación a sus derechos humanos, a su estado físico y mental por la orden de traslado a otro centro penitenciario Estatal o Federal dentro del país. Que lo alejaría de su domicilio de origen, comunidad y entorno familiar, en caso de que se ejecute. 2) Que dicho traslado es con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y general tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo. 3) Inaplicación de criterios internacionales 4) Violación a los derechos humanos del quejoso por la autorización del traslado. 5) Discriminación. 6) Violación al principio Pro Persona atribuido a los Jueces de Distrito. 7) Agravación de condiciones de internamiento del quejoso, si se lleva a cabo el traslado, porque se traduciría en disolución de los vínculos familiares y afectivos, ya que sus hijos, esposa y familiares no podrían visitarlo por falta de recursos económicos. 8) Violación al interés superior de sus hijos, quienes no podrían verlo por el traslado. 9) Violación a la garantía de audiencia y defensa adecuada. 10) Violación a la garantía de debido proceso por parte de las autoridades administrativas. 11) Castigo disfrazado de traslado (sic) Asimismo, señaló como autoridades responsables entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo; y, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que el directo impetrante se encuentra interno en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en razón de que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde se encuentre interno el directo quejoso; no obstante, al tener en cuenta que se señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con excepción de los de Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; por ende, el Juez de Distrito más cercano a la ciudad de México, en el que se ubica el centro de internamiento, es el ubicado en el Vigesimonoveno Circuito Judicial, cuya demarcación territorial se asienta en Hidalgo. Es así, dado que una vez que fue consultada la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se obtuvo que los órganos jurisdiccionales más cercanos a la Ciudad de México, son los ubicados en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito. En aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en turno, por ser el Juez de Distrito más cercano al lugar donde se encuentra recluido el quejoso, y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notificación a la parte quejosa en su lugar de reclusión por exhorto. Dado que el quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al citado quejoso. Se faculta al juez exhortado a fin de que la notificación encomendada se pueda llevar a cabo en días y horas inhábiles. Asimismo, una vez diligenciado se solicita se sirva realizar la devolución por la misma vía. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario (a) responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Integración. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa.
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