José Omar Avendaño Pedraza
Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Omar Avendaño Pedraza
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, sin que la promovente recurriera el auto de diez de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. 28/05/25 09:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS Juicio de amparo 191/2023 2 Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, puesto que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a su destrucción, estableciendo como fecha probable el cuatro de abril de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 03-03-2023, POR NO ATENDER A LOS AVISOS DE 08-03-2023: ... Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la constancia de correo electrónico la cual trae adjunta el oficio remitido por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Veracruz, con residencia en Xalapa y anexo.********************Atento a su contenido, téngasele cumpliendo con lo instado por este órgano jurisdiccional e informando el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, en lo relativo a que procedió a la cancelación de los certificados de derechos parcelarios números ********************y ********************expedidos a favor de ********************, asimismo, procedió a la reactivación de los certificados de derechos parcelarios números ********************y ********************, expedidos a favor de ********************, ejidatario del poblado El Zapote, Municipio de Alvarado, Veracruz, lo que acredita con las constancias adjuntas al oficio de cuenta.********************En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada con copias íntegras del oficio 327/2023 recibido el ocho de febrero del año en curso, así como del oficio DEV/AJ/1302/2023 y anexo de cuenta, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con los elementos que obren en autos. ********************Por consiguiente, una vez que transcurra el término otorgado a las partes para desahogar la vista indicada en el párrafo anterior, déseme cuenta de nuevo, a fin de determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, o bien, dictar las medidas necesarias para conseguirlo.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Ivette Caballero Rodríguez, secretaria con quien actúa y da fe
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10-03-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 14-03-2023: ... Vista la demanda de amparo presentada en línea por ********************en favor de ********************; regístrese en el libro de gobierno con el juicio ********************2023-I y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 113 en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 109 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." En ese contexto, del libelo constitucional como lo estableció la secretaria en la certificación de cuenta carece de firma electrónica de la promovente********************, por lo que no se puede considerar que ésta se encuentre ejerciendo la acción constitucional; pues conforme al referido numeral 6 de la Ley de Amparo, la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover el juicio de amparo, mismo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada establecido en el citado numeral, que preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, o través de su representante legal o de su defensor. Asimismo, del análisis del escrito de cuenta, se advierten únicamente tres hojas, y en la parte final de la primera, concerniente al capítulo de autoridad responsable se observa que se encuentra incompleto; pues no precisa a quien le atribuye los actos que tilda de inconstitucionales; tampoco se observan los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación reclame, puntos petitorios, ni la solicitud del incidente de suspensión; de ahí que dicho ocurso no guarde secuencia lógica ni se comprenda lo que pretende instar. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6°, y 108, párrafo primero, de la ley que rige la materia, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, aunque de la lectura integral de la demanda se observe que la promovente reclama actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, cuyos requisitos de escrito de demanda, se observen en el artículo 109 de la ley de la materia; el cual el cual establece lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: El acto reclamado; La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." (Lo subrayado es propio) Lo cierto es, que su ocurso no se presentó si quiera cubriendo los requisitos establecidos en el citado artículo 109 de la ley de la materia, pues tal como se adelantó en párrafos anteriores, no refiere la autoridad a la que atribuye los actos que tilda de inconstitucionales, de modo que no se está en posibilidad de dar el trámite correspondiente. En ese contexto, se sostiene que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella dactilar, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En este sentido, no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente para acudir a la presente instancia constitucional; a pesar de que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En relatadas circunstancias, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ende, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado en original por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante; por tanto, cuando se considere que no se reúne ese requisito, la demanda deberá desecharse, tomando en consideración que la firma es un requisito insubsanable de la demanda, puesto que expresa la voluntad de quien la suscribe, avalando a través de ella su contenido. En efecto, si no obra la firma autógrafa de quien suscribe la demanda no existe la certeza de la voluntad para ejercer el derecho que en ésta se consigna, pues de lo contrario se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente cualquier juicio. Cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página trescientos tres, Tomo XV-2, febrero de 1995, registro 208351, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal.". Así como la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, Enero de 1991, registro 223817, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión.". Importa destacar que la demanda de amparo no se presentó vía electrónica conforme al artículo 3 de la ley de la materia, sino que se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, por tanto, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén integrados y dirigidos recae en los usuarios. Sin que con lo anterior, el que suscribe esté contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional, pues esa garantía no es absoluta ni irrestricta a favor de los gobernados, porque el constituyente otorgó a los órganos legislativos el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, incluyendo además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador previó para cada clase de procedimiento. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia 113/2001 del Pleno del más alto tribunal constitucional del país, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, Novena Época, de título y contenido siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 109 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por ********************a favor de ********************. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ténganse por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda. Asimismo, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, los cuales serán utilizados únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisando que a través de dichos medios no se puede realizar notificaciones, ya que no son un medio de notificación previsto por la ley de la materia...
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