José Olivares Castillo

Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
965/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • José Olivares Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V REMITE TESTIMONIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la sesión ordinaria de cinco de octubre del año en curso, emitida en el recurso de queja ********************, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, interpuesto por José Olivares Castillo, contra el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo ********************." Acúsese el recibo correspondiente, y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento) (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, los escritos supuestamente firmados por ********************, mediante los cuales interpone recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tienen por presentados los medios de impugnación referidos; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, los escrito donde se interponen los recursos de queja y copia de estos. Sin que haya necesidad de remitir copias certificadas del presente asunto para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós. Por lo que, se comisiona al Oficial Judicial A, para que habilite los campos necesarios que permitan al Tribunal de Alzada correspondiente, la consulta del expediente electrónico. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    MESA V CITATORIO QUEJOSA SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PORVEIDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE ESTE AÑO Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por José Olivares Castillo, por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 965/2023-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La respuesta emitida por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México a su solicitud registral de diez de marzo de dos mil veintitrés. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. " Además, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. ." Las disposiciones constitucionales y legales transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Asimismo, los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Federal de Procedimiento Administrativo, establecen lo siguiente: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Artículo 84.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. Artículo 85.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra." Lo enfatizado es propio." De igual forma, el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional se obtiene que de su artículo 59 establece lo siguiente: "Artículo 59. Contra la calificación negativa, procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el promovente no interpone el recurso de revisión, se pondrá a disposición del interesado la documentación respectiva." De igual forma el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, prevé: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [.] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;" Los preceptos transcritos, establecen que los afectados por actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán, de manera optativa, interponer el recurso de revisión en el término de quince días o bien acudir ante el Tribunal Unitario Agrario demandando la nulidad del acto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia PC.XII.A. J/2 A (10a.), con número de registro digital 2009744, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, cuyos texto y rubro son: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo enfatizado es propio. En el caso en estudio, el acto reclamado consistente en la respuesta emitida por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México a su solicitud registral de diez de marzo de dos mil veintitrés, puede ser impugnado a través del recurso de revisión, como al efecto lo disponen los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad previsto en el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que la parte quejosa se encuentra obligada a promover acudir a dichos medio de defensa previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Por tal motivo, dado que los artículos 83, 84 y 85 de la Ley de Federal de Procedimiento Administrativo, así como el diverso numeral 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional al cual se encuentra sujeto el acto de autoridad que se reclama en esta vía constitucional, prevé el recurso de revisión, o el juicio de nulidad de conformidad con el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y la jurisprudencia PC.XII.A. J/2 A (10a.), con número de registro digital 2009744, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, como medio de defensa mediante el cual el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama, es de sostenerse que la interposición de dicho medio de defensa es obligatoria para la parte quejosa, en atención al principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia IX.1º.J/9, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1031, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189268, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." No pasa desapercibido que del anexo que el quejoso acompaña a su demanda se advierte que la propia autoridad hace del conocimiento del quejoso qué medio de impugnación procede en contra de la resolución que combate. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por José Olivares Castillo, por propio derecho, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el quejoso en su ocurso de demanda. AUTORIZADO. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Efraín Sámano González, pues no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente

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