José Olegario Sonda López

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • José Olegario Sonda López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, en la que en su punto resolutivo primero negó el amparo solicitado por José Olegario Sonda López, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la sentencia se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITTOEIO....Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 943/2021-IV, promovido por José Olegario Sonda López, contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16,19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, José Olegario Sonda López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: - El auto de vinculación a proceso decretado en su contra el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 98/2021, que se le instruye por los delitos de violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Acto existente. El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, aceptó la certeza de los actos reclamados, de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas, en la que se destaca el acta mínima de los actos reclamados en la carpeta administrativa 98/2021, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la Juez responsable como justificación a su informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que la citada Juez decretó auto de vinculación a proceso en su contra como probable responsable de los delitos citados con antelación. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos, sin embargo, por cuestión de metodología se procede a un resumen de ellos; así la parte quejosa argumenta esencialmente: Que transgrede en su perjuicio la resolución reclamada toda vez que sin existir datos que establezcan de manera razonable la existencia de los delitos imputados, así como tampoco su probable responsabilidad fue injustamente vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva oficiosa. Argumenta lo anterior, debido a que el menor compareció dos veces ante el Ministerio Público, una el cinco de julio de dos mil dieciséis, y otra el diez de marzo de dos mil diecisiete, siendo que en la primera no fue consistente en señalar las fechas en que ocurrieron los hechos, y ya en la segunda comparecencia expuso a mayor detalle las fechas, lo cual crea suspicacia en cuanto sus declaraciones, debido a que incluso existen notas marginales en el acta de entrevista al menor de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, en las cuales se sugiere agregar a los hechos circunstancias que hicieran encuadrar el delito a los tiempos en que se supone se dio la actividad desplegada, por lo que se le debió restar valor probatorio el testimonio del menor; sin embargo, la juez no tomó en consideración dicha circunstancia, debido a que únicamente expuso que las víctimas solo relatan de forma espontánea y "los fiscales debe estar a las vivas" para que no se les escape información, sin que se pueda restar valor probatorio. Por otra parte, sigue argumentando que la Juez le dictó un auto de vinculación a proceso sin realizar un análisis de lo argumentado por la defensa, siendo que el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad y la ponderación entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa; sin embargo, la juez responsable no lo realizó debido a que existen diversas inconsistencias entre el dicho del menor, la denunciante, su padre y su hermana, pues el menor y su madre que es la denunciante, nunca refirieron en algún momento que además de ella también iba la hermana de iniciales A.G.A. a recoger al menor, siendo esto importante porque la supuesta agresión sexual se daba precisamente en los horarios posteriores a que terminaran las asesorías supuestamente aprovechando que la denunciante se retrasaba a buscar al menor de edad; sin embargo, como se ha visto la denunciante no era la única persona que iba por el menor, lo cual fue confirmado por el padre del menor de iniciales E.G.L. en fecha de trece de diciembre de dos mil diecisiete, confirmando el dicho de su hija de iniciales A.G.A. Por tanto, la juzgadora al momento de resolver a cerca del auto de vinculación debió analizar si los hechos imputados guardaban una lógica, si estos se encontraban sustentados o no con otros datos de prueba y no únicamente basarse en que hay que creerles a las víctimas única y exclusivamente porque fueron a denunciar o porque la Ley General de Víctimas señala que les asiste la buena fe, ya que como bien es sabido esa buena fe también debe estar sustentada en datos de prueba para darle algún grado de certeza, ya que de no hacerlo así, todas las personas podrían acudir a denunciar a cualquier persona sin existir necesidad de que realmente se haya suscitado un hecho delictivo en su contra. Además de que con los datos de prueba invocados por la juez (examen proctológico y psicológico) sería prácticamente imposible justificar la existencia de los lapsos de tiempo que refirió el menor como aquellos en los que supuestamente acontecieron las agresiones sexuales. Sigue diciendo que además de todos los hechos narrados por la fiscal al momento de solicitar la imputación y los datos de prueba invocados en la vinculación como son la denuncia de la madre del menor, el testimonio de la hermana de iniciales A.G.A. y del padre del menor de iniciales E.G.L. y que rodean al menor en ningún momento señalaron que el menor presentara los signos que refirió la psicóloga, los cuales tal y como manifestó sería común que presentara un adolecente que ha sido violentado, además de que la psicóloga se contradijo en su narrativa de hechos. Sin que deba pasar inadvertido que el menor cambia su versión de manera constante, pues en su primera comparecencia refirió que supuestamente los abusos sexuales (tocamientos y besos) iniciaron en el mes de agosto del año dos mil quince, en su segunda comparecencia señaló que comenzaron cuando inició sus asesorías y posteriormente ante la psicóloga señaló que todos los días le metía el pene, pero respecto a este punto no existe dato de prueba objetivo que demuestre lo señalado, por lo tanto, es evidente que el menor varia las circunstancias de tiempos y los hechos de los que supuestamente fue objeto. Los anteriores conceptos de violación son infundados sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. La finalidad del auto de vinculación a proceso ubicado procesalmente en la etapa de investigación, tiene como su efecto más evidente convertir a la investigación inicial o desformalizada, en una investigación judicializada o formalizada. Dicho en otras palabras, la continuación de esta investigación requiere que no sólo sea presentada una solicitud por el órgano de investigación, sino que sea acompañado de datos de prueba que la sustenten, es decir, el acto (vinculación a proceso) se convierte en la garantía para el imputado de que solo se le puede investigar si existen datos de pruebas que lo justifiquen; bajo esa naturaleza se le evita un acto de molestia con una investigación inmotivada. También es importante dejar sentado que se requiere un nivel de certeza distinto para cada una de las etapas, por tanto la exigencia para dictar la resolución en estudio será menor que la requerida en la etapa de juicio. Por ello, dado que el fallo reclamado no implica la privación de la libertad por sí misma, se considera que la vinculación a proceso se trata de un control a la investigación en curso, y no sería razonable exigir un parámetro probatorio elevado; así, las exigencias probatorias son más flexibles, cercanas al del concepto de causa probable norteamericano, o la sospecha vehemente del proceso penal alemán; tal situación es relevante por lo que se hará ver más adelante. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, cuyo rubro y texto son los que siguen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahondando al respecto, los requisitos de forma y de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Condigo Nacional de Procedimiento Penales, que establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." Los primeros son: REQUISITO DATO SE CUMPLE Debe dictarse a más tardar a las 72 horas (144 ante la solicitud de ampliación del plazo) a partir de la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial derivado en el presente del cumplimiento de la orden de aprehensión. Se puso a disposición de la jueza a las catorce horas con veintitrés minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (minuto 10:30:02 a.m de la audiencia de formulación de la imputación). En dicha audiencia, el imputado solicitó la duplicidad para que se le resolviera la situación jurídica en 144 horas. Se dictó la vinculación a las catorce horas con treinta y ocho minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno (minuto 02:38:37 p.m de la audiencia de vinculación a proceso). Deben expresarse el delito que se imputa al inculpado, así como las circunstancias de su ejecución. Delitos violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales.. Circunstancias. De tiempo: Entre el mes de marzo de dos mil quince y mayo de dos mil dieciséis, en un horario aproximado de las dieciocho a las diecinueve horas. De lugar: Predio cuatrocientos setenta y cuatro letra "G", de la calle cincuenta y cinco "A", por sesenta y ocho y setenta, de la colonia centro de esta ciudad. De modo: Fue denunciado el hecho por el menor a su madre y ésta a su vez lo hizo del conocimiento de la Fiscalía. Que se haya formulado imputación. La fiscalía formuló imputación al inicio de la audiencia celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, y posteriormente se le preguntó al imputado sobre el plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica. Haberle dado la oportunidad de declarar. La persona imputada hizo uso de su derecho de no declarar a sugerencia de su defensor. Que no se actualice causal de extinción. Se estableció en la resolución que no se actualiza ni extinción de la acción penal, ni excluyente de delito conforme al artículo 15 del Código Penal Federal. Analizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro arriba inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por la juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Como ha quedado establecido, esta autoridad se circunscribe al estudio de los agravios expuestos, sin estar obligada a suplirlos por no encontrar violación a los derechos humanos del imputado; al respecto el quejoso se duele de la comprobación de los hechos que la ley señala como delito. Relativo a los requisitos de fondo, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito. A juicio de este Juzgador, los datos de prueba con los que se integró la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta administrativa 98/2021, son suficientes para dictar vinculación a proceso, a efecto de continuar una investigación exhaustiva (investigación complementaria). Se hace énfasis en los hechos sucedidos los cuales son los siguientes: "Que el sujeto activo es probablemente la persona que en el mes de marzo del año dos mil quince, cuando el sujeto pasivo de identidad reservada y evidentemente con las iniciales correspondientes M.G.A. contaba con once años de edad, abusó sexualmente de él ya que lo abrazaba prolongadamente, bajaba sus manos por toda la espalda hasta llegar a sus glúteos y tocárselos, así como lo besaba en la boca y en el cuello, igualmente, el sujeto activo es probablemente la misma persona que a principios del mes de junio de dos mil quince, abusó sexualmente del sujeto pasivo quienes menor de edad y que contaba con once años de edad todavía, ya que le tocó su pene por encima de su short tipo deportivo. Por otro lado, el sujeto activo también es probablemente quien entre finales del mes de junio y principios del mes de julio del año dos mil quince, abusó sexualmente del pasivo, quien contaba también con once años de edad, ya que lo abrazaba, lo besaba en la boca, lo sujetaba por detrás en forma de abrazo y le sujetaba fuertemente una mano al menor, la cual se la doblaba hacía atrás poniéndosela sobre su pene y haciendo el sujeto activo que el pasivo lo masturbara. Además, en el mes de septiembre de dos mil quince, el sujeto activo abusó sexualmente de dicho menor quien todavía contaba con once años de edad, pues lo besó en el cuello, la boca, lo obligó a que lo masturbara, así como le tocaba al menor distintas partes de su cuerpo, incluyendo su pene acariciándolo. Asimismo, el sujeto activo es quien probablemente durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de marzo de dos mil dieciséis, agredió sexualmente a dicho menor quien ya contaba con doce años de edad, ya que lo desnudaba, le lamia los pezones, lo besaba en todo el cuerpo y lo obligaba a que lo masturbara, así como que le manoseaba el pene a dicha víctima. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto activo le impuso la cópula a dicho menor de doce años, pues le acarició todo el cuerpo, lo besó en el cuello, en la boca y le introdujo su miembro viril en su zona ano rectal para luego decirle que no dijera nada. De igual forma, el trece de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto activo nuevamente agredió al menor de identidad reservada quien contaba con doce años de edad, ya que lo desnudó, le besó la boca y lo penetró por la vía ano rectal introduciéndole su miembro viril, esto en un horario aproximado entre las dieciocho y diecinueve horas y todas las agresiones ocurrieron en el interior del predio cuatrocientos setenta y cuatro letra "G", de la calle cincuenta y cinco "A", por sesenta y ocho y setenta, de la colonia centro de esta ciudad, ya que en ese lugar el menor acudía a tomar asesorías que le eran impartidas por el sujeto activo, por lo cual éste aprovechaba de la confianza que se le depositó por los padres del menor para realizar estos ataques a su libertad sexual y a su libre desarrollo psicosexual, pues menciona la fiscalía que el menor no le mencionó nada a su madre en principio porque le causaba miedo el sujeto activo y porque pensaba que no le iban a creer ya que lo conocían y tenían confianza, sin embargo, al ser valorado por facultativos de la Fiscalía, lo hallaron con datos de penetración ano rectal no recientes". Lo cual se considera verosímil, adminiculada y fortalecida con el resto de datos de pruebas que fueron objeto de la imputación del órgano de investigación y sobre los cuales se sustenta la vinculación a proceso, sobre este tópico se cuenta con: El acta de nacimiento del menor ofendido con la que se acredita la minoría de edad. La denuncia de la madre del menor de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la que expuso lo que su hijo le contó respecto a las agresiones sexuales cometidas en su contra. Comparecencias del menor ante el Fiscal investigador de fechas cinco de julio de dos mil dieciséis y diez de marzo de dos mil diecisiete, en las que expuso los hechos y agresiones que cometió el sujeto activo hacía su persona. Dictámenes médicos de integridad física, psicofisiológico, dexotometría cronológico y proctológico de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, practicado por Ángel Gabriel Rodríguez Fernández, así como el dictamen proctológico en el que se concluyó que el menor presentaba datos de penetración ano rectal no recientes. Testimoniales de la hermana del menor de iniciales A.G.A y su padre de iniciales E.G.L. en los cuales son coincidentes en señalar que el menor tomaba asesorías en el domicilio del sujeto activo. Inspección ocular a cargo de Martín Mauricio Solís Ruiz perito fotógrafo, al cual se adjuntaron fotografías del lugar de los hechos. Informe policial homologado de diez de febrero de dos mil diecisiete, realizado por Geny Marisol Márquez Pacheco, agente de la Policía Estatal Investigadora, en el cual se adjuntaron datos del inculpado. Informe de atención médica psicológica Celia Pacheco Sosaya. Por lo anterior cabe insistir, no asiste razón al quejoso puesto que como se aprecia hasta este momento procesal, existen varios hechos que configuran diversos tipos penales al que se le atribuye su comisión, pues existe una imputación directa del menor agredido, y hay datos de prueba que permiten actualizar ambos extremos. Es así que en virtud de los elementos probatorios presentados por la fiscalía, a criterio de este juzgado fueron bastantes para el dictado de la vinculación a proceso reclamado dictado en contra del quejoso José Olegario Sonda López, en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, instruida en la carpeta administrativa 98/2021, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, por los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se justifica la continuación del proceso en la etapa de investigación complementaria. Cabe hacer la precisión que respecto a las alegaciones de la defensa en el sentido de que la Juez le dictó un auto de vinculación a proceso sin realizar un análisis de lo argumentado por la defensa, siendo que el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad y la ponderación entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa, se consideran infundadas debido a que la Juez responsable sí examinó el grado de razonabilidad y ponderación entre el dicho del menor y el resto de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ya que le dio contestación a todos los argumentos planteados por la defensa de manera lógica y congruente con todos y cada uno de los datos de prueba. Asimismo, no por el hecho de que en la primera declaración del menor no se hayan estipulado con claridad las fechas de las agresiones es motivo para no darle credibilidad, pues el que resuelve es coincidente en lo que resolvió la juez responsable en el sentido de señalar que las víctimas narran los hechos de manera espontánea y es el Ministerio Público el encargado de encuadrar los hechos a la conducta típica, ya que es su responsabilidad el de investigar los delitos, además de que las anotaciones marginales únicamente son indicativo de los detalles que consideró necesarios para encuadrar las circunstancias de tiempo de los hechos, debido que al tratarse de un menor de edad es más difícil que entienda como se lleva a cabo una investigación, pues él únicamente refirió las agresiones siendo necesario que recordara las fechas de las agresiones para encuadrar las circunstancias de tiempo lo cual realizó en su segunda intervención al declarar, siendo muy claro el menor en citar cómo le fueron inferidas las agresiones, señalando claramente al inculpado como la persona que se las realizó, lo que se concatena con el dicho de la madre, la hermana y el padre de éste, en el sentido de que el menor tomaba asesorías con el imputado en el domicilio de éste, además que existe el examen proctológico por parte de un perito oficial en el que se concluyó que efectivamente el menor presentaba penetración ano rectal no reciente, lo cual es congruente con el dicho del menor, siendo que con estos datos de prueba se advierte la valoración lógica, congruente y razonable de la juez responsable para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Además de que no por el hecho de que los familiares del menor ofendido no hayan manifestado que el menor presentara algún síntoma de un adolecente que ha sido violentado y que otras personas recogían al menor se pueda decir que no se ejecutaron las agresiones, pues respecto a lo primero cada persona es diferente por lo que no todos reaccionan de la misma manera ante una agresión sexual, y en cuanto a lo segundo es irrelevante quién recogía al menor cuando terminaban sus asesorías, por lo que en este momento procesal no es dable analizar esas circunstancias. Por otro lado, en cuanto a lo que señala el quejoso en su demanda de amparo en el sentido que existe contradicción en los lapsos del tiempo señalados por el menor en sus dos declaraciones, las contradicciones que dice existen entre las declaraciones del menor, la madre, el padre y hermana de éste, así como la valoración de todas la pruebas, no es el momento procesal oportuno para su análisis ya que esto sería análisis en la etapa de juicio, pues hay que recordar que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo cual se acredita con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, así como la imputación que realiza el menor al sujeto activo del delito, por lo que hasta este momento procesal se consideran suficientes para el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que proceda negar el amparo solicitado, por haber resultado infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso José Olegario Sonda López, contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, en contra del auto de vinculación a proceso de diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 98/2021 por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy (veintidós de noviembre de dos mil veintiuno), por así permitirlo las labores del Juzgado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 943/2021-IV, promovido por José Olegario Sonda López, contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16,19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, José Olegario Sonda López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: - El auto de vinculación a proceso decretado en su contra el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 98/2021, que se le instruye por los delitos de violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Acto existente. El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, aceptó la certeza de los actos reclamados, de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas, en la que se destaca el acta mínima de los actos reclamados en la carpeta administrativa 98/2021, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la Juez responsable como justificación a su informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que la citada Juez decretó auto de vinculación a proceso en su contra como probable responsable de los delitos citados con antelación. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos, sin embargo, por cuestión de metodología se procede a un resumen de ellos; así la parte quejosa argumenta esencialmente: Que transgrede en su perjuicio la resolución reclamada toda vez que sin existir datos que establezcan de manera razonable la existencia de los delitos imputados, así como tampoco su probable responsabilidad fue injustamente vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva oficiosa. Argumenta lo anterior, debido a que el menor compareció dos veces ante el Ministerio Público, una el cinco de julio de dos mil dieciséis, y otra el diez de marzo de dos mil diecisiete, siendo que en la primera no fue consistente en señalar las fechas en que ocurrieron los hechos, y ya en la segunda comparecencia expuso a mayor detalle las fechas, lo cual crea suspicacia en cuanto sus declaraciones, debido a que incluso existen notas marginales en el acta de entrevista al menor de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, en las cuales se sugiere agregar a los hechos circunstancias que hicieran encuadrar el delito a los tiempos en que se supone se dio la actividad desplegada, por lo que se le debió restar valor probatorio el testimonio del menor; sin embargo, la juez no tomó en consideración dicha circunstancia, debido a que únicamente expuso que las víctimas solo relatan de forma espontánea y "los fiscales debe estar a las vivas" para que no se les escape información, sin que se pueda restar valor probatorio. Por otra parte, sigue argumentando que la Juez le dictó un auto de vinculación a proceso sin realizar un análisis de lo argumentado por la defensa, siendo que el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad y la ponderación entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa; sin embargo, la juez responsable no lo realizó debido a que existen diversas inconsistencias entre el dicho del menor, la denunciante, su padre y su hermana, pues el menor y su madre que es la denunciante, nunca refirieron en algún momento que además de ella también iba la hermana de iniciales A.G.A. a recoger al menor, siendo esto importante porque la supuesta agresión sexual se daba precisamente en los horarios posteriores a que terminaran las asesorías supuestamente aprovechando que la denunciante se retrasaba a buscar al menor de edad; sin embargo, como se ha visto la denunciante no era la única persona que iba por el menor, lo cual fue confirmado por el padre del menor de iniciales E.G.L. en fecha de trece de diciembre de dos mil diecisiete, confirmando el dicho de su hija de iniciales A.G.A. Por tanto, la juzgadora al momento de resolver a cerca del auto de vinculación debió analizar si los hechos imputados guardaban una lógica, si estos se encontraban sustentados o no con otros datos de prueba y no únicamente basarse en que hay que creerles a las víctimas única y exclusivamente porque fueron a denunciar o porque la Ley General de Víctimas señala que les asiste la buena fe, ya que como bien es sabido esa buena fe también debe estar sustentada en datos de prueba para darle algún grado de certeza, ya que de no hacerlo así, todas las personas podrían acudir a denunciar a cualquier persona sin existir necesidad de que realmente se haya suscitado un hecho delictivo en su contra. Además de que con los datos de prueba invocados por la juez (examen proctológico y psicológico) sería prácticamente imposible justificar la existencia de los lapsos de tiempo que refirió el menor como aquellos en los que supuestamente acontecieron las agresiones sexuales. Sigue diciendo que además de todos los hechos narrados por la fiscal al momento de solicitar la imputación y los datos de prueba invocados en la vinculación como son la denuncia de la madre del menor, el testimonio de la hermana de iniciales A.G.A. y del padre del menor de iniciales E.G.L. y que rodean al menor en ningún momento señalaron que el menor presentara los signos que refirió la psicóloga, los cuales tal y como manifestó sería común que presentara un adolecente que ha sido violentado, además de que la psicóloga se contradijo en su narrativa de hechos. Sin que deba pasar inadvertido que el menor cambia su versión de manera constante, pues en su primera comparecencia refirió que supuestamente los abusos sexuales (tocamientos y besos) iniciaron en el mes de agosto del año dos mil quince, en su segunda comparecencia señaló que comenzaron cuando inició sus asesorías y posteriormente ante la psicóloga señaló que todos los días le metía el pene, pero respecto a este punto no existe dato de prueba objetivo que demuestre lo señalado, por lo tanto, es evidente que el menor varia las circunstancias de tiempos y los hechos de los que supuestamente fue objeto. Los anteriores conceptos de violación son infundados sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. La finalidad del auto de vinculación a proceso ubicado procesalmente en la etapa de investigación, tiene como su efecto más evidente convertir a la investigación inicial o desformalizada, en una investigación judicializada o formalizada. Dicho en otras palabras, la continuación de esta investigación requiere que no sólo sea presentada una solicitud por el órgano de investigación, sino que sea acompañado de datos de prueba que la sustenten, es decir, el acto (vinculación a proceso) se convierte en la garantía para el imputado de que solo se le puede investigar si existen datos de pruebas que lo justifiquen; bajo esa naturaleza se le evita un acto de molestia con una investigación inmotivada. También es importante dejar sentado que se requiere un nivel de certeza distinto para cada una de las etapas, por tanto la exigencia para dictar la resolución en estudio será menor que la requerida en la etapa de juicio. Por ello, dado que el fallo reclamado no implica la privación de la libertad por sí misma, se considera que la vinculación a proceso se trata de un control a la investigación en curso, y no sería razonable exigir un parámetro probatorio elevado; así, las exigencias probatorias son más flexibles, cercanas al del concepto de causa probable norteamericano, o la sospecha vehemente del proceso penal alemán; tal situación es relevante por lo que se hará ver más adelante. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia por contradicción de tesis 87/2016, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se refiere que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo, en relación a estos últimos se requiere que: 1) existan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que no se necesitan de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues basta encuadrar la conducta a la norma penal aplicable, para la continuación de la investigación complementaria, en su fase judicializada, cuyo rubro y texto son los que siguen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahondando al respecto, los requisitos de forma y de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso están previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Condigo Nacional de Procedimiento Penales, que establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa." Los primeros son: REQUISITO DATO SE CUMPLE Debe dictarse a más tardar a las 72 horas (144 ante la solicitud de ampliación del plazo) a partir de la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial derivado en el presente del cumplimiento de la orden de aprehensión. Se puso a disposición de la jueza a las catorce horas con veintitrés minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (minuto 10:30:02 a.m de la audiencia de formulación de la imputación). En dicha audiencia, el imputado solicitó la duplicidad para que se le resolviera la situación jurídica en 144 horas. Se dictó la vinculación a las catorce horas con treinta y ocho minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno (minuto 02:38:37 p.m de la audiencia de vinculación a proceso). Deben expresarse el delito que se imputa al inculpado, así como las circunstancias de su ejecución. Delitos violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal, vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales.. Circunstancias. De tiempo: Entre el mes de marzo de dos mil quince y mayo de dos mil dieciséis, en un horario aproximado de las dieciocho a las diecinueve horas. De lugar: Predio cuatrocientos setenta y cuatro letra "G", de la calle cincuenta y cinco "A", por sesenta y ocho y setenta, de la colonia centro de esta ciudad. De modo: Fue denunciado el hecho por el menor a su madre y ésta a su vez lo hizo del conocimiento de la Fiscalía. Que se haya formulado imputación. La fiscalía formuló imputación al inicio de la audiencia celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, y posteriormente se le preguntó al imputado sobre el plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica. Haberle dado la oportunidad de declarar. La persona imputada hizo uso de su derecho de no declarar a sugerencia de su defensor. Que no se actualice causal de extinción. Se estableció en la resolución que no se actualiza ni extinción de la acción penal, ni excluyente de delito conforme al artículo 15 del Código Penal Federal. Analizadas las posibles violaciones no se encontró motivo por el cual sea necesaria suplencia respecto de situaciones de forma, y por el contrario se advirtió que se cumplieron todas, como se desprende del cuadro arriba inserto, por ello se tienen válidamente por acreditados por la juez responsable. Ahora bien, los requisitos de fondo son: La existencia de datos que establezcan que se ha realizado una conducta que la ley señala como delito; y, que una persona pudo haberla cometido o participado en su comisión. Como ha quedado establecido, esta autoridad se circunscribe al estudio de los agravios expuestos, sin estar obligada a suplirlos por no encontrar violación a los derechos humanos del imputado; al respecto el quejoso se duele de la comprobación de los hechos que la ley señala como delito. Relativo a los requisitos de fondo, igualmente se observa que se tienen por acreditados, con el estándar requerido para ese momento procesal, dado que existen los datos de prueba indispensables, con los que se establece un hecho que reviste carácter de delito. A juicio de este Juzgador, los datos de prueba con los que se integró la carpeta de investigación (investigación inicial) que ahora integran la carpeta administrativa 98/2021, son suficientes para dictar vinculación a proceso, a efecto de continuar una investigación exhaustiva (investigación complementaria). Se hace énfasis en los hechos sucedidos los cuales son los siguientes: "Que el sujeto activo es probablemente la persona que en el mes de marzo del año dos mil quince, cuando el sujeto pasivo de identidad reservada y evidentemente con las iniciales correspondientes M.G.A. contaba con once años de edad, abusó sexualmente de él ya que lo abrazaba prolongadamente, bajaba sus manos por toda la espalda hasta llegar a sus glúteos y tocárselos, así como lo besaba en la boca y en el cuello, igualmente, el sujeto activo es probablemente la misma persona que a principios del mes de junio de dos mil quince, abusó sexualmente del sujeto pasivo quienes menor de edad y que contaba con once años de edad todavía, ya que le tocó su pene por encima de su short tipo deportivo. Por otro lado, el sujeto activo también es probablemente quien entre finales del mes de junio y principios del mes de julio del año dos mil quince, abusó sexualmente del pasivo, quien contaba también con once años de edad, ya que lo abrazaba, lo besaba en la boca, lo sujetaba por detrás en forma de abrazo y le sujetaba fuertemente una mano al menor, la cual se la doblaba hacía atrás poniéndosela sobre su pene y haciendo el sujeto activo que el pasivo lo masturbara. Además, en el mes de septiembre de dos mil quince, el sujeto activo abusó sexualmente de dicho menor quien todavía contaba con once años de edad, pues lo besó en el cuello, la boca, lo obligó a que lo masturbara, así como le tocaba al menor distintas partes de su cuerpo, incluyendo su pene acariciándolo. Asimismo, el sujeto activo es quien probablemente durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de marzo de dos mil dieciséis, agredió sexualmente a dicho menor quien ya contaba con doce años de edad, ya que lo desnudaba, le lamia los pezones, lo besaba en todo el cuerpo y lo obligaba a que lo masturbara, así como que le manoseaba el pene a dicha víctima. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto activo le impuso la cópula a dicho menor de doce años, pues le acarició todo el cuerpo, lo besó en el cuello, en la boca y le introdujo su miembro viril en su zona ano rectal para luego decirle que no dijera nada. De igual forma, el trece de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto activo nuevamente agredió al menor de identidad reservada quien contaba con doce años de edad, ya que lo desnudó, le besó la boca y lo penetró por la vía ano rectal introduciéndole su miembro viril, esto en un horario aproximado entre las dieciocho y diecinueve horas y todas las agresiones ocurrieron en el interior del predio cuatrocientos setenta y cuatro letra "G", de la calle cincuenta y cinco "A", por sesenta y ocho y setenta, de la colonia centro de esta ciudad, ya que en ese lugar el menor acudía a tomar asesorías que le eran impartidas por el sujeto activo, por lo cual éste aprovechaba de la confianza que se le depositó por los padres del menor para realizar estos ataques a su libertad sexual y a su libre desarrollo psicosexual, pues menciona la fiscalía que el menor no le mencionó nada a su madre en principio porque le causaba miedo el sujeto activo y porque pensaba que no le iban a creer ya que lo conocían y tenían confianza, sin embargo, al ser valorado por facultativos de la Fiscalía, lo hallaron con datos de penetración ano rectal no recientes". Lo cual se considera verosímil, adminiculada y fortalecida con el resto de datos de pruebas que fueron objeto de la imputación del órgano de investigación y sobre los cuales se sustenta la vinculación a proceso, sobre este tópico se cuenta con: El acta de nacimiento del menor ofendido con la que se acredita la minoría de edad. La denuncia de la madre del menor de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la que expuso lo que su hijo le contó respecto a las agresiones sexuales cometidas en su contra. Comparecencias del menor ante el Fiscal investigador de fechas cinco de julio de dos mil dieciséis y diez de marzo de dos mil diecisiete, en las que expuso los hechos y agresiones que cometió el sujeto activo hacía su persona. Dictámenes médicos de integridad física, psicofisiológico, dexotometría cronológico y proctológico de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, practicado por Ángel Gabriel Rodríguez Fernández, así como el dictamen proctológico en el que se concluyó que el menor presentaba datos de penetración ano rectal no recientes. Testimoniales de la hermana del menor de iniciales A.G.A y su padre de iniciales E.G.L. en los cuales son coincidentes en señalar que el menor tomaba asesorías en el domicilio del sujeto activo. Inspección ocular a cargo de Martín Mauricio Solís Ruiz perito fotógrafo, al cual se adjuntaron fotografías del lugar de los hechos. Informe policial homologado de diez de febrero de dos mil diecisiete, realizado por Geny Marisol Márquez Pacheco, agente de la Policía Estatal Investigadora, en el cual se adjuntaron datos del inculpado. Informe de atención médica psicológica Celia Pacheco Sosaya. Por lo anterior cabe insistir, no asiste razón al quejoso puesto que como se aprecia hasta este momento procesal, existen varios hechos que configuran diversos tipos penales al que se le atribuye su comisión, pues existe una imputación directa del menor agredido, y hay datos de prueba que permiten actualizar ambos extremos. Es así que en virtud de los elementos probatorios presentados por la fiscalía, a criterio de este juzgado fueron bastantes para el dictado de la vinculación a proceso reclamado dictado en contra del quejoso José Olegario Sonda López, en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, instruida en la carpeta administrativa 98/2021, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, por los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada agravada (2) previsto y sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 313 párrafo segundo y 316 párrafo primero, fracción IV, del Código Penal vigente en la época de los hechos; abuso sexual equiparado agravado (4), previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 310, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal vigente en la época de los hechos; y abuso sexual agravado, previsto sancionado con pena privativa de libertad, por los artículos 309, en relación con el 316, párrafo primero, fracción IV, ambos del Código Penal vigente en la época de los hechos; y todos estos numerales relacionados a su vez con los artículos 19 y 86 del Código Penal vigente en la época de los hechos, concatenados con los numerales 30 y 410, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se justifica la continuación del proceso en la etapa de investigación complementaria. Cabe hacer la precisión que respecto a las alegaciones de la defensa en el sentido de que la Juez le dictó un auto de vinculación a proceso sin realizar un análisis de lo argumentado por la defensa, siendo que el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad y la ponderación entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa, se consideran infundadas debido a que la Juez responsable sí examinó el grado de razonabilidad y ponderación entre el dicho del menor y el resto de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ya que le dio contestación a todos los argumentos planteados por la defensa de manera lógica y congruente con todos y cada uno de los datos de prueba. Asimismo, no por el hecho de que en la primera declaración del menor no se hayan estipulado con claridad las fechas de las agresiones es motivo para no darle credibilidad, pues el que resuelve es coincidente en lo que resolvió la juez responsable en el sentido de señalar que las víctimas narran los hechos de manera espontánea y es el Ministerio Público el encargado de encuadrar los hechos a la conducta típica, ya que es su responsabilidad el de investigar los delitos, además de que las anotaciones marginales únicamente son indicativo de los detalles que consideró necesarios para encuadrar las circunstancias de tiempo de los hechos, debido que al tratarse de un menor de edad es más difícil que entienda como se lleva a cabo una investigación, pues él únicamente refirió las agresiones siendo necesario que recordara las fechas de las agresiones para encuadrar las circunstancias de tiempo lo cual realizó en su segunda intervención al declarar, siendo muy claro el menor en citar cómo le fueron inferidas las agresiones, señalando claramente al inculpado como la persona que se las realizó, lo que se concatena con el dicho de la madre, la hermana y el padre de éste, en el sentido de que el menor tomaba asesorías con el imputado en el domicilio de éste, además que existe el examen proctológico por parte de un perito oficial en el que se concluyó que efectivamente el menor presentaba penetración ano rectal no reciente, lo cual es congruente con el dicho del menor, siendo que con estos datos de prueba se advierte la valoración lógica, congruente y razonable de la juez responsable para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Además de que no por el hecho de que los familiares del menor ofendido no hayan manifestado que el menor presentara algún síntoma de un adolecente que ha sido violentado y que otras personas recogían al menor se pueda decir que no se ejecutaron las agresiones, pues respecto a lo primero cada persona es diferente por lo que no todos reaccionan de la misma manera ante una agresión sexual, y en cuanto a lo segundo es irrelevante quién recogía al menor cuando terminaban sus asesorías, por lo que en este momento procesal no es dable analizar esas circunstancias. Por otro lado, en cuanto a lo que señala el quejoso en su demanda de amparo en el sentido que existe contradicción en los lapsos del tiempo señalados por el menor en sus dos declaraciones, las contradicciones que dice existen entre las declaraciones del menor, la madre, el padre y hermana de éste, así como la valoración de todas la pruebas, no es el momento procesal oportuno para su análisis ya que esto sería análisis en la etapa de juicio, pues hay que recordar que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo cual se acredita con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, así como la imputación que realiza el menor al sujeto activo del delito, por lo que hasta este momento procesal se consideran suficientes para el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que proceda negar el amparo solicitado, por haber resultado infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso José Olegario Sonda López, contra los actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, en contra del auto de vinculación a proceso de diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 98/2021 por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy (veintidós de noviembre de dos mil veintiuno), por así permitirlo las labores del Juzgado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez en turno, adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual informa que ordenó suspender el proceso y por ende, la audiencia intermedia en la carpeta administrativa de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano