Jose Olegario Montoya Mata

Expediente 2255/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2255/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Olegario Montoya Mata

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa JOSE OLEGARIO MONTOYA MATA, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por José Olegario Montoya Mata y por su asesor jurídico licenciado Nicolás Torres García, a través del cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de veinte del actual, precisa lo siguiente: Que señala y reclama la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, notificada esa propia fecha. Que también señala como acto reclamado el diverso auto de quince de los corrientes el cual se dictó en ejecución a la resolución antes destacada. Que el recurso de revocación lo enderezó en contra de un acuerdo diverso de ocho de abril último; y por último, La fecha de petición ante la autoridad responsable la formuló el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, precisado de anterior y como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como actos reclamados: El acuerdo de quince de diciembre del año en curso en donde se ordena ejecutar la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, respecto a las las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G. La propia resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Ésta última determinación refiere le fue notificada el mismo día veinticuatro de marzo del año en curso. Puntualizado lo anterior, quien ahora resuelve advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los citados actos reclamados. Al respecto, es menester citar el contenido del artículo en cita que en su texto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la propia ley, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Así, resulta importante reproducir lo establecido en el párrafo primero del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son aplicables en el presente asunto, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. Sentado lo anterior, en principio es menester precisar que en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mi veintidós se ampliaron las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G, y es mediante el acuerdo de quince del actual que la autoridad responsable pretende ejecutar lo ahí determinado. Sin embargo, ello no es factible de ser estudiado en el presente juicio de amparo al resultar extemporánea su demanda de amparo; puesto que desde que tuvo conocimiento de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, debió instar la acción constitucional, ya que en esa fecha fue que inició el cómputo de su presentación, por ende al no combatir la resolución de veinticuatro de marzo de dos mi veintidós se ampliaron las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G, consintió tácitamente la determinación dictada el quince de diciembre del año en curso en donde se ordena ejecutar la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en comento. Y no conforme lo pretende en el presente juicio de garantías, pues el acuerdo de quince de los corrientes se dictó en acatamiento a la resolución antes destacada, es decir, es un acto dictado a consecuencia del otro, que como se adelantó, ya fue consentido, pues notoriamente han transcurrido meses desde que se pronunció. Entonces, es inconcuso que le precluyó el derecho a la parte quejosa para impugnar a través de la vía constitucional lo decidido en la primigenia resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, porque se insiste, esa fue la base para que la responsable dictara el consecuente acuerdo de quince de los corrientes; cuya circunstancia, desde luego, actualiza la causa de improcedencia antes destacada. Por lo que en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y por consecuencia con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Olegario Montoya Mata, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    agréguese a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por José Olegario Montoya Mata y por su asesor jurídico licenciado Nicolás Torres García, a través del cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de veinte del actual, precisa lo siguiente: Que señala y reclama la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, notificada esa propia fecha. Que también señala como acto reclamado el diverso auto de quince de los corrientes el cual se dictó en ejecución a la resolución antes destacada. Que el recurso de revocación lo enderezó en contra de un acuerdo diverso de ocho de abril último; y por último, La fecha de petición ante la autoridad responsable la formuló el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, precisado de anterior y como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como actos reclamados: El acuerdo de quince de diciembre del año en curso en donde se ordena ejecutar la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, respecto a las las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G. La propia resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Ésta última determinación refiere le fue notificada el mismo día veinticuatro de marzo del año en curso. Puntualizado lo anterior, quien ahora resuelve advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los citados actos reclamados. Al respecto, es menester citar el contenido del artículo en cita que en su texto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la propia ley, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Así, resulta importante reproducir lo establecido en el párrafo primero del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son aplicables en el presente asunto, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. Sentado lo anterior, en principio es menester precisar que en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mi veintidós se ampliaron las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G, y es mediante el acuerdo de quince del actual que la autoridad responsable pretende ejecutar lo ahí determinado. Sin embargo, ello no es factible de ser estudiado en el presente juicio de amparo al resultar extemporánea su demanda de amparo; puesto que desde que tuvo conocimiento de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, debió instar la acción constitucional, ya que en esa fecha fue que inició el cómputo de su presentación, por ende al no combatir la resolución de veinticuatro de marzo de dos mi veintidós se ampliaron las reglas de convivencia establecidas en forma provisional entre Susana Valeria Garza Pérez y los menores de iniciales J.T.M.G. y J.V.M.G, consintió tácitamente la determinación dictada el quince de diciembre del año en curso en donde se ordena ejecutar la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós en comento. Y no conforme lo pretende en el presente juicio de garantías, pues el acuerdo de quince de los corrientes se dictó en acatamiento a la resolución antes destacada, es decir, es un acto dictado a consecuencia del otro, que como se adelantó, ya fue consentido, pues notoriamente han transcurrido meses desde que se pronunció. Entonces, es inconcuso que le precluyó el derecho a la parte quejosa para impugnar a través de la vía constitucional lo decidido en la primigenia resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, porque se insiste, esa fue la base para que la responsable dictara el consecuente acuerdo de quince de los corrientes; cuya circunstancia, desde luego, actualiza la causa de improcedencia antes destacada. Por lo que en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y por consecuencia con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Olegario Montoya Mata, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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