Jose Odilon Romero Chavarria

Expediente 487/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
487/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Jose Odilon Romero Chavarria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Sistema de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, con base en las consideraciones y razonamientos que más adelante se expresarán, y que hacen innecesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causa de improcedencia notoria e indudable, de manera que, con ningún medio de convicción podría desvirtuarse. En ese sentido, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que José Odilón Romero Chavarría, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitido por cuestión de turno el mismo día a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que atribuyó a las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Sistema de la Unidad Centro del Sistema Tradicional (en su denominación correcta), que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO.- DE LAS RESPONSABLES ANTES CITADAS, reclamo: EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y OBLIGACIÓN DE DESPACHAR Y ADMINISTRAR JUSTICIA EN LOS TÉRMINOS QUE FIJAN LAS LEYES y de todas sus consecuencias legales correspondientes, es decir la falta de acuerdo A MIS DIVERSOS ESCRITOS DE FECHAS 18, 27 Y 28 TODOS DEL MES DE MARZO de dos mil diecisiete." (foja 3). Luego, mediante proveído de veinticinco de abril pasado se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 15 a 17). En ese aspecto, por cuestión de orden, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La falta de acuerdo a sus diversos escritos de 18, 27 y 28, todos del mes de marzo del año en curso, presentados dentro de la averiguación previa 2283/2011/SPCHO. Cabe precisar que el contenido de los escritos presentados ante la responsable (fojas 5 a 7), consisten en la inconformidad del promovente José Odilón Romero Chavarría respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo dictada en la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, al no haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude genérico, y la solicitud en el sentido de que aquella se remitiera con todas sus constancias al Fiscal General del Estado de Puebla para que se pronunciara sobre ello. Al respecto, la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla al momento de rendir su informe justificado (fojas 18 a 26) negó rotunda y categóricamente la existencia de los actos reclamados, pues en suma, informó que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, el tres de abril de dos mil diecisiete, acordó remitir el original de la indagatoria a la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos para su análisis y determinación, la cual fue recibida el cuatro de mayo del año en curso. En razón de lo anterior, mediante proveído de once de mayo de dos mil diecisiete (fojas 35 a 37), con fundamento en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, se tuvo como autoridad responsable sustituta a la Directora General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que en la referida fecha se le requirió para que rindiera su informe justificado, y en auto de dos de junio de la presente anualidad se tuvo por rendido (fojas 90 y 91). En su informe justificado (fojas 50 a 52), negó la existencia de dichos actos, y comunicó que del contenido de la indagatoria de que se trata, se advierte que el tres de abril de dos mil diecisiete la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional acordó tener por recibido el oficio 91 de tres de abril del año en curso, signado por el Titular de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, por el cual remitió el diverso DGIEST/1503/2017 de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete firmado por el Director General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, al cual se adjuntó el volante de gestión FGEP/1557/2017 de veintidós de marzo del citado año signado por el Secretario de Apoyo Técnico y Ejecutivo de esa institución, al que se adjuntó a su vez, el escrito del aquí quejoso fechado el dieciocho de marzo de dos mil diecisiete. En razón de ello, se determinó remitir el original de la indagatoria a la Dirección General Jurídica Consultica y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable Directora General Jurídica Consultica y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, consistentes en copia certificada de diversas constancias de la averiguación previa 2283/2011/SPCHO de su índice (fojas 53 a 89), a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar sus escritos dieciocho, veintisiete y veintiocho, todos de marzo de dos mil diecisiete y presentados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (fojas 5 a 8), a través de los cuales se inconformó con la determinación del no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo dictada en la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, al no haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude genérico, y solicitó que aquella se remitiera con todas sus constancias al Fiscal General del Estado de Puebla para que se pronunciara al respecto. Ahora bien, de las constancias enviadas por las autoridades responsables en apoyo a su respectivo informe justificado, ya valoradas anteriormente, se advierte a manera de antecedentes los siguientes: 1. El dieciocho, veintisiete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se recibieron ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, los escritos signados por José Odilón Romero Chavarría, a través de los cuales se inconformó con la resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 54 a 80), en la que se determinó el ejercicio de la acción penal y archivo definitivo dictada en la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, al no haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude genérico y solicitó que aquella se remitiera con todas sus constancias al Fiscal General del Estado de Puebla para que se pronunciara al respecto. (fojas 5 a 8). 2. El tres de abril de dos mil diecisiete la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional acordó tener por recibido el oficio 91 de tres de abril del año en curso (foja 82) signado por el Titular de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, por el cual le envió el diverso DGIEST/1503/2017 de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete firmado por el Director General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, al cual se adjuntó el volante de gestión FGEP/1557/2017 de veintidós de marzo del citado año signado por el Secretario de Apoyo Técnico y Ejecutivo de esa institución, al cual se adjuntó a su vez el escrito del aquí quejoso fechado el dieciocho de marzo de dos mil diecisiete. 3. El cinco de abril de dos mil diecisiete (foja 97 y 98), se notificó al quejoso José Odilón Romero Chavarría la determinación de tres de abril pasado, hecha por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional. 4. El veinte de abril del año en curso, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional acordó los diversos escritos de fecha veintisiete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, signado por el aquí quejoso; determinación que le fue notificada mediante oficio de notificación que se fijó en la puerta de su domicilio el veinticuatro de abril del citado año (fojas 112 a 115). Por tanto, al haberse pronunciado respecto de las peticiones de la quejosa y haberle notificado de ello, se han destruido todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si los mencionados actos no hubieren vulnerado la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime si se considera que se satisficieron sus peticiones, es decir, se dio trámite a su inconformidad en contra de la resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo, dictada en la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, al no haberse acreditado el cuerpo del delito de fraude genérico y solicitó que aquella se remitiera con todas sus constancias al Fiscal General del Estado de Puebla para que se pronunciara al respecto, hecha valer en los escritos de dieciocho, veintisiete y veintiocho, todos de marzo de dos mil diecisiete. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante proveído de doce de junio del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete emitido dentro de los autos de la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, así como la constancia de notificación practicada al aquí quejoso José Odilón Romero Chavarría respecto de dicho auto.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante proveído de dos de junio del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de tres de abril de dos mil diecisiete emitido dentro de los autos de la averiguación previa 2283/2011/SPCHO, así como de la notificación realizada al aquí quejoso José Odilón Romero Chavarría respecto de dicho auto. No obstante lo anterior, la autoridad responsable fue omisa en remitir copia certificada de los acuerdos que, en su caso, hubieren recaído a los diversos escritos de veintisiete y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete signados por José Odilón Romero Chavarría y presentados en la Fiscalía General del Estado de Puebla en las referidas fechas, dentro de la citada indagatoria; así como de las constancias de notificación hechas al aquí quejoso respecto de los acuerdos, que en su caso, hayan recaído a las solicitudes de veintisiete y veintiocho de marzo de la presente anualidad. En mérito de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Siete de la Unidad Centro del Sistema Tradicional para que dentro del improrrogable término de tres días contado a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las referidas constancias, a fin de que este Juzgado esté en condiciones de resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado o bien, manifieste el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces en valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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