José Odilon Pérez Díaz

Expediente 568/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
568/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • José Odilon Pérez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 89), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 92). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado resolvió conceder a José Odilón Pérez Díaz, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado.- II. Emita otro en el que: 1. Reitere: a) la condena decretada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el reconocimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, incrementos, aguinaldo y otorgamiento de asistencia médica; b) Las absoluciones de ayuda asistencial y asignaciones familiares; c) la procedencia de la excepción de prescripción en los términos que lo resolvió; d) La determinación a la que arribó respecto de la excepción de retención de impuestos.- 2. Exponga las razones que funden y motiven su determinación en relación al salario con el que deben cuantificarse las condenas resultado de un juicio de verosimilitud, por lo que, de insistir en lo que expuso en el laudo reclamado, deberá precisa los parámetros o información que le sirven de sustento para afirmar que existe una clara desproporción entre el salario promedio que dijo el actor y los que sirven de base, normalmente, para el otorgamiento de pensiones a cargo del Instituto demandado en la zona económica del Estado de Tlaxcala; y, en su caso, porqué es necesario que el actor demuestre que realizó un trabajo especializado, peligroso o que requiriera habilidades especiales que justificaran un salario como el que afirmó percibir; de no ser posible lo anterior, ordene la apertura del incidente de liquidación; y, sólo de considerar que no existen elementos para esto último, tenga por cierto el que dijo el asegurado y con base en éste, con libertad de jurisdicción, realice la cuantificación correspondiente" (fojas 65 y 66 frente). Es importante mencionar que en la ejecutoria del amparo respecto de ayuda asistencial, efectivamente, se dijo que era correcta la absolución decretada en el laudo que constituyó el acto reclamado (fojas 58 vuelta a 60); sin embargo, en relación a asignaciones familiares, en lo que interesa, precisó: "Sin embargo, en autos del juicio laboral se advierte que el actor no ofreció alguna prueba para demostrar que tiene esposa, concubina, hijos o ascendientes que dependan económicamente de él; sin embargo, en tal caso, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 164, fracción IV, de la legislación en análisis, pues al haber procedido el pago de pensión de cesantía en edad avanzada, también tiene derecho a disfrutar asignaciones familiares equivalentes al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, ya que así lo marca la normatividad. En consecuencia, la Junta deberá condenar al pago de dicha prestación, atendiendo a lo que se ha precisado en el párrafo anterior." Por tanto, el efecto en el que se dice: que la Junta debía reiterar la absolución de asignaciones familiares, se trató de un error. Por otro lado, cabe destacar que el presente asunto está relacionado con el 566/2018, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, en la misma sesión, se negó la protección constitucional solicitada. Del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve dejó insubsistente el fallo reclamado de catorce de agosto de dos mil dieciocho y ordenó turnar los autos a su auxiliar a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 75). El veintisiete de junio de dos mil diecinueve dictó nuevo laudo en los siguientes términos: 1. Reiteró: a) Los argumentos con los que decretó condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor, pensión por cesantía en edad avanzada, a otorgarle los respectivos incrementos que se hayan dado en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, así como a la asistencia médica y aguinaldo anual en términos del numeral 167 de dicha legislación (fojas 82 a 84). b) La procedencia de la excepción de prescripción opuesta por el enjuiciado, debiéndose pagar dicha pensión a partir de un año anterior a la presentación de la demanda, es decir, al diez de agosto de dos mil dieciséis (foja 84 vuelta). 2. Se pronunció respecto a la cuantía de la pensión de mérito, para lo cual analizó el salario mencionado por el actor en su escrito inicial (ciento ochenta y cuatro pesos, con cincuenta centavos), calificándolo como verosímil, y toda vez que no rebasa los parámetros establecidos en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, determinó que para la respectiva cuantificación se debe tomar como base el salario señalado por José Odilón Pérez Díaz, concluyendo como pensión tres mil trescientos noventa y ocho pesos, cincuenta y nueve centavos mensuales (fojas 85 y 86; sin que pase inadvertido que en el tercer punto resolutivo dijo "$2,466.01", pero esto sólo se trata de un error). 3. También reiteró: a) Respecto a la excepción de retención de impuestos, dejó a salvo los derechos del demandado para que conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, haga valer conforme lo considere favorable (foja 86 vuelta). b) Dijo que es improcedente el reclamo de ayuda asistencial; y, si bien señaló que lo mismo ocurría respecto de asignaciones familiares, lo cierto es que en el tercer punto resolutivo dijo que se "encuentra contemplada en condena señalada" (foja 86 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de cinco del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio MA.865/2019, de tres del mes y año en curso, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite duplicado del laudo de veintisiete de junio anterior, emitido por la citada junta; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con el diverso MA.813/2019, y su respectivo anexo, entregando copia autorizada del laudo correspondiente, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.

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