José Octavio Villa Michel Pria
Expediente 309/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2017
Partes del expediente
- José Octavio Villa Michel Pria
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, a través de su apoderado jurídico ****, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La interlocutoria dictada con fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, el quejoso tuvo conocimiento de dicha interlocutoria el siete de marzo del año que corre". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 309/2017-XIV. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: ".Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia, pues la autoridad responsable en la interlocutoria de referencia declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio laboral ****, pues se dolía de que la notificación en que se hacía de su conocimiento el contenido de los acuerdos de doce de junio de dos mil quince y tres de septiembre de dos mil catorce, emitidos por la Junta responsable, en los que se proveyó lo relativo a las probanzas ofrecidas por las partes en el mencionado juicio, se llevó a cabo en un domicilio diverso al señalado por la demandada. Asimismo, en dicha interlocutoria se ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el expediente laboral y declinó competencia a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Palenque, para que conociera del asunto materia de la litis, tomando en consideración que el actor presta sus servicios a la parte demandada en esa ciudad. De lo antes expuesto, este juzgador estima que al dirimirse en la incidencia plateada una cuestión que está dirigida a las probanzas que fueron ofertadas por las partes en el juicio laboral, así como el hecho de que la responsable se haya declarado incompetente para seguir conociendo de la controversia ante ella planteada; dichos actos no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que el contenido de la resolución emitida por la junta responsable, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque el hecho de que haya declarado procedente el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto en contra de la notificación en que se hacía del conocimiento de la demandada lo proveído por la Junta responsable en cuanto a las probanzas ofrecidas por las partes en el mencionado juicio, así como la incompetencia por declinatoria planteada ante la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Palenque, constituyen actos de carácter intraprocesal que no pueden considerase de imposible reparación, en tanto que, no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Luego, tomando en consideración que la parte quejosa en la demanda de amparo que nos ocupa, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento laboral, así como violaciones al artículo 17 de la ley suprema, los actos que se reclaman no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se tratan de actos autónomos al procedimiento en el que se encuentra el quejoso, sino que se dan justamente dentro del mismo. Por tanto, como el quejoso refiere afectaciones cometidas dentro del procedimiento ordinario laboral, por parte de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento laboral, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al peticionario de amparo, dado que no se trata de afectaciones que se produzcan de manera autónoma al procedimiento en que se encuentra, por lo que tienen el carácter de adjetivos y deben atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria. Lo anterior, es así pues por lo que respecta a la resolución que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, se consideran violadas las leyes del procedimiento entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; violación procesal la cual puede ser reclamada hasta que se dicte la sentencia definitiva, en caso de que ésta sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. Determinación que constituye una violación procesal que puede ser reclamada hasta que se dicte la resolución definitiva, en caso de que ésta le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que, como ya se dijo, tal acto no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial. No pasa desapercibido que en la resolución reclamada la la Junta Local Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dejo insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen y declinó su competencia, sin embargo resulta indudable que tal determinación es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, y por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio a la quejosa, pues podría ocurrir que la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en la ciudad de Palenque, a favor de la cual se declinó la competencia, no acepte la misma. En consecuencia, se puede afirmar que la resolución reclamada, no irroga por el momento, ningún perjuicio a la parte quejosa, ni puede ser considerado como un acto que tenga una ejecución de manera irreparable, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, la declaración de incompetencia, que en la especie constituye el acto reclamado, no puede ser considerada un acto que tenga una ejecución de manera irreparable a la parte quejosa, pues no existe evidencia en autos de que la autoridad a favor de la cual la autoridad responsable declinó la competencia, se haya pronunciado respecto si la acepta o no, por ende, el juicio de amparo biinstancial deviene improcedente. Sin que pase desapercibido para este juzgador, que si bien es verdad en la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de la autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; también lo es, que la resolución reclamada, no puede ser considerada como definitiva, para los efectos del juicio indirecto, en tanto que no existe aceptación de la autoridad a la que se declina la competencia, para considerar así que se trata de un acto definitivo. Asimismo, no pueden desconocerse todas las disposiciones legales en materia de competencia establecidas por el sistema jurídico mexicano, ya que esa no fue la intención del legislador federal al incluir, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de la materia. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en esta ciudad, y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que, a pesar de que no cuentan con sus respectivas cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".
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