José Octavio Trujillo Quiroz
Expediente 749/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Octavio Trujillo Quiroz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o en copia certificada que deban ser devueltos a la partes y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento 1°, del distrito judicial de la Capital, el Secretario encargado del despacho, acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que el quejoso ******, hace consistir el acto reclamado en: ". el inconstitucional auto de Vinculación dictado en la respectiva Audiencia de fecha veintinueve de junio del presente año en mi contra por el delito de ABANDONO DE FAMILIARES tipificado en el artículo 251 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, y recaído dentro de la Causa Penal marcada con el número 600/2017." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: 1. El agente del Ministerio Público, inició carpeta de investigación contra ********* por el Delito de Abandono de Familiares cometido contra **********. 2. Una vez ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, se inició el proceso 600/2017. 3. El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de imputación contra ********* por el Delito de Abandono de Familiares cometido contra *********, en la cual ********* solicitó la ampliación del término constitucional; por lo cual fueron fijadas las diez horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. 4. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la reanudación de la audiencia el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dictó auto de vinculación a proceso contra ******** por su probable participación en la comisión del Delito de Abandono de Familiares cometido contra *********; lo que ahora constituye el acto reclamado. En las relatadas circunstancias es incuestionable que desde, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, llevó a cabo el desahogo de la diligencia y dictó la vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, contra ****, tuvo conocimiento del citado acto que ahora reclama. Se sostiene que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, llevó a cabo el desahogo de la diligencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, contra ********; pues el propio quejoso, así lo manifiesta en su escrito de demanda, al señalar que en la audiencia de imputación celebrada el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, solicitó la ampliación del término constitucional y que le fueron fijadas las diez horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para la continuación de la audiencia en la cual el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le dictó auto de vinculación a proceso por el Delito de Abandono de Familiares. Así las cosas, considerando que desde el veintinueve de junio del dos mil diecisiete, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le dictó auto de vinculación a proceso por el Delito de Abandono de Familiares; que constituyen el acto reclamado, según lo afirma el aquí quejoso en su escrito de demanda; y que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, treinta y ocho días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." La anterior determinación no desatiende el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), resultado de la Contradicción de tesis 414/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 534, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia Penal, Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." Toda vez que la misma se refiere a la interpretación del artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, que en lo que interesa refería que se exceptuaban del término de quince días que al efecto establece el numeral 21 de dicha ley reglamentaria, para la interposición de la demanda de amparo los actos que importen ataques a la libertad personal, entre otros, cuyo texto es: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ". II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. ." Pues, por su parte, el numeral 17 de la vigente Ley de Amparo, aplicable al caso concreto, conforme a lo estipulado en el artículo décimo transitorio, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es decir, el numeral 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, se refería, simple y llanamente a ataques a la libertad personal, mientras que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso concreto establece ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; y, en el presente caso concreto, estamos ante un acto emitido dentro de un procedimiento judicial, por lo que como ya se indicó y conforme a lo antes reseñado y al referido numeral décimo transitorio de la vigente Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso la aludida tesis de jurisprudencia. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por **********, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo y como lo solicita el quejoso a Francisco Javier Cabañez Morales, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle del Manzano número 203, del fraccionamiento La Agronómica II de esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
PUBLICO POR LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA: Vista, la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento 1°, del distrito judicial de la Capital, el Secretario encargado del despacho, acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que el quejoso ******, hace consistir el acto reclamado en: ". el inconstitucional auto de Vinculación dictado en la respectiva Audiencia de fecha veintinueve de junio del presente año en mi contra por el delito de ABANDONO DE FAMILIARES tipificado en el artículo 251 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, y recaído dentro de la Causa Penal marcada con el número 600/2017." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: 1. El agente del Ministerio Público, inició carpeta de investigación contra ********* por el Delito de Abandono de Familiares cometido contra **********. 2. Una vez ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, se inició el proceso 600/2017. 3. El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de imputación contra ********* por el Delito de Abandono de Familiares cometido contra *********, en la cual ********* solicitó la ampliación del término constitucional; por lo cual fueron fijadas las diez horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. 4. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la reanudación de la audiencia el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dictó auto de vinculación a proceso contra ******** por su probable participación en la comisión del Delito de Abandono de Familiares cometido contra *********; lo que ahora constituye el acto reclamado. En las relatadas circunstancias es incuestionable que desde, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, llevó a cabo el desahogo de la diligencia y dictó la vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, contra ****, tuvo conocimiento del citado acto que ahora reclama. Se sostiene que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, llevó a cabo el desahogo de la diligencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, contra ********; pues el propio quejoso, así lo manifiesta en su escrito de demanda, al señalar que en la audiencia de imputación celebrada el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, solicitó la ampliación del término constitucional y que le fueron fijadas las diez horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, para la continuación de la audiencia en la cual el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le dictó auto de vinculación a proceso por el Delito de Abandono de Familiares. Así las cosas, considerando que desde el veintinueve de junio del dos mil diecisiete, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, le dictó auto de vinculación a proceso por el Delito de Abandono de Familiares; que constituyen el acto reclamado, según lo afirma el aquí quejoso en su escrito de demanda; y que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, treinta y ocho días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." La anterior determinación no desatiende el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), resultado de la Contradicción de tesis 414/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 534, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia Penal, Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." Toda vez que la misma se refiere a la interpretación del artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, que en lo que interesa refería que se exceptuaban del término de quince días que al efecto establece el numeral 21 de dicha ley reglamentaria, para la interposición de la demanda de amparo los actos que importen ataques a la libertad personal, entre otros, cuyo texto es: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ". II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. ." Pues, por su parte, el numeral 17 de la vigente Ley de Amparo, aplicable al caso concreto, conforme a lo estipulado en el artículo décimo transitorio, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es decir, el numeral 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, se refería, simple y llanamente a ataques a la libertad personal, mientras que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso concreto establece ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; y, en el presente caso concreto, estamos ante un acto emitido dentro de un procedimiento judicial, por lo que como ya se indicó y conforme a lo antes reseñado y al referido numeral décimo transitorio de la vigente Ley de Amparo, no resulta aplicable al caso la aludida tesis de jurisprudencia. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por **********, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo y como lo solicita el quejoso a Francisco Javier Cabañez Morales, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle del Manzano número 203, del fraccionamiento La Agronómica II de esta ciudad de Zacatecas.
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