José Octavio Tostado Cruz

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • José Octavio Tostado Cruz
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, y en atención a su solicitud, desglósese la demanda original y -previa copia certificada que se deje en autos- remítase al citado tribunal de alzada para el trámite del amparo directo, de igual manera remítase nuevamente los autos originales para la substanciación del recurso de revisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, y en atención a solicitud de remitir el escrito original de demanda se provee: Solicítese al citado tribunal de alzada los autos originales del amparo indirecto **, el cual se encuentra para la substanciación de recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el citado sumario, el cual fue radicado con toca **, a fin de estar en aptitud de cumplir con la encomienda solicitada en el ocurso que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de marzo de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra la resolución constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte ocursante interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, en la inteligencia que las que les conciernen a las autoridades responsables les serán remitidas mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas , secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por las autoridades responsables; asimismo, se da cuenta con un escrito suscrito por la parte quejosa, registrado con folio 2704. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito suscrito por la parte quejosa, y en cuanto a su contendido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas a que se refiere en el escrito que se atienden; asimismo, se le tiene haciendo diversas manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Asimismo, de la certificación que antecede, se hizo constar que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con los medios de convicción ofrecidos por las partes. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa formuló alegatos. El juez acuerda: se tiene por hechas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en vía de alegatos y por perdido el derecho a las demás partes a realizarlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 68/2023-LIII; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, José Octavio Rey Tostado Cruz, por su propio derecho y en su carácter de propietario de la negociación comercialmente denominada "Central de Taxis CB Canal 10", solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Por proveído de veintiséis de enero siguiente, se admitió la citada demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsable su informe con justificación, y se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete. En auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado a José Santos Torres Ibañez; motivo por el cual se le llamó a juicio mediante diligencia de siete de febrero de dos mil veintitrés; a quien se le tuvo por apersonado por conducto de sus apoderados legales, mediante el diverso proveído de catorce del mes y año que transcurre. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, únicamente respecto a uno de los actos reclamados por la quejosa, por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la parte quejosa reclama la diligencia de emplazamiento, y en su caso, sus consecuencias legales, tales como el laudo y su ejecución. Lo anterior, porque este juzgado carece de competencia legal para conocer del diverso acto reclamado consistente en el laudo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 688/2015, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, tal y como se precisará en los considerandos que siguen. Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora: a) El laudo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 688/2015. Del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora: b) Los citatorios y emplazamientos de veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como la cédula de notificación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y actuario notificador; pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe justificado; circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las documentales que acompañó en complemento al mismo, consistente en las diversas actuaciones que conforman el juicio laboral 688/2015. Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en su numeral 2°, en virtud de que fueron certificadas por una autoridad jurisdiccional, con motivo y en ejercicio de sus funciones, además de contener el folio, rúbrica y sello de la Junta de origen. IV. Causas de improcedencia En virtud de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este Juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." V. Procedencia del juicio En el caso, resulta procedente el juicio de amparo por tratarse de actos dentro y fuera de juicio que afectan a un tercero extraño, conforme al artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito es procedente contra actos de autoridad ejecutados dentro o fuera de juicio cuando éstos afecten a personas extrañas al mismo. Al respecto, cabe establecer que el tercero extraño al juicio natural en sentido estricto, es aquélla persona que, sin ser parte formal y material del procedimiento, se ve afectado por un acto de autoridad dictado dentro o fuera de este. El tercero extraño por equiparación puede ser simple o por litisconsorcio. El tercero extraño por equiparación simple, es aquél sujeto que por ser parte del juicio natural al tratarse del demandado, aduce que no fue llamado a éste, o lo fue incorrectamente, en virtud de un emplazamiento ilegal, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; en tanto, el tercero extraño equiparado por litisconsorcio, es aquél que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica como la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio acredita un interés común con la parte demandada en la controversia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." También, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1305, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, que a la letra precisa: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Sobre la base de tales premisas, es evidente que procede el juicio de amparo, al tratarse de actos dentro y fuera de juicio que afectan a un tercero extraño a juicio por equiparación, conforme al artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sustenta lo antes considerado, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." VI. Conceptos de violación Para el estudio del presente asunto serán examinados los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Lo anterior, porque del contenido normativo de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador transcribir los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Véase la jurisprudencia 2a./J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro 164618. VII. Análisis constitucional Cabe destacar, que en el presente asunto no procede suplir la deficiencia de la queja en los conceptos de violación a favor de la parte impetrante, en términos de la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo, esto es, en cualquier materia cuando se trate de una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de la suplencia de la queja a favor del patrón aun tratándose del supuesto en el que se reclame la falta de emplazamiento o su deficiencia, violación procesal considerada como la de mayor magnitud, habida cuenta de que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, en el caso, la fracción V del numeral citado, que en materia laboral solamente prevé la suplencia de la queja a favor del trabajador; de lo cual se sigue que no procede suplir la deficiencia de la queja a favor del patrón aun cuando se reclame el emplazamiento a juicio. Sustenta lo antes considerado la tesis de jurisprudencia 1434 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1612 del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Primera Parte, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." El único caso de excepción a esta regla genérica se contempla en la fracción I, del propio precepto que alude a cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Plenos de Circuito (la jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondiente), supuesto en el que es factible, incluso en materia laboral, suplir la deficiente exposición a la parte patronal, lo cual no acontece en el caso que se examina. Una vez realizado el análisis anterior, se procede a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por la parte accionante de amparo en su demanda de derechos fundamentales respecto al emplazamiento combatido en el presente juicio biinstancial. La parte quejosa José Octavio Rey Tostado Cruz, en lo personal y en su carácter de propietario de "Central de Taxis CB Canal 10", moral quejosa, en esencia, argumenta que: Lo autos que integran el expediente laboral de origen, son ilegales e indebidos, ya que jamás fue debidamente notificada a juicio y como consecuencia oída y vencida en el mismo. El actuario adscrito a la junta responsable, no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 742 fracción I, 743 y 874, de la Ley Federal del Trabajo, al no cerciorarse fehacientemente de que en el lugar que se constituyó habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado. La responsable transgredió en perjuicio de su representada las garantías constitucionales contenidas en los numerales 14 y 16 de la Constitución, pues se le privó de las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. La responsable dio validez a un supuesto emplazamiento cuando la quejosa no tuvo conocimiento de la existencia del juicio, lo que lleva a concluir que dicha diligencia de emplazamiento fue practicada sin seguir la formalidad establecida para tal efecto. Los conceptos de violación, resultan infundados. En efecto, resulta menester destacar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de previa audiencia que debe regir en todo procedimiento que tienda a privar a los gobernados de su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos. En el aspecto jurisdiccional, implica que la parte demandada tenga conocimiento de la reclamación existente en su contra, a efecto de darle oportunidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses a través de la contestación de la demanda, del ofrecimiento de pruebas, de la expresión de alegatos de su intención y de la interposición de los medios de impugnación, sustancialmente. Lo anterior se logra mediante el debido emplazamiento o llamamiento a juicio, en el que lavautoridad debe cumplir con todos y cada uno de losvrequisitos que al efecto prevea la legislación aplicable. Para la plena satisfacción de ese derecho, en forma previa al acto privativo de los derechos fundamentales, el dispositivo constitucional citado exige la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Oportunidad de alegar. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Se sustenta lo anterior con la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, materia Constitucional- Común, registro 200234, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Conforme a lo expuesto en el citado criterio jurisprudencial, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituyen una formalidad esencial del procedimiento, que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa para el gobernado. Puntualidades que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal ha identificado como un "núcleo duro", las cuales deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional; sin embargo, también estableció un diverso "núcleo de garantías", que resulta aplicable en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado, identificado comúnmente como el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto, el cual se identifica en dos especies: La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera. La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable. Formalidades que indiscutiblemente integran el principio general del "debido proceso", al permitir que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Es destacable la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 396, materia Constitucional, registro 2005716, de contenido siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Así, el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional destinado a hacer saber al demandado la existencia del procedimiento que se ha iniciado en su contra y la posibilidad legal que tiene de acudir a éste, contestando lo que a su interés legal convenga; de tal suerte, que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Igualmente, es importante destacar que el citatorio constituye un medio de comunicación procesal por el que se llama a una persona o personas determinadas para que se presenten en un lugar, en día y hora específicos, que se les señale, para realizar una diligencia o tomar conocimiento de alguna resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses; así, al realizarse la diligencia de emplazamiento, necesariamente deben cumplirse las formalidades que la ley de la materia establezca para llevar a cabo ese acto judicial. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho fundamental de audiencia, consagrado en el precepto transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra, como se dijo, la notificación del inicio del procedimiento, ya que de no cumplirse con ellas se infringiría el aludido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Por lo que, la diligencia de emplazamiento debe satisfacer una serie de requisitos y formalidades según la ley que rija el procedimiento, ya que su inobservancia produce la ineficiencia de las actuaciones e impide que éstas surtan sus efectos, toda vez que ese incumplimiento, hace imposible que se tenga por acreditado plenamente, que las partes interesadas pudieron ser conocedoras de la existencia del juicio y por lo tanto, que estuvieron en aptitud de defender sus derechos aportando las pruebas correspondientes y alegar en su defensa, de ahí que la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales resulte violatorio del derecho humano de audiencia. Bajo esta perspectiva, se estima que el emplazamiento reclamado cumplió con las reglas establecidas por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, que dispone: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De la interpretación de la disposición legal en cita, se obtiene que las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local; por su importancia, se deberá hacer personalmente el emplazamiento, al tratarse del primer proveído y auto de radicación; el actuario deberá cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos, si está presente el interesado, se le notificará entregándole copia de la resolución, si no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Ahora, los requisitos que derivan del estudio de los preceptos legales que debe contener la diligencia de emplazamiento en un juicio laboral, son esencialmente las siguientes: El cercioramiento que el actuario realice de que la persona que va emplazar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos. Asentar los medios de convicción que tuvo a la vista y que lo llevaron a dicho cercioramiento. En este sentido, es preciso señalar que en cuanto al domicilio, el actuario debe cumplir con un doble cercioramiento: Que el lugar donde se constituye es el señalado en autos para hacer la notificación; y, Que en dicho lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que debe ser emplazada, por lo cual los medios de cercioramiento serán distintos para uno y otro aspecto. Si la demandada es una persona moral, el emplazamiento deberá realizarse por conducto de su representante legal a quien, en caso de no encontrarse, el funcionario entenderá la diligencia con la persona que se encuentre en la fuente de trabajo. En ese contexto, de las constancias relativas al emplazamiento de los aquí quejosos, se considera que dichas diligencias cumplen con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 742, fracción I y 743 de la Ley Federal del Trabajo aplicable y, por tanto, cubren las formalidades esenciales que exige el artículo 14 Constitucional. Lo anterior es así, porque de las diligencias de citación y emplazamiento cuestionadas, se aprecia que contrario a lo que la persona física y moral quejosa refieren, la autoridad responsable cumplió con lo establecido por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el actuario adscrito a la Junta responsable se cercioró que el domicilio en el cual se constituyó, esto es, el ubicado en bulevard Musaro número 81, colonia Nuevo Hermosillo, en esta ciudad, es precisamente donde se encuentra la negociación denominada "Central de Taxis CB Canal 10" y donde labora la parte demandada y su representante legal, por tanto, dejó el citatorio respectivo, después de lo cual, procedió a emplazar a los demandados en el domicilio citado por la parte actora aquí tercera interesada, en su demanda inicial, lo que evidencia lo infundado del argumento en el sentido de que no se cercioró que en ese domicilio habita, trabaja o tiene su domicilio la demandada, ya que en las diligencias (citatorios) de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, hizo mención que el domicilio era el correcto y que llegó a dicha conclusión: "Por tener a la vista el nombre de la colonia, el nombre de la vialidad, el número del inmueble, lo manifestado por la persona que me atiende, así como por ser este un domicilio ampliamente conocido."; asimismo, hizo constar la presencia física de una persona que manifestó llamarse: "Geraldine Hernández Valencia", quien le dijo ser: "recepcionista en esta estación central de taxis", y quien formalmente se identificó con: "gafete "Central de Taxis CB Canal 10"; elementos que fueron reiterados en las posteriores diligencias (cumplimiento de citatorios) de veintinueve de de ese mes y año. Además, en términos de lo establecido por el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que el trabajador no está obligado a conocer con exactitud el nombre del patrón o la denominación o razón social del lugar de trabajo, ya que es suficiente que precise el domicilio donde ésta se encuentre; dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador." Por tanto, el legislador expresamente dispuso que para que el trabajador esté en posibilidad de reclamar sus derechos, basta que precise cuando menos la ubicación de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta sus servicios y la actividad a que se dedica el patrón. Así, se entiende que el domicilio en el que se llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa fue señalado por la parte actora como aquel en que fue contratado y el último en el que prestó sus servicios como trabajador, lo cual es ajustado a derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que la parte actora deberá señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde prestó sus servicios. Por lo que, se insiste, el funcionario público dio cumplimiento a lo anterior al asentar en su constancia actuarial lo siguiente: "Acto seguido. Procedo a cerciorarme que el domicilio en el cual me encuentro constituido es el correcto y que llegué a tal conclusión por los siguientes razonamentos: Por tener a la vista el nombre de la colonia, el nombre de la vialidad, el número del inmueble, lo manifestado por la persona que me atiende, así como por ser este un domicilio ampliamente conocido. Acto seguido, hago constar la presencia física de una persona que manifiesta llamarse: GERALDINE HERNÁNDEZ VALENCIA, quien dijo ser: RECEPCIONISTA EN ESTA ESTACIÓN/CENTRAL DE TAXIS. A quien formalmente se le solicita se identifique ante el suscrito, a lo que responde en los siguientes términos y se identificó con: GAFETE "CENTRAL DE TAXIS CB CANAL 10"." En ese sentido, se estima que tanto en la razón correspondiente a los citatorios, como en las diligencias de emplazamientos, el actuario asentó que se constituyó en el domicilio señalado en autos como el de los demandados, ubicado en bulevard Musaro número 81, colonia Nuevo Hermosillo, en esta ciudad; que se cercioró de que el domicilio era el correcto por tener a la vista el nombre de la colonia, el nombre de la vialidad, el número del inmueble, y que lo anterior fue corroborado por el dicho de la persona con la que atendió la diligencia, quien le manifestó que por el momento no está el representante legal de dicha negociación ni el propietario del mismo, quien también labora en dicho lugar; además, asentó que ese domicilio era ampliamente conocido. Por lo anterior, se advierte que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, el actuario se cercioró de que se constituía en el lugar correcto, por lo que cumplió con el primero de los requisitos establecidos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para la realización de las notificaciones personales, en este caso, del emplazamiento, consistente en que el actuario se cerciore de que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Cabe mencionar, que el actuario refirió no haber encontrado al representante legal de la demandada, en la primer ocasión en que se constituyó en el domicilio proporcionado en autos, por lo cual dejó el citatorio correspondiente, tal como lo prevé la fracción III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, requiriendo al representante por conducto de la persona con quien entendió la actuación, para que se sirviera esperarlo al día siguiente hábil, dado que refirió, que no se encontraba el representante legal; por lo que, como se dijo, el funcionario público procedió a dejar el citatorio correspondiente para que lo esperara. De esa manera, se insiste, contrario a lo referido por la parte quejosa, el actuario responsable cumplió con lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, al no encontrar al representante de la demandada en la primera ocasión, dejó el citatorio correspondiente y al no haber sido esperado en la fecha y hora indicadas procedió a entender la diligencia con la persona que se encontrara presente. No es óbice para concluir lo anterior, que se alegue que el actuario debió aportar más elementos para comprobar el cercioramiento de que estaba en el domicilio correcto, ya que el funcionario actuante, omitió señalar alguna referencia entorno a la ubicación del inmueble ¿Cómo lo encontró o localizó?, ¿Por qué medio se dirigió a dicho sitio?; sin embargo, el numeral 743 invocado, no prevé la obligación de especificar esos datos. Además, se debe decir, que la calle, manzana, número, colonia, nomenclaturas y vialidades son de naturaleza pública y por ende, susceptibles de percepción a través de los sentidos, en especial el de la vista; en consecuencia, es factible que mediante ella el fedatario se hubiera cerciorado de tales elementos, incluso, los corroboró con el informe de la persona con la cual entendió la diligencia; y, sobre todo considerando que el actuario tiene fe pública y así, sus actuaciones merecen valor pleno, sin que en la especie se hubiera desvirtuado. Al efecto, se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/153, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava Época, registro electrónico 221249, de título, subtítulo y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Por consiguiente, es evidente que el fedatario se aseguró de haberse constituido en el domicilio correcto y que correspondía al inmueble donde los peticionarios podían ser emplazados, en los términos de su razón de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, lo que resulta legal, porque como ya se puntualizó, los datos mencionados en esa diligencia inicial, revelaron el haberse cerciorado de tales extremos. Por otra parte, resulta infundado el argumento de la parte quejosa respecto a que la responsable omitió haber adjuntado copia de las cédulas de notificación, formalidad, dijo, resulta esencial del procedimiento que permite dar certeza de las actuaciones realizadas como lo establece diversos criterior jurisprudencial. En efecto, en el caso concreto, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, sí fue debidamente emplazada al juicio laboral de mérito, según se desprende de las diligencias de "cumplimiento de citatorio" de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el actuario responsable, asentó, en lo que interesa, lo siguiente: "Acto seguido, y dada la incomparecencia de la demandada antes mencionada o de su representante legal debidamente acreditado, se le hace efectivo el supuesto contemplado en el artículo 743 y demás relativos aplicables a la Ley Federal de Trabajo y por consecuencia procedo a llevar a cabo el emplazamiento para la audiencia 873 contemplado en el numeral mismo nombre de la Ley Laboral con la persona que atiende la presente diligencia. Acto seguido.- procedo a dar cumplimiento al acuerdo de fecha 03 - SEPTIEMBRE -2021 Y 10 - FEBRERO- 2021, Dictado por esta H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estadio de Sonora, entendiendo la presente diligencia con la persona antes mencionada e inidentificada en los términos antes señalados, a quien en estos momentos se le notifica el acuerdo de fecha 03 - SEPTIEMBRE -2021 Y 10 - FEBRERO- 2021, corriéndole traslado con copia debidamente autorizada y cotejada, asimismo, con copia cotejada del escrito inicial de demanda, asimismo, se le corre traslado con Cédula de Notificación, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 2000018 y el artículo 751 de la Ley Federal de Trabajo. (.) a continuación en este acto se hace entrega de los documentos de las cuales se hizo referencia, solicitando a la persona que atendió la presente diligencia para que firme de recibido y enterado y manifiesta lo siguiente: me dijeron los patrones que si recibiera la demanda pero que no les firmara. Por último doy por terminada la presente diligencia firmando al margen y para constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo por y ante el suscrito actuario notificador que autoriza y da fe. CONSTE. DOY FE". Establecido lo anterior, como se adelantó, son infundadas las consideraciones hechas valer por la parte quejosa, toda vez que en efecto, de la reproducción de las razones que se levantaron el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que adversamente a lo manifestado, el actuario hizo constar que dejó cédula de notificación con los requisitos establecidos en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo. De todo lo anterior, se evidencia que no se violaron las garantías de debido proceso y de audiencia, previstas en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que el servidor público si llevó a cabalidad lo regulado por los numerales del código obrero. Cabe mencionar que el actuario está investido de fe pública, dado que los hechos y datos que asientan en las actas y razones levantadas con motivo de las diligencias que practican, generan la presunción de que son veraces, salvo prueba en contrario. Ahora, la materia de inconformidad por parte de las personas física y moral quejosas radica en que el funcionario no cumplió con las formalidades del proceso, esto es, no se cercioró con los elementos objetivos necesarios para establecer que se encontraba en el domicilio cierto y correcto de las demandadas; y, además de que no se les dejó cédula de notificación al practicarse el emplazamiento, sin embargo, tocaba a la quejosa desvirtuar con algún medio de convicción que el actuario responsable omitió esos requisitos indispensables, empero no lo hizo así. Ahora, si en el caso concreto, de la constancia "CUMPLIMIENTO DE CITATORIO" se advierte que el funcionario actuante asentó: "Acto seguido, y dada la incomparecencia de la demandada antes mencionada o de su representante legal debidamente acreditado, se le hace efectivo el supuesto contemplado en el artículo 743 y demás relativos aplicables a la Ley Federal de Trabajo y por consecuencia procedo a llevar a cabo el emplazamiento para la audiencia 873 contemplado en el numeral mismo nombre de la Ley Laboral con la persona que atiende la presente diligencia. Acto seguido.- procedo a dar cumplimiento al acuerdo de fecha 03 - SEPTIEMBRE -2021 Y 10 - FEBRERO- 2021, Dictado por esta H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estadio de Sonora, entendiendo la presente diligencia con la persona antes mencionada e inidentificada en los términos antes señalados, a quien en estos momentos se le notifica el acuerdo de fecha 03 - SEPTIEMBRE -2021 Y 10 - FEBRERO- 2021, corriéndole traslado con copia debidamente autorizada y cotejada, asimismo, con copia cotejada del escrito inicial de demanda, asimismo, se le corre traslado con Cédula de Notificación, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 2000018 y el artículo 751 de la Ley Federal de Trabajo. (.) a continuación en este acto se hace entrega de los documentos de las cuales se hizo referencia, solicitando a la persona que atendió la presente diligencia para que firme de recibido y enterado y manifiesta lo siguiente: me dijeron los patrones que si recibiera la demanda pero que no les firmara. Por último doy por terminada la presente diligencia firmando al margen y para constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo por y ante el suscrito actuario notificador que autoriza y da fe. CONSTE. DOY FE". Bajo tales premisas, es claro que el fedatario asentó tal cuestión e hizo constar que dejó la cédula de notificación a la parte demandada, puesto que así se advierte del propio expediente laboral, siendo carga probatoria de la inconforme desvirtuar su ilegalidad cuando impugne tal circunstancia. De ahí lo infundado del concepto de violación de la parte promovente, pues el actuario cumplió con los lineamientos marcados en la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, que sus argumentos sean inválidos para contrarrestar la legalidad del emplazamiento que se le practicó, ya que, se reitera, en contra posición con las constancias del juicio de origen se dejó cédula de notificación, de ahí que aquellos no tengan el alcance legal para evidenciar la inconstitucionalidad que reclama. Conclusión de lo expuesto, es que el emplazamiento efectuado por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, no contiene los vicios e irregularidades destacadas por la quejosa, entonces, adversamente a lo que manifiesta, se respetó su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. VIII. Decisión En ese sentido, ante lo infundados de los conceptos de violación expuestos por la accionante de amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal respecto al acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado en el juicio laboral de origen. IX. Incompetencia escalonada. Como se anticipó en el considerando I, este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del acto reclamado analizado en el considerando que antecede; sin embargo, incompetente para resolver este asunto respecto al diverso acto reclamado, el cual quedó precisado en el inciso a), del considerando II, de la presente resolución. En efecto, este juzgado considera que por cuanto hace al acto reclamado consistente en el laudo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 688/2015, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo; por lo que se declina competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior es así, puesto que el artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; (.)" Por su parte, los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal o de una resolución que ponga fin al juicio; es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. Al respecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que la sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal; y, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; en la inteligencia que previamente a acudir a la vía constitucional deberán agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, en virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Se puntualiza que dicha vía consiste en un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad el control de la constitucionalidad de los actos de los órganos -formal o materialmente- jurisdiccionales, con el propósito de garantizar en favor de los gobernados, el goce de sus derechos públicos subjetivos. Ahora bien, el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. Genéricamente la procedencia de esta vía de amparo se presenta en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendidas las dos primeras como aquellas que resuelven el juicio en lo principal; y, la última, como aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; además, se reglamentan específicamente los supuestos de dicha competencia, correspondiéndole las fracciones III, inciso a) y V, inciso d), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la materia laboral, a los que se debe estar, para dilucidar los casos especiales en que procede la vía directa. De lo anterior es dable establecer, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Contra sentencias definitivas, que son aquellas determinaciones que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y, b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Bajo esa óptica, es inconcuso que el laudo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós en el juicio laboral 688/2015, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, que en contra de tal resolución procede el amparo directo -y no el indirecto-, porque está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo y al colmarse la hipótesis prevista por el artículo 38, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. En ese sentido, se entiende que se está en presencia de una competencia escalonada, por lo que, deberá enviarse el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, para que, de estimarlo procedente, asuma su competencia y resuelva lo pertinente respecto al referido acto reclamado por el hoy quejoso Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción V, inciso d), del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena enviar copia debidamente certificada del presente juicio de amparo 68/2023 L-III, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos jurisdiccionales, para que resuelva lo que en derecho corresponda en lo tocante a su ámbito competencial, solicítese al órgano colegiado, se sirva informar a este juzgado si acepta o no la competencia planteada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se. Resuelve Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Octavio Rey Tostado Cruz, en lo personal y en su carácter de propietario de la moral "Central de Taxis CB Canal 10", en relación con el acto reclamado y autoridades responsables señalados en los apartados II y III, por los motivos expuestos en el considerando VII, todos del presente fallo constitucional. Segundo. Este juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para resolver sobre la demanda de amparo promovida por José Octavio Rey Tostado Cruz, en lo personal y en su carácter de propietario de la moral "Central de Taxis CB Canal 10", en contra del acto consistente en el laudo dictado el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 688/2015, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en términos del considerando IX. Por lo que en su oportunidad enviase copia certificada del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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