José Octavio Solís Jiménez
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Octavio Solís Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL.724/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la autoridad responsable y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea consultable por internet. VI. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VII. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. VIII. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, estando presente el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, se declara abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda, 2) auto admisorio e 3) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Además, CERTIFICA: Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar las pruebas siguientes: La parte quejosa ofreció: Copia del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 0040/2021, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. La responsable Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado: Constancias deducidas del a) juicio 40/2021, de su control y b) recurso de revisión 263/2021 de su índice. Enseguida, se acuerda: tomando en consideración que los citados medios de prueba fueron admitidos y desahogados durante la sustanciación de este juicio, en razón de su especial naturaleza, serán ponderados al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Y, por lo que hace a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se tienen por admitidas; no obstante, al no tener vida propia, se tomarán en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que en su favor se aprecien; como así lo ilustra la tesis de rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.". No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Acto continúo, se abre el periodo de alegatos, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico; con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se dicta la resolución correspondiente. VISTOS, para dictar sentencia en el juicio de amparo 724/2021; y, RESULTANDOS: ÚNICO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado en la misma data a este órgano jurisdiccional, José Octavio Solís Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección constitucional contra actos de la secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, habilitada como encargada del despacho de la Sala de su adscripción y facultada para tramitar y resolver los asuntos sustanciados en la misma sala; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Asimismo, en dicho auto se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; además de que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, y la residencia de la autoridad responsable tienen lugar dentro la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca: El auto dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el expediente 40/2021 del índice de la Sala responsable, en el que se señalan las once horas del diecisiete de febrero de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia final. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias deducidas del a) juicio 40/2021 y b) recurso de revisión 263/2021; ambos de su índice. Actuaciones con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 195, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, al tratarse de un documento público que hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, de donde aquéllos proceden. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, porque el quejoso, contra el acto reclamado consistente en el auto dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el expediente 40/2021 del índice de la Sala responsable, hizo valer el recurso de revisión que se encuentra en trámite y pendiente de resolución. La fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." En efecto, cuando se promueve un juicio de amparo donde se reclama un acuerdo que señala fecha para el desahogo de la audiencia final en el juicio de nulidad (como acontece en la especie) y al mismo tiempo se promueve un recurso previsto en la ley para anular aquel de donde deriva el agravio del justiciable, se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad según el cual el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues, además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Respecto a esta causa de improcedencia existe la jurisprudencia P./J. 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se enlistan las circunstancias que tienen que concurrir para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Jurisprudencia que, si bien se refiere a la Ley de Amparo anterior a la vigente, es aplicable al caso toda vez que el texto del precepto actual es similar al del precepto abrogado. Del análisis del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, así como del contenido del citado criterio jurisprudencial, se observa que para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea el idóneo para obtener la revocación o modificación del acto reclamado y pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de amparo, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Análisis de la causa de improcedencia. Circunstancias que en el caso en estudio acontecen, ya que las señaladas en los incisos a) y b), se demuestran con las constancias remitidas por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, consistentes en copia certificada del recurso de revisión 263/2021, del índice de la autoridad responsable, donde el quejoso interpuso el recurso de revisión contra el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el cual se encuentra en trámite y pendiente de resolución en el momento en que se emite esta sentencia de amparo, ya que en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el aludido expediente de revisión, se ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos contestara lo que a su derecho conviniera, y dicha actuación se efectuó el veintidós de septiembre del año en curso, siendo que hasta el momento no se ha dictado la sentencia en ese procedimiento y, por ende, no se ha resuelto sobre el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. En síntesis, el recurso de revisión contra el acto reclamado fue interpuesto por el aquí quejoso en el juicio de origen, el cual se encuentra en trámite, ya que aún no se ha resuelto, con lo que quedan satisfechos los primeros dos requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio. En cuanto al requisito de que el recurso o medio de defensa legal sea el idóneo para obtener la revocación o modificación del acto reclamado y pueda tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, se satisface porque el precepto 237 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (con base en el cual la sala responsable dio trámite al medio de impugnación), señala: ARTÍCULO 237.- El recurso de revisión se presentará por escrito con expresión de agravios ante la Sala que dictó el acuerdo o resolución que se impugna, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. Recibido el recurso, la Sala formará cuaderno por separado, en el cual certificará la fecha en que se notificó el acuerdo o resolución impugnada y la fecha en que se presentó el recurso. Acto seguido, acordará en el cuaderno mencionado la recepción del mismo y ordenará se corra traslado a las demás partes, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación contesten ante la misma Sala lo que a sus derechos convenga. Una vez que se reciban los escritos de las demás partes, o bien, transcurrido el plazo sin que hubieren presentado escrito alguno; la Sala, previa certificación del transcurso y conclusión del plazo, acordará la remisión a la Sala Superior del cuaderno a que se refiere el artículo anterior, mismo que deberá contener: a) El escrito por el que se interpone el recurso de revisión; b) La certificación que contengan la fecha de notificación del acuerdo impugnado y la fecha de presentación del recurso; c) La diligencia de notificación a las demás partes; d) La certificación de la fecha de notificación y la fecha en que se presentaron los escritos de las partes, o en su caso, la certificación de que transcurrido el plazo de cinco días concedidos, no se presentaron escritos de las partes; y e) Los escritos de las partes. Asimismo, enviará copia certificada de las actuaciones del expediente si lo que se recurre es un acuerdo o resolución interlocutoria, o bien el expediente original si se impugna la sentencia que puso fin a la Primera Instancia, así como la determinación que igualmente ponga fin al proceso de la primera instancia. Y el diverso 238 del mencionado cuerpo normativo establece: ARTÍCULO 238.- El Magistrado Presidente de la Sala Superior recibido el recurso, dictará el acuerdo de turno correspondiente y la turnará al Magistrado que corresponda para que formule el proyecto de resolución respectivo. El proyecto será sometido para su aprobación a los integrantes de la Sala Superior, en la sesión que corresponda. Resuelto el recurso, se notificará a las partes y a la Sala correspondiente, remitiendo copia certificada de la resolución del recurso de revisión, en su caso, se devolverá el expediente original de Primera Instancia, si este se hubiere remitido. El Reglamento interno de este Órgano Jurisdiccional dispondrá la organización, forma de sesiones de la Sala Superior y de sus votaciones. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto recamado en el juicio de amparo, y si lo hizo valer el quejoso debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional. Máxime que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por ello es imperativo para el ahora quejoso esperar a que se resuelva el medio ordinario de defensa que promovió su defensa y pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, de lo contrario, se produce la sustitución de los tribunales ordinarios, por parte de los Jueces Federales y se hace factible la emisión de resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto, lo que de inmediato se traduce en inseguridad jurídica, extremos que de ninguna manera constituyen finalidades del amparo y deben evitarse en toda labor jurisdiccional. En esas circunstancias, es claro que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, porque se encuentra en trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del mismo acto reclamado en el juicio de amparo, lo cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en este sumario de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ESTAR PENDIENTE DE RESOLVERSE UN RECURSO ORDINARIO. Es improcedente el juicio de garantías que se interponga contra actos que han sido objeto de un recurso ordinario, que está pendiente de resolverse; porque existe la posibilidad de que el agraviado obtenga ante la potestad ordinaria, el remedio contra el acto lesivo de sus intereses, siendo evidente que carece de objeto práctico el juicio de amparo, pues habiéndose admitido jurisprudencialmente, que el juicio de garantías es el medio adecuado para realizar el control del principio de legalidad que debe informar toda actividad estatal, la lógica exige que la jurisdicción constitucional sólo entre en juego cuando el acto lesivo haya quedado perfectamente definido, ante la potestad ordinaria y la voluntad del Estado que en tal acto se exterioriza, haya quedado perfectamente definida, ya que de otra manera no podría justificadamente afirmarse que se había quebrantado ese principio de legalidad." Así como la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, acorde con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la referida Ley. Consecuentemente, dado el sentido de la resolución, no se analizan los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento en el juicio lo impide de forma insalvable. Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Tomo VI, página 708, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394984, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que lo anterior signifique desconocer el principio pro homine o el control de la convencionalidad consagrados en la Constitución Federal a partir de las reformas de junio de dos mil once, en cuanto a que obligan a que el juzgador privilegie la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas; sin embargo, la aplicación de los mencionados principios no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que a continuación se cita: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso José Octavio Solís Jiménez, contra el auto dictado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el expediente 40/2021 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.724/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos de Sala encargada del despacho de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2° Pruebas. Toda vez que dicha autoridad responsable remite copia certificada de diversas constancias deducidas del a) juicio 40/2021, de su control y b) recurso de revisión 263/2021; en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de su parte, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.724/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, habilitada como encargada del despacho de la Sala de su adscripción y facultada para tramitar y resolver los asuntos sustanciados en la misma sala, rinda el informe justificado que le fue solicitado en proveído de ocho de julio de este año, al habérsele notificado el veintiuno de este mes y año. 2° Se difiere audiencia. En consecuencia, para dar oportunidad a la recepción de dicho informe, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. 3° Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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- José Morales Ramírez (Representante común) y Otros.800/2019
- José Noé Cano Ibarra1278/2017
- José Octavio Luna Calderón1032/2018
- José Octavio Solís Jiménez1166/2022
- José Octavio Solis Jiménez789/2022
- José Ortíz Ocampo691/2019
- José Pérez Bohórquez.616/2019
- José Pérez Bohórquez685/2023
- José Pérez Francisco1110/2023