Jose Octavio Ruiz Alvarez
Expediente 614/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/12/2020
Partes del expediente
- Jose Octavio Ruiz Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
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Vista la certificación de cuenta, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso. En ese sentido, toda vez que dicho plazo transcurrió del nueve al trece de noviembre del presente año, sin que la parte quejosa cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintinueve de octubre del año actual, y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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NOTIFICACION POR LISTA QUEJOSO.- Vista la certificación de cuenta, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso. En ese sentido, toda vez que dicho plazo transcurrió del nueve al trece de noviembre del presente año, sin que la parte quejosa cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintinueve de octubre del año actual, y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. Vista; la demanda de amparo promovida por José Octavio Ruiz Álvarez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 614/2020. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele la parte quejosa y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno. Lo anterior, pues por un lado, refiere como autoridades responsables ordenadoras a los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; Fiscales del Ministerio Público Investigadores del Primer y Segundo Turno, residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas; y, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno, con domicilio en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. De igual forma, designa como ejecutoras al Director de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; Comandante Regional de la Policía Especializada destacamentada en Chiapa de Corzo, Chiapas; y, Comandante o Jefe de Grupo Encargado de la Policía Especializada destacamentada en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por sí o por medio de sus subordinados. Además, en el capítulo relativo al acto reclamado, menciona la orden de atacar su libertad fuera de procedimiento, que el quejoso dice que consisten en la orden de localización, presentación, detención y aprehensión librada en su contra. Por otra parte, en el apartado relativo a antecedentes de los actos reclamados refiere que el veintitrés, veinticuatro y veinticinco de octubre del año en curso, ha tenido conocimiento que personas que se han identificado como agentes de la policía especializada de la Fiscalía de Distrito Centro han llegado a su domicilio preguntando por el quejoso porque dice que tienen una orden de aprehensión en su contra para detenerlo dentro de la causa penal 342/2020 y que lo buscan con el nombre de Octavio Álvarez Ruiz y/o José Octavio Ruiz Álvarez, además que esa orden de aprehensión la solicitó el Ministerio Público y que tiene la orden de llevarlo detenido. Por lo tanto, dado que en el capítulo de antecedentes únicamente indica la orden de aprehensión y detención dictada en una causa penal, no se advierte con claridad si en realidad únicamente reclama dicha orden y, en su caso, toda vez que, las autoridades ministeriales que menciona no son competentes para dictar una orden de aprehensión o detención en una causa penal, no se observa con precisión cuál es el acto que atribuye a las autoridades que señala como ordenadoras Fiscales del Ministerio Público Investigadores del Primer y Segundo Turno, residentes en Chiapa de Corzo, Chiapas; Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno, con domicilio en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Máxime que también refiere como acto reclamado la orden de presentación, sin precisar si únicamente atribuye dicho acto a las autoridades ministeriales que menciona o si también se lo reclama a los Jueces de Control que refiere, dato que resulta necesario para, en su caso, resolver sobre la procedencia del juicio de amparo, así como, la suspensión del acto reclamado, pues la orden relativa dictada por el Fiscal del Ministerio Público resulta de naturaleza y características distintas a la emitida por una autoridad judicial, de ahí que, debe hacerse la distinción entre ambas figuras jurídicas, a fin de estar en condiciones de resolver sobre la procedencia del juicio de amparo, así como, de la medida suspensional solicitada. Asimismo, se observa que la parte quejosa no expresa la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados, es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, pues es necesario que el quejoso amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente estima que una orden librada en contra de una persona distinta al quejoso, en este caso, de nombre Octavio Álvarez Ruiz puede afectar al impetrante cuyo nombre a su decir, es José Octavio Ruiz Álvarez o si en realidad utiliza ambos nombres de manera indistinta, sin que lo haya acreditado o bien, si su intención es promover la demanda de amparo en representación de Octavio Álvarez Ruiz, sin que haya exhibido en su caso documento alguno para acreditar la personalidad con que se ostenta. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído manifieste de manera específica lo siguiente: A) Si únicamente señala como acto reclamado la orden de aprehensión y detención dictada en la causa penal 342/2020, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y, en su caso, si los demás actos que menciona son sólo antecedentes o consecuencias del referido en primer término. B) En su caso, toda vez que las autoridades ministeriales no son competentes para dictar una orden de aprehensión y detención en una causa penal, indique de qué manera participan en dicho acto los Fiscales del Ministerio Público que designó como ordenadoras o cuál es el acto especifico que les atribuye, indicando su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificar el acto reclamado y a qué autoridad se lo atribuye. C) O bien, si reclama de forma destacada la orden de localización y presentación, así como a qué autoridad en particular se la atribuye, esto es, si se lo atribuye únicamente a las autoridades ministeriales que refiere, precisando a cuál de ellas en específico o también a los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. D) De igual forma, en su caso, deberá indicar si la orden de localización y presentación, es con la finalidad de que comparezca a la audiencia inicial en la causa penal 342/2020 ante el Juez de Control o en una causa penal diversa, precisando el número de expediente del que deriva el acto reclamado. E) Tomando en consideración que menciona la orden de atacar su libertad fuera de procedimiento, deberá indicar si pretende reclamar alguna orden privativa de la libertad distinta emitida fuera de procedimiento, señalando todos los antecedentes al respecto, indicando su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificarla y a qué autoridad se lo atribuye o si en realidad únicamente se refiere a las órdenes privativas de la libertad que señala en su demanda derivadas de la causa penal que indica. F) De igual manera, toda vez que designa como ejecutoras al Director de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; Comandante Regional de la Policía Especializada destacamentada en Chiapa de Corzo, Chiapas; y, Comandante o Jefe de Grupo Encargado de la Policía Especializada destacamentada en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por sí o por medio de sus subordinados, deberá precisar a qué subordinados se refiere, manifestando su nombre, cargo y cualquier otro dato que permita identificarlos o si solamente es su intención señalar como responsables a los titulares de dichas dependencias. G) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el acto reclamado o alguno relacionado; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. De igual forma, en el término concedido, bajo protesta de decir verdad, deberá: H) Ampliar los antecedentes de los actos reclamados, precisando porqué concretamente estima que una orden librada en contra de una persona distinta al quejoso, en este caso, de nombre Octavio Álvarez Ruiz puede afectar al impetrante cuyo nombre a su decir, es José Octavio Ruiz Álvarez o si en realidad utiliza ambos nombres de manera indistinta, en ese caso, lo deberá acreditar fehacientemente con prueba idónea. I) O bien, si su intención es promover la demanda de amparo en representación de Octavio Álvarez Ruiz y, en ese supuesto, exhiba el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad con que se ostenta, indicando cuál es el acto especifico que atribuye en representación de dicha persona. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de sus autorizados que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que si opta por dar cumplimiento de forma física a la prevención de mérito, deberá exhibir diez copias del escrito aclaratorio y del documento que exhiba para acreditar su personalidad, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que siete son para las autoridades responsables, dos para tramitar el incidente de suspensión y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Reynaldo Vázquez Pérez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no pasa inadvertido que la parte quejosa haya solicitado la suspensión de los actos reclamados en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, los actos que refiere no se encuentran dentro de las hipótesis que contempla dicho precepto, por lo que, en caso de que se llegue a admitir la demanda, será materia de análisis en el respectivo incidente de suspensión. Asimismo, no se soslaya que la parte quejosa haya manifestado ". con el temor fundado de que se me pueda privar de mi libertad indebidamente, o en su caso se llegue la posibilidad de que me torturen o me metan a la cárcel sin haber cometido delito alguno..."; sin embargo, no se advierte que dichos actos se estén realizando actualmente sino que son futuros de realización incierta, pues dependen de que el quejoso sea detenido, de ahí que, no se actualiza ninguno de los supuestos a que alude el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, como se dijo, no se advierte que los actos de se duele se encuentren en los supuestos que señala el artículo 126 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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