José Octavio Correas Salinas
Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Octavio Correas Salinas
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del conflicto competencial 6/2021, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y este Juzgado Federal, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se declara competente a la Jueza Primera de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por José Octavio Correa Salinas. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución al Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, México. TERCERO. Se ordena ingresar el fallo al Sistema de Registro de Asuntos Resueltos en Competencia Delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, además, informar dicho ingreso al correo Conflicto Competencial@mail.scjn.gob.mx." Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto derivado del cuaderno de antecedentes en que se actúa, por el cual se encomendó notificar a la parte quejosa José Octavio Correas Salinas , el auto de once de octubre de dos mil veintiuno. Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual comunica el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, del que se advierte admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y este Órgano Jurisdiccional, el cual quedo registrado con el número de conflicto competencial 6/2021.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 896/2021, de su índice, con motivo de la demanda de amparo promovida por José Octavio Correa Salinas, con motivo de la incompetencia planteada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 997/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior, y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, al ser la competencia un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, tenemos que del numeral 37 de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior se puede advertir que, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Conviene destacar que, en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad de la autoridad responsable tendiente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Ahora, de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama el auto nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el expediente 1076/2009, en el que, inadmitió a trámite el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de seis de septiembre del año en curso, en el que se dejaron sin efectos los proveídos de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a que la etapa de partición y adjudicación quedó superada. Así, quien resuelve, estima que se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa reclama actos de carácter meramente declarativos, carentes hasta este momento de ejecución; por tanto, debe plantearse la competencia para conocer del asunto en su integridad al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, atendiendo al acto reclamado que no requiere ejecución material, puesto que, sólo constituye un acto declarativo, a través del cual se desechó el recurso de revocación intentado contra el auto que dejó sin efectos diversos proveídos. En efecto, al reclamarse el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1076/2009, que desechó el recurso de revocación, así como de forma destaca el de seis del mismo mes y año, que dejó sin efectos las determinaciones de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a que la etapa de partición y adjudicación quedó superada, constituyen actos de carácter meramente declarativos, que carecen de ejecución material, por tanto, es que se actualiza la regla de competencia prevista en el último párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Además, respetuoso de su criterio, este juzgador estima que no puede tomarse como parámetro para fincar competencia, que en el expediente 1076/2009, lo que se pretende es ejecutar la sentencia de adjudicación de los bienes de la masa hereditaria, siendo que uno de los inmuebles se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, porque, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye el auto que desechó el recurso de revocación contra el que dejó sin efectos los proveídos de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, acto que por sí mismo, no tiene una ejecución material, pues deben considerarse las consecuencias directas e inmediatas del acto reclamado, no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de éste se generen, dado que el análisis del mismo se efectúa de acuerdo con lo que se vincula con él. En esas condiciones, el acto reclamado que inadmitió el recurso de revocación, así como aquel que dejó insubsistentes diversas determinaciones, carecen de ejecución material respecto de las personas o las cosas, dado que efectivamente para surtir efectos no requiere de un acto posterior que la complemente, pues no será necesario llevar a cabo acciones reales que produzcan un cambio material vinculado con tales actos. Sin que obste lo señalado por el juzgado remitente, en el sentido de que la residencia del juez responsable se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, esto es, fuera de su jurisdicción; sin embargo, lo relativo a la residencia de la autoridad emisora del acto, no es un elemento a considerar al momento de fijar la competencia, porque no es un supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de un juez de distrito, cuando el acto reclamado carece de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª.), relativa a la contradicción de tesis 389/2013, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, determinó lo siguiente:: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De igual manera, es orientadora al respecto, la tesis aislada emitida la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIV, página mil seiscientos cuarenta y dos, del contenido siguiente: "APELACIÓN, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA. Si se reclama en amparo la resolución de un Tribunal Superior de Justicia, que declara infundada la queja interpuesta contra un Juez, por haber desechado el recurso de apelación que se hizo valer contra la sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario civil, sobre adquisición de propiedad, por prescripción, la suspensión debe negarse, por tratarse de un acto declarativo que no tiene efectos positivos aparentes, puesto que al declarar infundada la queja contra la resolución que no admitió una apelación, no es posible afirmar que se ordenó hacer algo; y aunque es cierto que tal declaración trae consigo que la sentencia de primera instancia quede firme, si esa resolución declara que no procede la acción intentada, no hay acto que suspender." Es por ello que no se acepta la competencia que se plantea; por lo que se ordena devolver el presente juicio de amparo, al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitándole atentamente, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. En otro contexto, y toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio del quejoso ubicado en Dr. Atl. 41, interior 4, colonia Santa María la Rivera, Alcandía Cuauhtémoc, Ciudad de México; y le notifique la presente determinación. De igual forma, deberá requerirlo para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado; apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema lo emite al momento del envió, por ello, la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Con relación a las personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y original de la presente determinación, en prevención a un conflicto competencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía exhorto.Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 896/2021, de su índice, con motivo de la demanda de amparo promovida por José Octavio Correa Salinas, con motivo de la incompetencia planteada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 997/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior, y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, al ser la competencia un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, tenemos que del numeral 37 de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior se puede advertir que, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Conviene destacar que, en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad de la autoridad responsable tendiente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Ahora, de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama el auto nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el expediente 1076/2009, en el que, inadmitió a trámite el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de seis de septiembre del año en curso, en el que se dejaron sin efectos los proveídos de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a que la etapa de partición y adjudicación quedó superada. Así, quien resuelve, estima que se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa reclama actos de carácter meramente declarativos, carentes hasta este momento de ejecución; por tanto, debe plantearse la competencia para conocer del asunto en su integridad al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, atendiendo al acto reclamado que no requiere ejecución material, puesto que, sólo constituye un acto declarativo, a través del cual se desechó el recurso de revocación intentado contra el auto que dejó sin efectos diversos proveídos. En efecto, al reclamarse el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1076/2009, que desechó el recurso de revocación, así como de forma destaca el de seis del mismo mes y año, que dejó sin efectos las determinaciones de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a que la etapa de partición y adjudicación quedó superada, constituyen actos de carácter meramente declarativos, que carecen de ejecución material, por tanto, es que se actualiza la regla de competencia prevista en el último párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Además, respetuoso de su criterio, este juzgador estima que no puede tomarse como parámetro para fincar competencia, que en el expediente 1076/2009, lo que se pretende es ejecutar la sentencia de adjudicación de los bienes de la masa hereditaria, siendo que uno de los inmuebles se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, porque, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye el auto que desechó el recurso de revocación contra el que dejó sin efectos los proveídos de once y veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, acto que por sí mismo, no tiene una ejecución material, pues deben considerarse las consecuencias directas e inmediatas del acto reclamado, no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de éste se generen, dado que el análisis del mismo se efectúa de acuerdo con lo que se vincula con él. En esas condiciones, el acto reclamado que inadmitió el recurso de revocación, así como aquel que dejó insubsistentes diversas determinaciones, carecen de ejecución material respecto de las personas o las cosas, dado que efectivamente para surtir efectos no requiere de un acto posterior que la complemente, pues no será necesario llevar a cabo acciones reales que produzcan un cambio material vinculado con tales actos. Sin que obste lo señalado por el juzgado remitente, en el sentido de que la residencia del juez responsable se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, esto es, fuera de su jurisdicción; sin embargo, lo relativo a la residencia de la autoridad emisora del acto, no es un elemento a considerar al momento de fijar la competencia, porque no es un supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de un juez de distrito, cuando el acto reclamado carece de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª.), relativa a la contradicción de tesis 389/2013, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, determinó lo siguiente:: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De igual manera, es orientadora al respecto, la tesis aislada emitida la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIV, página mil seiscientos cuarenta y dos, del contenido siguiente: "APELACIÓN, SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA. Si se reclama en amparo la resolución de un Tribunal Superior de Justicia, que declara infundada la queja interpuesta contra un Juez, por haber desechado el recurso de apelación que se hizo valer contra la sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario civil, sobre adquisición de propiedad, por prescripción, la suspensión debe negarse, por tratarse de un acto declarativo que no tiene efectos positivos aparentes, puesto que al declarar infundada la queja contra la resolución que no admitió una apelación, no es posible afirmar que se ordenó hacer algo; y aunque es cierto que tal declaración trae consigo que la sentencia de primera instancia quede firme, si esa resolución declara que no procede la acción intentada, no hay acto que suspender." Es por ello que no se acepta la competencia que se plantea; por lo que se ordena devolver el presente juicio de amparo, al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitándole atentamente, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. En otro contexto, y toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio del quejoso ubicado en Dr. Atl. 41, interior 4, colonia Santa María la Rivera, Alcandía Cuauhtémoc, Ciudad de México; y le notifique la presente determinación. De igual forma, deberá requerirlo para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado; apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema lo emite al momento del envió, por ello, la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Con relación a las personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y original de la presente determinación, en prevención a un conflicto competencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía exhorto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- José Miguel Lara Cortes1059/2023
- José Misael Bretón Ramírez165/2023
- José Mizdrahi Smeke310/2019
- José Nava Ortiz358/2019
- José Navarro Ruiz125/2020
- José Octavio Correas Salinas1034/2021
- José Olivera Vasquez1887/2017
- José Ortega Ríos1190/2023
- José Osvaldo Primitivo Vivero650/2021
- José Osvaldo Vélez Contreras882/2023
- José Pablo Gutiérrez Bernal1031/2018
- José Pablo Martínez Vaca917/2020