José Octavio Cervantes Capetillo
Expediente 1214/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Octavio Cervantes Capetillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de Tramitación Común de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes II, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de seis de los actuales, manifiesta que sí fungió como Agente del Ministerio Público, ante el Juzgado Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato, dado que en la Unidad Especializada en Adolescentes, ya no se cuenta con un Agente del Ministerio Público adscrito a impugnaciones; en ese sentido, al tratarse del mismo funcionario quién fungió como Agente del Ministerio Público en primera y segunda instancia, para los efectos del presente juicio de amparo, se le tiene por notificada de la sentencia emitida en el presente juicio, en su carácter de tercera interesada, desde el momento en que recibió el diverso oficio 3306/2020 de nuestro índice. Po otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la que este Tribunal sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ************, por conducto de su defensora ******************, contra actos del Juez Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato, y otras autoridades, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 -fracción II- del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo y acuerdo precitados, toda vez que se concedió la suspensión, por lo se deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como, el acuerdo de su archivo; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el seis de los actuales, mediante oficio 6687/2020, se ordenó requerir al Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, en su calidad de parte acusadora en la causa penal ************ de la estadística del Juzgado de Oralidad en Justica para Adolescentes, Sede Celaya, Guanajuato, para que en el término de tres días legalmente computado, informara a este órgano jurisdiccional, sí en su calidad de parte acusadora fungió como Agente del Ministerio Público, ante el Juzgado Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato; sin embargo, dicho oficio fue dirigido al Juez de Control Adscrito al Juzgado Acusatorio y Oral Especializado en Justicia para Adolescentes de esta ciudad. En relatadas condiciones, ya que tal información es fundamental para poder causar ejecutoria el presente juicio, con fundamento en el artículo 17 constitucional, y en obvio de mayores dilaciones procesales, además atendiendo a los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia, reenviase el citado oficio a la autoridad correcta, a efecto de que tenga conocimiento de su contenido y cumpla con lo requerido.
- Principal
Agréguese a sus autos el sobre que devuelve la oficina del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mismo que contiene los oficios 5533/2020 y 3304/2020 del índice de este juzgado, dirigidos al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato, del que se advierte la leyenda: "Desconocido el CARGO en el domicilio que cita REHUSADO"; en ese sentido, se acuerda: Con la finalidad de tener la certeza de la identidad de la autoridad a la que se le pretende notificar, requiérase al Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, en su calidad de parte acusadora en la causa penal 1A0619-28 de la estadística del Juzgado de Oralidad en Justica para Adolescentes, Sede Celaya, Guanajuato, para que en el término de tres días legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional, sí en su calidad de parte acusadora fungió como Agente del Ministerio Público, ante el Juzgado Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237 -fracción I- en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE DICEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA; Vista la demanda de amparo promovida por ************, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta ser defensora de ************, contra actos del Juez Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1214/2019-II. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción III del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." De lo anterior se advierte la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, en el capítulo ateniente a "AUTORIDADES RESPONSABLES" la parte quejosa únicamente señaló: Juez Segundo de Impugnación para Adolescentes del Estado de Guanajuato; y, Juez de Control adscrito al Juzgado Acusatorio y oral Especializado en Justicia para Adolescentes de la sede Celaya, Guanajuato. Asimismo, en el capítulo VIII de su demanda de amparo relativa a los "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", textualmente apuntó: La aplicación de la porción normativa consistente fracción III del artículo 191-b fracción III del Código de Penal del Estado de Guanajuato, que señala de manera literal "Desmantele, trafique, detente, posea u oculte vehículos automotores robados o alterados de sus números de identificación vehicular." bajo tipo penal de Robo Equiparado, y que es el hecho señalado como delito por el cual se le vincula a proceso al adolescente ************, y que constituye el primer acto de aplicación, resulta inconstitucional al trasgredir de manera directa derechos fundamentales en los principios pro persona que se encuentra contenido en el segundo párrafo del artículo 1°, exacta aplicación de la ley en el tercer párrafo del numeral 14, el de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica que prevé el primer párrafo del ordinal 16, presunción de inocencia que establece el artículo 20 apartado B fracción II todos estos preceptos pertenecientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Entonces, si la intención de la parte quejosa es combatir la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 191-b, fracción III del Código Penal del Estado de Guanajuato, es omisa en hacer el señalamiento de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo de la Ley que considera inconstitucional. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el numeral 114, fracción II, ambos de la ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Señale como responsables a los Órganos de Estado que participaron en la creación de la ley que tilda de inconstitucional; debiendo de exhibir una copia por cada autoridad que designe. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su líbelo constitucional y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a Mario David García Cárdenas, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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