José Octavio Avilés Pelayo

Expediente 1813/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1813/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • José Octavio Avilés Pelayo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto, registrándolo con el número D.C. 11/2022. En consecuencia, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por José Octavio Avilés Pelayo, parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa; a través del cual comparece a desahogar la prevención que le fue formulada en auto de catorce de diciembre pasado. Al respecto, tomando en consideración las manifestaciones que hace el promovente en su escrito de cuenta, este Juzgado considera que se cuenta con los elementos necesarios para determinar lo siguiente: Sentido de la determinación. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo que nos ocupa, así como su escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de grado y materia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México. Lo anterior, en el entendido de que la competencia no debe ser confundida con la procedencia, esto es, con independencia de si el juicio de amparo resulta procedente o no, sólo el órgano jurisdiccional competente puede emitir el pronunciamiento respectivo. Antecedentes relevantes. Se considera necesario señalar como antecedentes relevantes dentro de la presente contienda constitucional, los siguientes: 1. Que el veintitrés de noviembre del dos mil, aparentemente le fue otorgado al quejoso el CRÉDITO HIPOTECARIO LÍNEA 2, CRÉDITO INFONAVIT INDIVIDUAL NÚMERO ***, por treinta años. 2. Que el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, aparentemente cedió a ZENDERE Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, los derechos de cobro del crédito hipotecario del quejoso, de conformidad a lo que se sustenta bajo el documento Resolución número RCA-1316-10-05, de veintiséis de octubre de dos mil cinco, del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; al tratarse de un crédito de cartera vencida. 3. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, el quejoso en su carácter de LA PARTE DEUDOR, aparentemente celebró un contrato de transacción con ZENDERE Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en su carácter de LA ACREEDOR, de conformidad con el plan de restructuración propuesto por ésta última. 4. Que el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, aparentemente adquirió nuevamente los derechos de cobro del crédito hipotecario del quejoso, proponiéndole dos nuevos planes de restructuración para llevar a cabo el pago de su crédito hipotecario. 5. Que con motivo de los pagos efectuados por el quejoso, tanto a ZENDERE Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, por concepto del CRÉDITO HIPOTECARIO LÍNEA 2, CRÉDITO INFONAVIT INDIVIDUAL NÚMERO ***; se tramitaron en contra del ahora quejoso, varios juicios del orden civil ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 6. Que en virtud de las afectaciones a su esfera jurídica, generadas con motivo de las actuaciones, determinaciones y resoluciones judiciales efectuadas durante la tramitación de los juicios del orden civil mencionados en el párrafo anterior, el quejoso promueve el presente juicio de amparo indirecto. Precisiones de los actos reclamados. Ahora bien, del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, se arriba a la conclusión de que lo que el justiciable busca a través del juicio de amparo, es que se ejerza control de la constitucionalidad sobre los fallos dictados en los juicios civiles instaurados en su contra con motivo del CRÉDITO HIPOTECARIO LÍNEA 2, CRÉDITO INFONAVIT INDIVIDUAL NÚMERO *** Lo anterior, pues así se desprende del libelo aclaratorio a su demanda de amparo, en el que textualmente manifestó: Como se observa, el justiciable expone que el origen de las afectaciones a su esfera jurídica, lo constituyen los fallos dictados en los juicios civiles instaurados en su contra, pues no obstante haber agotado los medios de defensa previstos en ley, las autoridades jurisdiccionales que señala, no entraron al estudio de las pruebas que ofreció en dichos juicios. Manifestaciones que alcanzan coherencia con el escrito inicial de su demanda de amparo, dado que en el apartado correspondiente al de las autoridades señaladas como responsables, el quejoso señaló con tal carácter a los diversos Jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, del escrito aclaratorio la parte quejosa indica textualmente lo siguiente: Por lo anteriormente expresado, aclaro concretamente que reclamo de las autoridades responsables que SUSPENDAN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, TODA VEZ QUE DERIVA DE UNA TRANSMISIÓN ILEGAL DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO DE INTERÉS SOCIAL A TERCEROS, MEDIANTE UNA CESIÓN ONEROSA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, SIENDO PRECISO SOBRE MI CRÉDITO HIPOTECARIO LINEA 2 CRÉDITO INFONAVIT INDIVIDUAL NÚMERO ***. Manifestaciones que permiten concluir a este Juzgado de Distrito, que la verdadera intención del accionante al promover el presente juicio de amparo, es reclamar las sentencias definitivas dictadas por Jueces en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no haber entrado al estudio de las pruebas ofrecidas en la substanciación de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Hechas las precisiones anteriores, a continuación se hará el pronunciamiento correspondiente en cuanto a las razones de la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo. Razones de la incompetencia. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, toda vez que la vía idónea para impugnar el acto señalado como reclamado es el juicio de amparo directo. Al respecto, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso concreto y como se abordó en el apartado anterior, la verdadera intención del accionante al promover el presente juicio de amparo, es reclamar las sentencias definitivas dictadas por Jueces en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no haber entrado al estudio de las pruebas ofrecidas en la substanciación de los mismos. Bajo esa premisa, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece en su fracción I, que el juicio de amparo directo procede: 170. El juicio de amparo directo procede:--- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. --- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.--- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.--- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. El artículo referido establece que para la procedencia del juicio de amparo directo se requiere, entre otros: (i) que se promueva en contra de una sentencia definitiva; y, (ii) que previamente, se hayan agotado los recursos ordinarios previstos en la ley de la materia. En el caso que nos ocupa, el promovente combate las resoluciones emitidas por los siguientes Jueces: 1. Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. 2. Juez Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 3. Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 4. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 5. Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 6. Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 7. Juez Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Por haber omitido analizar las pruebas ofrecidas en dichos juicios. En este sentido, se concluye que los actos reclamados se ubican en el supuesto de competencia del juicio de amparo directo, toda vez que se trata de resoluciones definitivas, dictadas por un Tribunal Judicial, que pusieron fin a diversos juicios y por tal motivo, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, cobra aplicación lo establecido en el artículo 37, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 47 de la Ley de Amparo, en los que se prevé: 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:--- I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) --- c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal . 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.--- El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito.--- Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Consideraciones que a su vez se desprenden de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), que lleva por rubro: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Dadas estas premisas y sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, al reclamarse una resolución que puso fin a un juicio, resultan competentes a los Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara legalmente incompetente para conocer de este asunto, toda vez que compete a un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Efectivamente, se considera que debe conocer de la demanda de amparo un Tribunal Colegiado en Materia Civil, no solo por tratarse de resoluciones definitivas que pusieron fin a varios juicios; sino también porque el problema jurídico que se origina a partir de los actos reclamados, es un problema de materia civil, y por ende tiene competencia legal por razón de materia para conocer y resolver del asunto que nos ocupa, un Tribunal Colegiado en Materia Civil. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia por materia se establece en atención a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, sin considerar los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, ya que, de lo contrario, la competencia por materia se fijaría en razón de lo que aleguen las partes sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Así se aprecia en la jurisprudencia siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Dicho lo anterior y en lo que concierne a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente en su artículo 37, fracción I, inciso c): 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:--- I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) --- c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal De lo transcrito se destaca que los tribunales colegiados de circuito conocen de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En el caso concreto, cabe puntualizar que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de las autoridades responsables de entrar al estudio de las pruebas ofrecidas por el ahora quejoso en los juicios civiles iniciados en su contra. Omisión que atribuye a diversos Jueces de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues así lo expone en el escrito aclaratorio de su demanda de amparo. Por tal motivo, se concluye que los actos reclamados devienen de juicios en materia civil; lo que a su vez implica que las leyes que sustentaron dicho procedimiento pertenecen a la materia civil. Circunstancia por la que este órgano jurisdiccional no podría analizar el acto reclamado desde la óptica de un asunto meramente administrativo, sino que, para analizar su constitucionalidad se requiere verificar el cumplimiento de esas normas de carácter civil. Dicho lo anterior, éste Juzgado concluye que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, antes referido y por ende, se declara incompetente por razón de grado y materia, para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en la materia y circuito inmediatamente citados; solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo correspondiente y se sirva informar la determinación que asuma sobre el particular. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Oposición Datos Personales. En relación a la solicitud sobre la oposición a la publicación de sus datos personales, hágasele saber a la quejosa que en términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que la publicación regular de las listas de los asuntos que se siguen en este órgano jurisdiccional, en las que se incluye el nombre o denominación de las partes no implica la divulgación de su información confidencial, porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada o datos personales que ameriten manejo diferenciado al general. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.1o.A.E.229, de rubro: DATOS PERSONALES. LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA ANUENCIA DE AQUÉLLAS. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. En relación a la solicitud del promovente, relacionada con el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones por la misma vía, dígasele que deberá estarse a lo determinado en proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso, donde se realizó la autorización correspondiente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistida de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, en virtud de que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Como lo solicita la promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontraron los nombres de usuario ********************y********************que corresponden a ********************. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte quejosa revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Notifíquese. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de once de noviembre de este año, el cual registró con el Q.A. 315/2021. Este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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