José Novella González
Expediente 379/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Novella González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión, transcurrió para la parte quejosa del veinte de junio al tres de julio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Sí existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, trece de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado el quince de junio de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase al Juez Primero del Ramo Penal de Cieneguillas, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 26/2012, en dos tomos, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3424/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
En quince de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Encargada del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos, dentro del juicio de amparo 379/2017. Conste. junio de dos mil diecisiete Zacatecas, Zacatecas, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Así, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado por el peticionario de la tutela federal José Novella González, se hace consistir en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, en autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Ahora, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, mediante oficio registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 7628, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia condenatoria en autos de la mencionada causa penal 26/2012, toda vez que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En autos de la presente causa penal resulto debidamente comprobado el delito de HOMICIDIO CALIFICDO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera el nombre de JAIME IBARRA ZAPATA; así como quedó demostrada la PLENA RESPONSABILIDAD PENAL de JOSÉ NOVELLO GONZÁLEZ en su comisión en calidad de autor material directo en términos de la fracción I del artículo 11 del Código Penal. En consecuencia: SEGUNDO. Se DICTA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ, al haberse acreditado plenamente su RESPONSABILIDAD PENAL PLENA en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de JAIME IBARRA ZAPATA. Por lo que: TERCERO. Se impone a JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ una sanción privativa de libertad de DIECINUEVE AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN ORDINARIA y multa de TREINTA cuotas de salarios mínimo vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, que fue cuando ocurrieron los lamentables hechos, a razón cada cuota de veintidós pesos con cincuenta centavos moneda nacional, que se traduce en la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. La sanción de prisión la deberá de compurgar el sentenciado de mérito en el lugar que para el efecto designe la autoridad jurisdiccional Encargada de la Ejecución de Sanciones del Estado, con abono del tiempo padecido desde el día dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, en que fue cumplimentada la orden de aprehensión dictada en su contra, por elementos de la policía ministerial del Estado y puesto inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional que reclamaba su captura, e interno en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de este lugar. Por cuando a la multa ésta deberá hacerse efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por conducto de esta autoridad jurisdiccional. CUARTO, Se ordena AMONESTAR AL SENTENCIADO de mérito, en diligencia formal para prevenir su reincidencia. [.]". Por tanto, como se adelantó, en el caso, el juicio de garantías resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de la reseña de antecedentes que se ha hecho, se desprende que el quejoso José Novella González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, consistente en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por dicho juez en los autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en dicha causa penal, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria en su contra; circunstancia que cambió su situación jurídica, pues con el dictado de la referida resolución culmina la etapa de instrucción, en donde puede promover el incidente que constituye el acto reclamado y no así, una vez que se dicte sentencia en la que el quejoso adquirió la calidad de sentenciado, por lo que el cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se reclaman cometidas en el referido incidente de libertad por desvanecimiento de datos, ya que no es posible decidir sobre éste sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario del amparo. Apoya lo anterior, la tesis PC.I.P. J/26 P (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA EN QUE SE DECLAREN "VISTOS LOS AUTOS" PARA DICTAR SENTENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). El incidente de libertad por desvanecimiento de datos privilegia la celeridad en la determinación de la libertad del acusado, por lo que al tomar en cuenta los plazos legales que pueden mediar entre el cierre de la instrucción y el dictado de la sentencia, es inexacto que solamente pueda promoverse hasta antes del cierre de aquélla; hacerlo así, vulneraría el derecho de una justicia pronta y el respeto a la libertad personal, al introducirse una limitante no prevista en la ley; no obstante, ello no significa que dicha incidencia pueda promoverse en cualquier estado del proceso, ya que pese a que no se especifique de esa forma en el artículo 546 del abrogado Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, se desconocería su naturaleza y se desvirtúa el objeto de la misma, al tener en cuenta que dicho incidente tiene por objeto demostrar que la base del auto de formal prisión o de sujeción a proceso se encuentra destruida; por tanto, la solicitud debe realizarse en cualquier momento del proceso, antes de la celebración de la audiencia en que se declare "vistos los autos" para dictar sentencia". Así como la diversa tesis visible en la página 152, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, INCIDENTE DE. SU NATURALEZA Y OBJETO. Al establecerse, en efecto, que la tramitación del desvanecimiento de datos es por vía incidental, de ello, técnicamente, se infiere que la materia de la controversia no puede rebatir más que la cuestión accesoria que la motiva; lo que conlleva a establecer que la esencia de lo planteado radica en la pretensión de dejar sin efecto el auto de plazo constitucional sostén del procedimiento principal hasta entonces en trámite, lo que sólo será eficaz en cuanto exista prueba indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, o bien, la probable responsabilidad penal del procesado, requiriéndose entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de referencia; resultando insuficiente entonces el simple ataque o el poner en tela de juicios los datos o circunstancias en cuestión, pues aun cuando haya algunos que lo favorezcan, cuando tal apoyo no sea de alcance radical como se preindica, es obvio que en tal caso su valoración es materia de la sentencia definitiva y no de interlocutoria alguna". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RIGOBERTO IBARRA ZAPATA, EL AUTO DICTADO EN FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En quince de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Encargada del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos, dentro del juicio de amparo 379/2017. Conste. junio de dos mil diecisiete Zacatecas, Zacatecas, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Así, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado por el peticionario de la tutela federal José Novella González, se hace consistir en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, en autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Ahora, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, mediante oficio registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 7628, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia condenatoria en autos de la mencionada causa penal 26/2012, toda vez que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En autos de la presente causa penal resulto debidamente comprobado el delito de HOMICIDIO CALIFICDO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera el nombre de JAIME IBARRA ZAPATA; así como quedó demostrada la PLENA RESPONSABILIDAD PENAL de JOSÉ NOVELLO GONZÁLEZ en su comisión en calidad de autor material directo en términos de la fracción I del artículo 11 del Código Penal. En consecuencia: SEGUNDO. Se DICTA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ, al haberse acreditado plenamente su RESPONSABILIDAD PENAL PLENA en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de JAIME IBARRA ZAPATA. Por lo que: TERCERO. Se impone a JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ una sanción privativa de libertad de DIECINUEVE AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN ORDINARIA y multa de TREINTA cuotas de salarios mínimo vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, que fue cuando ocurrieron los lamentables hechos, a razón cada cuota de veintidós pesos con cincuenta centavos moneda nacional, que se traduce en la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. La sanción de prisión la deberá de compurgar el sentenciado de mérito en el lugar que para el efecto designe la autoridad jurisdiccional Encargada de la Ejecución de Sanciones del Estado, con abono del tiempo padecido desde el día dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, en que fue cumplimentada la orden de aprehensión dictada en su contra, por elementos de la policía ministerial del Estado y puesto inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional que reclamaba su captura, e interno en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de este lugar. Por cuando a la multa ésta deberá hacerse efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por conducto de esta autoridad jurisdiccional. CUARTO, Se ordena AMONESTAR AL SENTENCIADO de mérito, en diligencia formal para prevenir su reincidencia. [.]". Por tanto, como se adelantó, en el caso, el juicio de garantías resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de la reseña de antecedentes que se ha hecho, se desprende que el quejoso José Novella González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, consistente en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por dicho juez en los autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en dicha causa penal, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria en su contra; circunstancia que cambió su situación jurídica, pues con el dictado de la referida resolución culmina la etapa de instrucción, en donde puede promover el incidente que constituye el acto reclamado y no así, una vez que se dicte sentencia en la que el quejoso adquirió la calidad de sentenciado, por lo que el cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se reclaman cometidas en el referido incidente de libertad por desvanecimiento de datos, ya que no es posible decidir sobre éste sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario del amparo. Apoya lo anterior, la tesis PC.I.P. J/26 P (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA EN QUE SE DECLAREN "VISTOS LOS AUTOS" PARA DICTAR SENTENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). El incidente de libertad por desvanecimiento de datos privilegia la celeridad en la determinación de la libertad del acusado, por lo que al tomar en cuenta los plazos legales que pueden mediar entre el cierre de la instrucción y el dictado de la sentencia, es inexacto que solamente pueda promoverse hasta antes del cierre de aquélla; hacerlo así, vulneraría el derecho de una justicia pronta y el respeto a la libertad personal, al introducirse una limitante no prevista en la ley; no obstante, ello no significa que dicha incidencia pueda promoverse en cualquier estado del proceso, ya que pese a que no se especifique de esa forma en el artículo 546 del abrogado Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, se desconocería su naturaleza y se desvirtúa el objeto de la misma, al tener en cuenta que dicho incidente tiene por objeto demostrar que la base del auto de formal prisión o de sujeción a proceso se encuentra destruida; por tanto, la solicitud debe realizarse en cualquier momento del proceso, antes de la celebración de la audiencia en que se declare "vistos los autos" para dictar sentencia". Así como la diversa tesis visible en la página 152, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, INCIDENTE DE. SU NATURALEZA Y OBJETO. Al establecerse, en efecto, que la tramitación del desvanecimiento de datos es por vía incidental, de ello, técnicamente, se infiere que la materia de la controversia no puede rebatir más que la cuestión accesoria que la motiva; lo que conlleva a establecer que la esencia de lo planteado radica en la pretensión de dejar sin efecto el auto de plazo constitucional sostén del procedimiento principal hasta entonces en trámite, lo que sólo será eficaz en cuanto exista prueba indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, o bien, la probable responsabilidad penal del procesado, requiriéndose entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de referencia; resultando insuficiente entonces el simple ataque o el poner en tela de juicios los datos o circunstancias en cuestión, pues aun cuando haya algunos que lo favorezcan, cuando tal apoyo no sea de alcance radical como se preindica, es obvio que en tal caso su valoración es materia de la sentencia definitiva y no de interlocutoria alguna". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA AUXILIO RAMOS NOVELLA, EL AUTO DICTADO EN FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En quince de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Encargada del Despacho, con el estado procesal que guardan los presentes autos, dentro del juicio de amparo 379/2017. Conste. junio de dos mil diecisiete Zacatecas, Zacatecas, quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Así, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado por el peticionario de la tutela federal José Novella González, se hace consistir en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, en autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Ahora, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, mediante oficio registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 7628, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia condenatoria en autos de la mencionada causa penal 26/2012, toda vez que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En autos de la presente causa penal resulto debidamente comprobado el delito de HOMICIDIO CALIFICDO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera el nombre de JAIME IBARRA ZAPATA; así como quedó demostrada la PLENA RESPONSABILIDAD PENAL de JOSÉ NOVELLO GONZÁLEZ en su comisión en calidad de autor material directo en términos de la fracción I del artículo 11 del Código Penal. En consecuencia: SEGUNDO. Se DICTA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ, al haberse acreditado plenamente su RESPONSABILIDAD PENAL PLENA en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EJECUTADO CON VENTAJA cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de JAIME IBARRA ZAPATA. Por lo que: TERCERO. Se impone a JOSÉ NOVELLA GONZÁLEZ una sanción privativa de libertad de DIECINUEVE AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN ORDINARIA y multa de TREINTA cuotas de salarios mínimo vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, que fue cuando ocurrieron los lamentables hechos, a razón cada cuota de veintidós pesos con cincuenta centavos moneda nacional, que se traduce en la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. La sanción de prisión la deberá de compurgar el sentenciado de mérito en el lugar que para el efecto designe la autoridad jurisdiccional Encargada de la Ejecución de Sanciones del Estado, con abono del tiempo padecido desde el día dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, en que fue cumplimentada la orden de aprehensión dictada en su contra, por elementos de la policía ministerial del Estado y puesto inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional que reclamaba su captura, e interno en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de este lugar. Por cuando a la multa ésta deberá hacerse efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, por conducto de esta autoridad jurisdiccional. CUARTO, Se ordena AMONESTAR AL SENTENCIADO de mérito, en diligencia formal para prevenir su reincidencia. [.]". Por tanto, como se adelantó, en el caso, el juicio de garantías resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de la reseña de antecedentes que se ha hecho, se desprende que el quejoso José Novella González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero del Ramo Penal, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, consistente en la resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por dicho juez en los autos del proceso penal 26/2012, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Ibarra Zapata, respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el citado procesado, aquí quejoso, por conducto de su defensor. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en dicha causa penal, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria en su contra; circunstancia que cambió su situación jurídica, pues con el dictado de la referida resolución culmina la etapa de instrucción, en donde puede promover el incidente que constituye el acto reclamado y no así, una vez que se dicte sentencia en la que el quejoso adquirió la calidad de sentenciado, por lo que el cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se reclaman cometidas en el referido incidente de libertad por desvanecimiento de datos, ya que no es posible decidir sobre éste sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario del amparo. Apoya lo anterior, la tesis PC.I.P. J/26 P (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO HASTA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA EN QUE SE DECLAREN "VISTOS LOS AUTOS" PARA DICTAR SENTENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). El incidente de libertad por desvanecimiento de datos privilegia la celeridad en la determinación de la libertad del acusado, por lo que al tomar en cuenta los plazos legales que pueden mediar entre el cierre de la instrucción y el dictado de la sentencia, es inexacto que solamente pueda promoverse hasta antes del cierre de aquélla; hacerlo así, vulneraría el derecho de una justicia pronta y el respeto a la libertad personal, al introducirse una limitante no prevista en la ley; no obstante, ello no significa que dicha incidencia pueda promoverse en cualquier estado del proceso, ya que pese a que no se especifique de esa forma en el artículo 546 del abrogado Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, se desconocería su naturaleza y se desvirtúa el objeto de la misma, al tener en cuenta que dicho incidente tiene por objeto demostrar que la base del auto de formal prisión o de sujeción a proceso se encuentra destruida; por tanto, la solicitud debe realizarse en cualquier momento del proceso, antes de la celebración de la audiencia en que se declare "vistos los autos" para dictar sentencia". Así como la diversa tesis visible en la página 152, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, INCIDENTE DE. SU NATURALEZA Y OBJETO. Al establecerse, en efecto, que la tramitación del desvanecimiento de datos es por vía incidental, de ello, técnicamente, se infiere que la materia de la controversia no puede rebatir más que la cuestión accesoria que la motiva; lo que conlleva a establecer que la esencia de lo planteado radica en la pretensión de dejar sin efecto el auto de plazo constitucional sostén del procedimiento principal hasta entonces en trámite, lo que sólo será eficaz en cuanto exista prueba indubitable de la destrucción o invalidez palmaria de los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, o bien, la probable responsabilidad penal del procesado, requiriéndose entonces en forma inequívoca y absoluta el que se borren, deshagan, disuelvan o desaparezcan por completo los elementos de referencia; resultando insuficiente entonces el simple ataque o el poner en tela de juicios los datos o circunstancias en cuestión, pues aun cuando haya algunos que lo favorezcan, cuando tal apoyo no sea de alcance radical como se preindica, es obvio que en tal caso su valoración es materia de la sentencia definitiva y no de interlocutoria alguna". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe."
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