José Norberto Mancilla Gonzalez
Expediente 1121/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1121/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2017
Partes del expediente
- José Norberto Mancilla Gonzalez
- José Norberto Mancilla Gonzalez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. Concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días naturales, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; esto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. Concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días naturales, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; esto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero del Ramo Civil. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil. 3. Director de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1121/2017-4-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ."La ilegal orden de lanzamiento o desposesión, dictada dentro de los autos del expediente 351/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dictado por el C. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin que el suscrito tenga conocimiento de cual es el día y la hora en que se ejecutará el ilegal lanzamiento en mi contra, respecto del inmueble ubicado e identificado en la superficie que abarcan los lotes número 32, 33 y 34 de la manzana 46, ubicado en la calle Rosario Castellanos, sin número de la Colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el cual tengo en posesión, en mi carácter de arrendatario del citado inmueble". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" A fin de sustentar la improcedencia, es pertinente destacar que es un hecho notorio para la suscrita que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 629/2017, el cual fue promovido por la contraparte del aquí quejoso Miguel Ángel Hurtado Armengot, radicándose el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que los actos reclamados fueron: a) La notificación de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del dos mil diecisiete dictada dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016; b) El auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiste, que tiene por precluido el derecho del quejoso para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del dos mil diecisiete dictada dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016 y declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; y c) Auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente del juicio ordinario de reivindicación 351/2016, en el que el Juez responsable desecha el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia de veintiocho de marzo de la presente anualidad. Seguido el juicio en sus trámites en veintidós de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que por lo que hace a los actos reclamados con los incisos a) y b), se determinó sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace al acto combatido señalado con el inciso c), se estimó que este órgano jurisdiccional carecía de competencia para resolver, por lo que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por Miguel Ángel Hurtado Armengot, por propio derecho, y se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, correspondiéndole su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien lo radicó con el número 453/2017. Posteriormente, según datos obtenidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual también se invoca como hecho notorio, en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Hurtado Armengot, por lo que hace al acto que se le declinó la competencia, y en nueve de agosto de dos mil diecisiete, ya que la parte quejosa no interpuso recurso de reclamación contra el proveído en el que se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo, quedó firme. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia aplicada por analogía, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2023, del tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen. También sirve de apoyo la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2181, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Sin que resulte necesario certificar dichas constancia, en atención a las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual enseguida se transcribe: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De lo anterior se advierte que en el juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016, del cual deriva el acto aquí reclamado la sentencia dictada constituye cosa juzgada. Y, de la demanda de amparo que nos ocupa se desprende que el quejoso acude al presente juicio de amparo aduciendo tener la posesión del inmueble que se encuentra en contradicción en el juicio ordinario civil citado en el párrafo anterior, ello en virtud del contrato de arrendamiento que bajo protesta de decir verdad el solicitante de amparo aduce haber realizado con Miguel Ángel Hurtado Armengot, el cual tiene el carácter de parte demandada en el juicio natural del cual emana el acto reclamado; lo anterior, inclusive es reconocido por las propias manifestaciones del quejoso en el capítulo de hechos de la demanda de amparo, quien refiere haber tenido conocimiento del juicio, de las partes y las pretensiones que en aquél se deducen. Conforme a lo anterior, es dable establecer que el aquí quejoso adquiere el carácter de causahabiente frente a su causante, esto es por cuanto a Miguel Ángel Hurtado Armengot, quien como se dijo es parte demandada e interviene en el juicio natural, además es quien otorgó -a decir del quejoso- la posesión derivada del inmueble que se aduce otorgado en arrendamiento, por lo cual se actualiza entre el solicitante de amparo y la parte demandada en el juicio de origen la figura jurídica de causahabiencia procesal, es decir, el quejoso no adquiere el carácter de tercero extraño a juicio pues se posesiona en el mismo estado jurídico que su causante, esto es, la parte demandada en el juicio reivindicatorio civil 351/2016. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la tesis I.3o.C.828C , sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste." En ese tenor, como fue anticipado el solicitante de amparo se encuentra sujeto a las hipótesis de procedencia de la acción constitucional que establece el artículo 61, Fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la orden de lanzamiento o desposesión, dictada dentro de los autos del expediente 351/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto del inmueble ubicado e identificado en la superficie que abarcan los lotes número 32, 33 y 34 de la manzana 46, ubicado en la calle Rosario Castellanos, sin número de la Colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; juicio en el que quedó evidenciado en párrafos precedentes ya adquirió la naturaleza de cosa juzgada; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior así, pues dicha determinación constituye un acto dictado en ejecución de sentencia, y tratándose de ese tipo de reclamos el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, es pertinente para quien esto resuelve dejar asentado que el acto que en la especie se combate no constituye la última resolución dictada para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, ya que debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una resolución dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Así lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.5o.C. 341 C, visible en las fojas 252 y 253, del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 'PARA' O 'EN' EJECUCIÓN DE.- Conforme a una sana interpretación del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, y la diversa en ejecución de la misma; por la primera, es decir, la pronunciada 'para' la ejecución de sentencia, en términos del precepto en cita, debe entenderse como la que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la emitida 'en' ejecución de sentencia, no constituye precisamente la última determinación judicial, previa a su material ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. En cuya virtud, si el proveído reclamado era impugnable a través del recurso de apelación por no constituir la última resolución dictada para la ejecución de sentencia, al no agotar el demandado dicho recurso ordinario, lo procedente es confirmar la resolución que desechó de plano su demanda de garantías por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto intentado." Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las relativas al requerimiento de desocupación y entrega del bien inmueble materia de arrendamiento, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la sentencia en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Además, con la ejecución del acto impugnado, no se advierte que se violen derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, pues dicha determinación tiene por objeto la desocupación y entrega del bien inmueble materia de arrendamiento, que no es sino una consecuencia de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados a María Aida Espinosa Díaz, Rodolfo Rosas Gallegos y Melitón Aquino Hernández, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en términos restringidos que alude el citado precepto legal, por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Primero del Ramo Civil. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil. 3. Director de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1121/2017-4-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ."La ilegal orden de lanzamiento o desposesión, dictada dentro de los autos del expediente 351/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dictado por el C. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin que el suscrito tenga conocimiento de cual es el día y la hora en que se ejecutará el ilegal lanzamiento en mi contra, respecto del inmueble ubicado e identificado en la superficie que abarcan los lotes número 32, 33 y 34 de la manzana 46, ubicado en la calle Rosario Castellanos, sin número de la Colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el cual tengo en posesión, en mi carácter de arrendatario del citado inmueble". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" A fin de sustentar la improcedencia, es pertinente destacar que es un hecho notorio para la suscrita que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 629/2017, el cual fue promovido por la contraparte del aquí quejoso Miguel Ángel Hurtado Armengot, radicándose el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que los actos reclamados fueron: a) La notificación de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del dos mil diecisiete dictada dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016; b) El auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiste, que tiene por precluido el derecho del quejoso para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de marzo del dos mil diecisiete dictada dentro del juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016 y declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; y c) Auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente del juicio ordinario de reivindicación 351/2016, en el que el Juez responsable desecha el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia de veintiocho de marzo de la presente anualidad. Seguido el juicio en sus trámites en veintidós de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que por lo que hace a los actos reclamados con los incisos a) y b), se determinó sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace al acto combatido señalado con el inciso c), se estimó que este órgano jurisdiccional carecía de competencia para resolver, por lo que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por Miguel Ángel Hurtado Armengot, por propio derecho, y se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, correspondiéndole su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien lo radicó con el número 453/2017. Posteriormente, según datos obtenidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual también se invoca como hecho notorio, en veintiocho de junio de dos mil diecisiete, desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Hurtado Armengot, por lo que hace al acto que se le declinó la competencia, y en nueve de agosto de dos mil diecisiete, ya que la parte quejosa no interpuso recurso de reclamación contra el proveído en el que se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo, quedó firme. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia aplicada por analogía, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en página 2023, del tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen. También sirve de apoyo la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2181, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión. Sin que resulte necesario certificar dichas constancia, en atención a las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual enseguida se transcribe: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De lo anterior se advierte que en el juicio ordinario civil (acción reivindicatoria) 351/2016, del cual deriva el acto aquí reclamado la sentencia dictada constituye cosa juzgada. Y, de la demanda de amparo que nos ocupa se desprende que el quejoso acude al presente juicio de amparo aduciendo tener la posesión del inmueble que se encuentra en contradicción en el juicio ordinario civil citado en el párrafo anterior, ello en virtud del contrato de arrendamiento que bajo protesta de decir verdad el solicitante de amparo aduce haber realizado con Miguel Ángel Hurtado Armengot, el cual tiene el carácter de parte demandada en el juicio natural del cual emana el acto reclamado; lo anterior, inclusive es reconocido por las propias manifestaciones del quejoso en el capítulo de hechos de la demanda de amparo, quien refiere haber tenido conocimiento del juicio, de las partes y las pretensiones que en aquél se deducen. Conforme a lo anterior, es dable establecer que el aquí quejoso adquiere el carácter de causahabiente frente a su causante, esto es por cuanto a Miguel Ángel Hurtado Armengot, quien como se dijo es parte demandada e interviene en el juicio natural, además es quien otorgó -a decir del quejoso- la posesión derivada del inmueble que se aduce otorgado en arrendamiento, por lo cual se actualiza entre el solicitante de amparo y la parte demandada en el juicio de origen la figura jurídica de causahabiencia procesal, es decir, el quejoso no adquiere el carácter de tercero extraño a juicio pues se posesiona en el mismo estado jurídico que su causante, esto es, la parte demandada en el juicio reivindicatorio civil 351/2016. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la tesis I.3o.C.828C , sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste." En ese tenor, como fue anticipado el solicitante de amparo se encuentra sujeto a las hipótesis de procedencia de la acción constitucional que establece el artículo 61, Fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la orden de lanzamiento o desposesión, dictada dentro de los autos del expediente 351/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto del inmueble ubicado e identificado en la superficie que abarcan los lotes número 32, 33 y 34 de la manzana 46, ubicado en la calle Rosario Castellanos, sin número de la Colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; juicio en el que quedó evidenciado en párrafos precedentes ya adquirió la naturaleza de cosa juzgada; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior así, pues dicha determinación constituye un acto dictado en ejecución de sentencia, y tratándose de ese tipo de reclamos el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, es pertinente para quien esto resuelve dejar asentado que el acto que en la especie se combate no constituye la última resolución dictada para llevar a cabo la ejecución de la sentencia, ya que debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una resolución dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Así lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.5o.C. 341 C, visible en las fojas 252 y 253, del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 'PARA' O 'EN' EJECUCIÓN DE.- Conforme a una sana interpretación del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, y la diversa en ejecución de la misma; por la primera, es decir, la pronunciada 'para' la ejecución de sentencia, en términos del precepto en cita, debe entenderse como la que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la emitida 'en' ejecución de sentencia, no constituye precisamente la última determinación judicial, previa a su material ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. En cuya virtud, si el proveído reclamado era impugnable a través del recurso de apelación por no constituir la última resolución dictada para la ejecución de sentencia, al no agotar el demandado dicho recurso ordinario, lo procedente es confirmar la resolución que desechó de plano su demanda de garantías por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto intentado." Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las relativas al requerimiento de desocupación y entrega del bien inmueble materia de arrendamiento, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la sentencia en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Además, con la ejecución del acto impugnado, no se advierte que se violen derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, pues dicha determinación tiene por objeto la desocupación y entrega del bien inmueble materia de arrendamiento, que no es sino una consecuencia de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados a ***, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en términos restringidos que alude el citado precepto legal, por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente."
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