José Noel Martínez Paredes
Expediente 1153/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Noel Martínez Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de nueve de los actuales, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *******, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) José Noel Martínez Paredes o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el diez y once de enero del año en curso, a notificarse personalmente del proveído o resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete -no obstante de habérseles dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, les notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del doce de enero de dos mil diecisiete; y que en lo conducente establece: Visto el estado de autos, se advierte que el seis de enero de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable agente del Ministerio Público Mixto II de la Unidad de Investigación de Tramitación Común (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Titular de la Agencia Investigadora 39-UTC01 de Tarimoro, Gto.), residente en Tarimoro, Guanajuato, remitiendo, adjunta a su informe justificado, la documental consistente en copia autentificada de la carpeta de investigación número 22185/2016. Ahora bien, del contenido de las referida constancias, mismas que se encuentran autentificadas por la oficiante, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, por las siguientes consideraciones. Precisión del acto reclamado. Una vez analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una interpretación completa de la voluntad de la parte quejosa, se advierte que José Noel Martínez Paredes, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en esta ciudad, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la agente del Ministerio Público Mixta II de la Unidad de Investigación de Tramitación Común (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Titular de la Agencia Investigadora 39-UTC01 de Tarimoro, Gto.), residente en Tarimoro, Guanajuato, consistente en: La omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados por el suscrito. Ello en la carpeta de investigación número 22185. Causa de sobreseimiento. Sin embargo, la autoridad responsable, mediante su oficio de cuenta, anexó copia autenticada de la referida carpeta, dentro de la cual obra determinación ministerial de veintiocho de abril de dos mil dieciséis (f. 45-46), en la que decretó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, y como consecuencia el ARCHIVO DEFINITIVO de la aludida carpeta de investigación, acotando que la misma se originó con motivo de la denuncia o querella formulada por el susodicho Martínez Paredes contra MARÍA DEL CARMEN ROJAS SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ARRIOLA VEGA, JUANA ÁVILA SÁNCHEZ, FRANCISCO CANELO GÓMEZ, POMPEYO NOYOLA Y PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, misma determinación que notificó a dicho denunciante, el veintiuno de diciembre próximo pasado (f. 49). Inconforme con tal determinación, el hoy quejoso José Noel Martínez Paredes, interpuso el recurso de reclamación previsto por el artículo 438 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato (f. 50-54), lo que motivó que la representación social responsable, mediante su oficio número 2614/2016, de veintiséis de diciembre próximo pasado, presentado el veintisiete siguiente ante el Juzgado de Oralidad Penal en Salvatierra, Guanajuato, solicitó de este la celebración de la audiencia de reclamación (f. 55 frente y vuelta). Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que con motivo de la denuncia o querella formulada por el aquí quejoso contra MARÍA DEL CARMEN ROJAS SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ARRIOLA VEGA, JUANA ÁVILA SÁNCHEZ, FRANCISCO CANELO GÓMEZ, POMPEYO NOYOLA Y PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, en veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se abrió la carpeta de investigación número 22185/2016, y el veintiocho siguiente la responsable agente del Ministerio Público Mixta II de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, residente en Tarimoro, Guanajuato, determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y, por ende, el ARCHIVO DEFINITIVO de la aludida investigación. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable al oficio que se provee, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" En efecto la norma jurídica apuntada, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A manera de preámbulo, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental que considera violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica, no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 fracción I de la Ley de Amparo en vigor se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues de la documental que adjuntó el agente del Ministerio Público Mixta II de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, residente en Tarimoro, Guanajuato, se advierte que el veintiocho de abril de la presente anualidad, dentro de la carpeta de investigación número 22185/2016, formada con motivo de la denuncia o querella formulada por José Noel Martínez Paredes, hoy quejoso, contra MARÍA DEL CARMEN ROJAS SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ARRIOLA VEGA, JUANA ÁVILA SÁNCHEZ, FRANCISCO CANELO GÓMEZ, POMPEYO NOYOLA Y PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y, por consiguiente, su archivo definitivo. Lo que hace patente que las omisiones reclamadas antes referidas, ya no existen en la realidad y, en consecuencia, no hay motivo para que se estudie su legalidad o ilegalidad, dado que no existiría derecho fundamental que reparar. Por lo que, como se ha evidenciado, el acto omisivo de que se dolía el solicitante de la tutela constitucional, en cuanto a sus efectos, ha quedado jurídicamente inexistente, de tal manera que el evento tildado de inconstitucional ya no agravia al impetrante del amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, atendiendo al espíritu que la rige y en lo conducente, la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así también, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, localizable en la página 38, registro IUS 193758 cuyo rubro y texto establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, es inconcuso que han desaparecido los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos materia de la denuncia o querella subyacente en la carpeta de investigación de origen; razón por la cual se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 9/98, emitida también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro 196820, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Fecha de audiencia constitucional. Por tal motivo, no será posible celebrar la audiencia constitucional señalada mediante proveído de veintiocho de diciembre próximo pasado, para las once horas con siete minutos del próximo uno de febrero. Vigencia de las jurisprudencias invocadas. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables al caso, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de Tarimoro, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de él al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como documentales y se tiene por desahogada dada su naturaleza.
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