José Noé Iván Barrarine Bravo

Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • José Noé Iván Barrarine Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, que resolvió que se confirma la resolución recurrida y se sobresee en el juicio de amparo indirecto... Toda vez que la sentencia del tribunal de alzada no admite recurso alguno, es evidente que causa ejecutoria por ministerio de ley... Archívese como asunto concluido... Se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... Es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años... El incidente de suspensión es susceptible de depuración una vez transcurrido el plazo de tres años... se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción... Prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, recupere la documental que en original exhibió en autos bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, será glosada y destruida. Notificación personal a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo en que se actúa, que en síntesis dice: Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el testimonio de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, que resolvió que se confirma la resolución recurrida y se sobresee en el juicio de amparo indirecto... Toda vez que la sentencia del tribunal de alzada no admite recurso alguno, es evidente que causa ejecutoria por ministerio de ley... Archívese como asunto concluido... Se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... Es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años... El incidente de suspensión es susceptible de depuración una vez transcurrido el plazo de tres años... se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción... Prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, recupere la documental que en original exhibió en autos bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, será glosada y destruida. Notificación personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    :. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en amparo en revisión 500/2022-I, del índice del tribunal de su adscripción, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el presente sumario; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    :. En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 601/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables; asimismo, da cuenta al Juez con las promociones con números de registros 13933 y 14000; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta, la primera, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado Federal y, la segunda, por Johnny Moisés Rodríguez Castillo, apoderado de la tercera interesada; visto su contenido, ténganse a las citadas partes formulando alegatos y dese cuenta en la etapa correspondiente de esta audiencia. Asimismo, en cuanto a la solicitud de la fisca de la adscripción de expedir copia de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá fotocopia certificada de la misma. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializada en Juicios Orales, con sede en esta ciudad (tomo de prueba), ofrecieron pruebas documentales, mientras que ninguna de las demás partes hizo uso de ese derecho; a lo que el Juez, provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ciérrese la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la adscripción y la tercera interesada, formularon manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formuladas por la Agente del Ministerio Público de la adscripción y la tercera interesada; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez, acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 601/2022-III, promovido por José Noe Iván Barbarini Bravo, por derecho propio, contra actos de la Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializada en Juicios Orales, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el veinte siguiente, José Noe Iván Barbarini Bravo, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la i] Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializada en Juicios Orales, ii] Actuario adscrito a dicho juzgado, y del iii] Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS. - - - A) De dichas autoridades señaladas como responsables, vengo reclamando la orden de desahucio decretada para poner en posesión material al actor apoderado de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en relación directa con el siguiente bien inmueble que el suscrito tengo en posesión material, con motivo de un contrato de arrendamiento, respecto del bien inmueble que describo como el ubicado en el PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO 25 (VEINTICINCO), MANZANA 14 (CATORCE), SUPERMANZANA 77 (SETENTA Y SIETE), CALLE 01 (CERO UNO) SUR, DE LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. - - - B) Así como la ilegal orden de lanzamiento con el auxilio de la fuera pública, que pretende ejecutar la responsable ordenadora en los autos del Juicio Oral Mercantil número 177/2015 del incidente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicios de Cuantía Menor de esta ciudad (actualmente Juzgado de Distrito en Material Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales)." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el veinte de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de veintiuno de junio siguiente, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 601/2022-III, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 685/2022, en el sentido de negar el amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se reconoció el carácter de tercera interesada a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien en su oportunidad fue emplazada a juicio y compareció; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia mercantil, con ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hace consistir en: Del 2] Actuario adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales: a) La falta de emplazamiento al juicio oral mercantil 177/2015 del juzgado de su adscripción. De la 1] Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializada en Juicios Orales, con sede en esta ciudad: b) Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluida la sentencia dictada en dicho juicio y los actos tendentes a su ejecución. c) El auto de dos de marzo de dos mil veintidós, dictado en dicho juicio, por el cual se ordena el desalojo y entrega del bien inmueble ubicado en predio marcado con el número veinticinco (25), manzana catorce (14), supermanzana setenta y siete (77), calle cero uno Sur (01), en esta ciudad, con autorización para romper candados y cerraduras con auxilio de la fuerza pública. Del 2] Actuario adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales y 3] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, respectivamente: d) La ejecución del acto precisado en el inciso c) que antecede. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Titular del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, 2] Actuario adscrito y 3] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, convienen en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta resolución. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la documental aportada por la juzgadora responsable (tomo de prueba), consistente en copia certificada del juicio oral mercantil 177/2015 de su índice, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que -en lo conducente- se advierte lo siguiente: 1. Mediante demanda presentada el diez de febrero de dos mil quince, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, antes Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, por conducto de su apoderada, demandó en la vía oral mercantil a Miguel Ángel Alvarado Martínez (ajeno a este juicio de amparo), el pago de las prestaciones ahí contenidas. 2. Por proveído de doce de febrero de dos mil quince, el juez oral de origen admitió en la vía y forma propuestas la demanda intentada; la radicó con el número de expediente 177/2015 de su índice, y ordenó emplazar al demandado Miguel Ángel Alvarado Martínez. 3. Seguida la secuela procesal, el treinta de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que por una parte se condenó al demandado Miguel Ángel Alvarado Martínez, a pagar las prestaciones reclamadas por la parte actora y por otra, se le absolvió del pago de las diversas precisadas en el considerando séptimo de dicho fallo. 4. Mediante auto de trece de julio de dos mil dieciséis, se trabó formal embargo sobre el bien inmueble identificado como predio marcado con el número veinticinco (25), manzana catorce (14), supermanzana setenta y siete (77), calle cero uno Sur (01), en esta ciudad, registrada con el folio 18206 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo. 5. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se tomó conocimiento de la cesión onerosa sobre diversos créditos, derechos de cobro y derechos litigiosos celebrada entre Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, antes Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, como cedente y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (aquí tercera interesada), como cesionario del crédito y de los derechos litigiosos deducidos del juicio oral mercantil de origen y se le reconoció dicho carácter. 6. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de remate en pública subasta, mediante la cual se adjudicó a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el bien embargado en el juicio natural. 7. Asimismo, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora exhibiendo la escritura de adjudicación número 19,174 (diecinueve mil ciento setenta y cuatro), pasada ante la fe del Notario Público cuarenta y nueve, con sede en esta ciudad, respecto del bien inmueble rematado, en tal virtud, se ordenó requerir a la parte demandada para que en el término de tres días, procediera a la desocupación y entrega física a la parte actora el bien inmueble adjudicado; con el apercibimiento de hacer uso de la fuerza pública en caso de desacato. 8. Finalmente, por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento a lo solicitado en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento y se autorizó el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras, ordenando girar oficio al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a efecto de entregar la posesión física a la parte actora del bien inmueble que se defiende en esta instancia constitucional. Luego, de las citadas constancias se desprende que el aquí quejoso José Noe Iván Barbarini Bravo no figuró como parte ni fue llamado al juicio oral mercantil de origen; asimismo, se advierte que, por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, la juez responsable ordenó el auxilio de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras, a fin de entregar a la parte actora el inmueble que se defiende en este juicio. En ese contexto, son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, quien se ostenta como tercera extraña natural al juicio de origen, precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia, este juzgado federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la propia ley, toda vez que no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Cabe destacar que la disposición legal en estudio, establece uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que el impetrante de derechos fundamentales acuda al juicio cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico y tutelado cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Sustenta lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 Genealogía: APÉNDICE '95: TESIS 852 PG. 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Como consecuencia de lo anterior, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En el presente asunto, como los actos reclamados en consulta provienen de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta arrendataria y posesionaria del inmueble que es objeto de desposesión, se analizará a la luz del interés jurídico. En la especie, como se ha visto, el solicitante del amparo ocurre ante este órgano de control constitucional a reclamar la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil de origen, así como todo lo actuado en ese juicio, incluyendo la sentencia ahí dictada, su ejecución y la orden de entrega del inmueble identificado como predio marcado con el número veinticinco (25), manzana catorce (14), supermanzana setenta y siete (77), calle cero uno Sur (01), en esta ciudad, con autorización para romper candados y cerraduras con auxilio de la fuerza pública. Pues bien, en razón que el solicitante de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es arrendatario y posesionario de buena fe del inmueble en controversia, a fin de determinar si cuenta con derecho para promover este juicio de amparo, se estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la posesión y nulidad de los negocios jurídicos a la luz de lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, del que se transcriben los siguientes numerales: "Artículo 135. Son elementos esenciales del negocio jurídico: I.- La voluntad; II.- El objeto; III.- La licitud; y IV.- La solemnidad." "Artículo 187. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la contraparte en su provecho, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común." "Artículo 190. Los negocios jurídicos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el negocio de que se trate (sic) exige la ley." "Artículo 384. La falta de cualquiera de los requisitos que menciona el artículo 135 produce la nulidad absoluta del acto, la que operará de pleno derecho si no hay un principio o inicio de ejecución." "Artículo 385. Si hay un principio de ejecución, la nulidad absoluta debe ser necesariamente declarada en juicio." "Artículo 1779. Es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 1218. Posee un derecho el que goza de él." "Artículo 1780. La posesión puede ser consecuencia del goce efectivo de un derecho real o personal, de una situación de hecho o de una situación contraria a derecho." "Artículo 1781. Cuando en virtud de un negocio jurídico el propietario entrega a otro un bien concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores del bien. El que lo posee a título de propietario tiene una posesión originaria y el otro una posesión derivada." De los artículos citados, se advierte que el negocio jurídico celebrado a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, será nulo de pleno derecho, a menos que exista un principio de ejecución, caso en que será necesario que la nulidad sea declarada en juicio, acción que no puede ser ejercitada por la contraparte en su provecho. Ahora, para que una persona pueda transmitir válidamente la posesión de una cosa se requiere ser su dominador y, en caso de no serlo, necesita estar facultado para tal efecto, ya sea por la ley (caso del usufructuario), o por autorización del dueño (arrendatario con cláusula expresa de subarriendo, mandatario, etcétera). De esta forma, la persona que recibe la posesión de un bien por quien legal o contractualmente lo tiene en forma originaria (en caso de ser el propietario, o titular del derecho real correspondiente), cuenta con posesión derivada, la que puede ser objeto de protección en el amparo indirecto, puesto que se funda en título, a diferencia de la posesión precaria o simple detentación de la cosa. Lo anterior, se encuentra corroborado por la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época No. Registro: 187733 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En el caso, los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por los siguientes motivos: I. El quejoso José Noé Iván Barbarini Bravo, no es parte en el sumario de origen, pues así se advierte de las constancias que integran el juicio oral mercantil 177/2015 del índice del juzgado natural, a las que se concedió valor probatorio pleno, donde se obtiene que el citado juicio fue promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Miguel Angel Alvarado Martínez. Así las cosas, si el quejoso José Noé Iván Barbarini Bravo, no es parte demandada en el proceso de origen, la falta de emplazamiento al mismo, así como todo lo actuado en ese proceso, la sentencia dictada en el juicio de origen y sus actos de ejecución, no le conculcan derecho subjetivo alguno, por lo que carece de interés jurídico para reclamar esos actos en esta vía constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Página: 1513 AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." II. Los actos reclamados tampoco inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que no demostró ser el legítimo poseedor del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. En efecto, si bien el quejoso adjuntó a la demanda de amparo el original del contrato de arrendamiento y transacción de diecinueve de septiembre de dos mil veinte, celebrado entre Miguel Ángel Alvarado Martínez y José Noé Iván Barbarini Bravo (quejoso), en relación con el bien inmueble ubicado en predio marcado con el número veinticinco (25), manzana catorce (14), supermanzana setenta y siete (77), calle cero uno Sur (01), en esta ciudad; documental que cuenta con valor probatorio en términos de los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cierto es que ese documento carece de fecha cierta que permita verificar con absoluta certeza el momento en que se celebró el acto jurídico que ahí se alude y, por tanto, aquel en que la quejosa (en principio) habría entrado en posesión del inmueble. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 169963 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Página: 11 ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Luego, si el documento en que la quejosa basa su pretensión (i) no ha sido presentado ante funcionario público que en razón de su encargo deba conocer del mismo (en uso de sus funciones), (ii) inscrito ante el Registro Público de la Propiedad o en todo caso, (iii) probado que la persona con la que celebró el acto jurídico ha fallecido; resulta indudable que dicho documento es insuficiente, por sí mismo, para probar su interés jurídico. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se cita: "Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Sin que obste a lo antes apuntado, que el quejoso ofreció además de la antes indicada, pruebas diversas, consistentes en: Pruebas (s) 1. Fotocopia sin certificar de la credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral a favor de José Noe Iván Barbarini Bravo. 2. Original de la cédula de notificación de nueve de junio de dos mil veintidós suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad, del auto de dos de marzo de dos mil veintidós, con impresión con evidencia criptográfica y sello de dicho proveído. 3. Impresión del oficio de dos de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, dictado en el juicio oral mercantil 177/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en esta ciudad. Documental, la primera, que cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual únicamente prueba que probablemente sean una reproducción de su original; mientras que las documentales señaladas en los incisos 2) y 3), con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 se acredita la notificación a la parte demandada Miguel Ángel Alvarado Martínez, sobre el desalojo y la entrega del bien inmueble que se defiende en este juicio; sin embargo, deviene inconducente para probar el interés jurídico en estudio, pues de aquél únicamente se acredita la identidad del aquí quejosa y la notificación del desalojó del bien inmueble que se defiende en este juicio al demandado Miguel Ángel Alvarado Martínez (ajeno a este juicio de amparo), sin que esa información traiga como consecuencia que el multicitado contrato adquirió fecha cierta. En las relatadas consideraciones, al no haber acreditado la parte quejosa contar con interés jurídico para reclamar los actos en consulta, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por José Noé Iván Barbarini Bravo, por derecho propio, contra los actos que reclama del 1] Titular del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, del 2] Actuario adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales y 3] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la tercera interesada y la fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Noé Iván Barbarini Bravo, por derecho propio, contra los actos reclamados de la 1] Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, del 2] Actuario adscrito al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales y 3] Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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