José Nivardo Mena Villanueva y Otros.

Expediente 596/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
596/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2016

Partes del expediente

  • José Nivardo Mena Villanueva y Otros.
  • José Nivardo Mena Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio mediante el cual le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 596/2016, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que consideramos carecer de competencia legal para conocer el presente asunto, el cual quedó registrado bajo el amparo directo número 400/2016 de su índice. Asimismo, se le tiene informando que previo a determinar si confirman o no la competencia declinada por este Juzgador, el dos de agosto del año en curso, dicho Tribunal Colegiado requirió a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, para que rinda su informe justificado acompañado con los autos del expediente 494/2014 de su índice, así como las constancias del emplazamiento de los terceros interesados que existan, al juicio de amparo directo en mención.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el catorce de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de trece de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que José Nivardo Mena Villanueva, Alfonso Correa Coral y Genaro Moguel Ordaz, por su propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad; regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 596/2016. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del juicio señalan como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo y/o resolución que con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, emitió el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, dentro del juicio agrario expediente 494/2014 del índice correspondiente al mismo Unitario." Además, de los antecedentes se advierte: "7. El acto reclamado consiste en el acuerdo de fecha 9 de junio de 2016, publicado el 21 de junio de 2016, decreta igualmente la caducidad del procedimiento en los ilegales términos que indica; en consecuencia al no estar conformes con lo determinado se exponen los agravios que se nos ocasiona." En ese tenor, debe decirse que la parte quejosa combate por esta vía constitucional una resolución que, sin decidir en lo principal, puso fin al juicio, contra la cual no procede ningún recurso ordinario. Entonces, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por los quejosos no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía laudo o diversa determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto en juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V]. De igual forma, no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas [fracción VI], ya que el quejoso reconoció ser parte formal -actora- del juicio natural. Mucho menos es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento laboral [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que, sin decidir en lo principal, puso fin al juicio, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que de la documental aportada por la parte quejosa, consistente en copia simple del acuerdo de nueve de junio de dos mil dieciséis en el expediente TUA44-494/2014, se advierte que la autoridad responsable decretó la caducidad del juicio y ordenó el archivo del expediente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 139/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo y anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad, de la manera más atenta, el acuse de recibo de estilo. En diverso tenor, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Esperanza Margarita Pérez Díaz y Armando Miranda Pérez. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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