José Niño Pérez
Expediente 469/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Niño Pérez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, a catorce de junio de dos mil veintitrés. ESCRITO INFORMA RENUNCIA DE DEFENSA Agréguese a los autos el escrito de ********************, quien se ostentó en el escrito inicial de demanda como abogado defensor de ******************** visto su contenido, téngasele realizando las manifestaciones que del mismo se desprenden, en el sentido de que a partir del siete de junio del año en curso, renunció al cargo de defensor particular de los quejosos directos, al respecto se provee: REQUERIMIENTOS AL JUEZ DE ORALIDAD Tomando en consideración que el promovente firmó conjuntamente con los quejosos ******************** el escrito inicial de demanda; por tanto o anterior, mediante oficio vía electrónica que al efecto se le gire, requiérase al Juez de Control de la Región Judicial Centro-Puebla, que es quien vinculó a proceso a los quejosos directos dentro de la causa penal ******************** de su índice, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe la nueva designación de defensor que se haya realizado y remita las constancias que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA VS DESECHAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de ***, quien se ostenta como defensor de los quejosos, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo del año en curso; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como su defensor particular, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACAJETE, PUEBLA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 469 2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia y en su carácter de imputado, de los Agentes del Ministerio Público señalados como responsables lo siguiente Las omisiones relacionados con datos de prueba y actos de investigación efectuados dentro de la carpeta de investigación número FGEP FIR CDI ACAJETE 003520 2021 y carpeta judicial 964 2021 derivada de ésta última. La omisión de tomar en consideración los datos de prueba obtenidos en la investigación complementaria dentro de la carpeta judicial 964 2021, derivada de la carpeta de investigación número FGEP FIR CDI ACAJETE 003520 2021, para destruir su teoría del caso. Como consecuencia de ello el que se hubiese señalado día y hora para el desahogo de la audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial 964 2021. 13 00 horas del 23 de mayo de 2023 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO En mérito de lo cual el juicio de amparo es improcedente porque dichos actos no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado constitucional o convencionalmente en favor de la parte quejosa, por lo que se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, si las consecuencias de los actos son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales el amparo indirecto es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese contexto, los actos y omisiones relacionados con la obtención y valoración de los datos de prueba y actos de investigación efectuados por los representantes sociales dentro de la carpeta de investigación número FGEP FIR CDI ACAJETE 003520 2021 y carpeta judicial 964 2021, y la consecuencia de haberse señalado día y hora para el desahogo de la audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial 964 2021 son actos de índole adjetiva intraprocesal , ya que puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva se valoren sus peticiones o se obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones. Incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que el juez penal por iniciativa propia practique las diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos en relación con la comprobación del delito, así como la plena comprobación de la responsabilidad del acusado o, en su caso, la irresponsabilidad del mismo. De ahí que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa, pues conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Por tanto, no es dable emprender el análisis de la legalidad de los actos reclamados a través del amparo biinstancial; en tanto que, se insiste, conciernen a aspectos relacionados con datos de prueba y ello no genera por sí una afectación material a alguno de los derechos sustantivos tutelados constitucional y convencionalmente en favor del quejoso. Lo expuesto tiene sustento por analogía en la jurisprudencia siguiente JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Justificación Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación , entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas , el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos , haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación . Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación , pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación , dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen por autorizadas a los profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registradas su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a ***, por así determinarlo el promovente. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Asimismo, téngasele por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el lugar de su reclusión, esto es, el Centro Penitenciario de Puebla. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal y o teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12 2020 y 29 del acuerdo general 21 2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21 2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID 19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21 2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID 19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12 2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21 2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID 19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus Nombres de Usuario . Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente https www.cjf.gob.mx documentos cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica Firel la pueden hacer en el sitio https www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas Android o iOS . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
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