Jose Nemrod Bracamontes Monrtaño y Otros.
Expediente 311/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2016
Partes del expediente
- Jose Nemrod Bracamontes Monrtaño y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de mayo del presente año, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo presentada por JOSÉ NEMROD BRACAMONTES MONTAÑO; por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 97 del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que conforme al considerando vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente si es susceptible de destrucción. De igual manera se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita. Finalmente, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental.
- Principal
Vista la cuenta secretarial que antecede, se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentada por JOSÉ NEMROD BRACAMONTES MONTAÑO, contra actos de la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA y DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO DE SONORA; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 311/2016. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: "ACTO RECLAMADO.- LA INFUNDADA Y VIOLATORIA DE GARANTÍAS RESOLUCIÓN DE LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER UN CARGO PUBLICO." Ahora, del contenido íntegro de la demanda de amparo, así como de la certificación de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se advierte que la demanda de amparo se debe promover en los quince días siguientes al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor de tales actos y; de manera excepcional, en los plazos previstos en las diversas fracciones del artículo 17 de la ley de la materia. En efecto, el precepto invocado en tercer término, establece tres momentos a partir de los cuales se debe computar el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca la demanda, esto es: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b). A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Es el caso, que de la certificación de cuenta, se desprende que el quejoso, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el trece de mayo del año en curso, presentó diverso escrito de demanda, la que se registró como juicio de amparo 286/2016, en la cual, al igual que en el presente juicio, reclamó de las mismas autoridades señaladas como responsables SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA y DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO DE SONORA, la resolución en la que -adujo- se le inhabilitó para ejercer un cargo público por el tiempo de cinco años; siendo que por auto de dieciséis de mayo del presente año, se desechó por extemporánea, en virtud de que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se enteró de la existencia del citado acto reclamado desde el quince de marzo de dos mil dieciséis; determinación que por auto de veintiséis del mes y año en curso, se declaró firme, toda vez que el impetrante no interpuso el recurso de queja en contra del citado proveído. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la materia; por tanto, para los efectos legales conducentes, glósense a los presentes autos copias certificadas de las constancias relativas del juicio de amparo 286/2016. Se cita por ser aplicable, la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Marzo de 2002, de la Novena Época, que, a la letra, dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." En tal virtud, de lo anterior, se colige que el quejoso, contrario a lo expuesto en la presente demanda de amparo, tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente juicio desde el quince de marzo de dos mil dieciséis, pues se reitera, bajo protesta de decir verdad, así lo manifestó en la demanda de amparo 286/2015 antes señalada, lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto. Bajo ese tenor, dado que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución dictada por las autoridades antes mencionadas, en el cual lo inhabilitan para ejercer un cargo público por cinco años; dicho acto se encuentra sujeto al plazo de quince días que en general prevé el primer párrafo artículo 17 dela Ley de Amparo. De ahí que, al haber manifestado el quejoso bajo protesta de decir verdad que se enteró de la existencia del citado acto reclamado el quince de marzo de dos mil dieciséis y presentó la demanda de amparo que nos ocupa, hasta el veintiséis de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la misma resulta extemporánea; toda vez que el término de quince días para su presentación, empezó a correr a partir del día siguiente hábil al en que se ostentó sabedor del mismo, esto es, el dieciséis de marzo del presente año y concluyó el doce de abril del año en curso, sin contar sábados y domingos, ni los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de los corrientes, por haber sido declarados días inhábiles; como se adelantó, resulta evidente que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Se cita por ser aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 1035 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, de la Novena Época, con registro: 177995, que, a la letra, dice (énfasis añadido): "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Sin que obste para arribar a la anterior determinación que en la demanda de amparo 286/2016, el quejoso la promovió con el nombre de JOSÉ BRACAMONTES MONTAÑO y la presente con el nombre de JOSÉ NEMROD BRACAMONTES MONTAÑO; sin embargo, dado que las firmas que aparecen al margen de dichos escritos, a la vista del suscrito Juzgador coinciden entre sí, así como el acto reclamado y los hechos de sus antecedentes, aunado que señaló el mismo domicilio para oír y recibir notificaciones; se colige que se trata del mismo impetrante. En las relatadas condiciones, ante lo manifiesta e indudable causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley Federal en consulta, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Lago Chicalcando 912, Jardines del Lago de esta ciudad y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado José Trinidad Gutiérrez Ulloa y únicamente para oír y recibir notificaciones a la Licenciada María de la Paz Cortez López y Jennifer Cristina Coronado García. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente.
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