José Nazario Alonso Sánchez
Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/10/2022
Partes del expediente
- José Nazario Alonso Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de cinco de octubre del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por Jaime Zañudo Velázquez, a favor de José Nazario Alonso Sánchez, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha feneció el plazo de tres días hábiles otorgado en proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, al promovente Jaime Zañudo Velázquez, para que informara el domicilio del directamente agraviado José Nazario Alonso Sánchez, para efecto de notificarle las determinaciones emitidas en el presente asunto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por lista la demanda presentada a su favor, los autos de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a José Nazario Alonso Sánchez, los proveídos de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós y el proveído de veintitrés del mismo mes y año, que a la letra dicen: "...Ensenada, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Jaime Zañudo Velazquez, a favor de José Nazario Alonso Sánchez, contra actos de las autoridades que denominó como agente adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de juzgado bajo número 522/2022-II. Se comisiona a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de que se traslade a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, con el objeto de notificar al directamente agraviado José Nazario Alonso Sánchez, el contenido íntegro del presente proveído y lo requiera para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días hábiles manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor; de igual manera, se faculta al actuario en cita, a fin de que de fe del estado físico en que se encuentra el quejoso. De igual manera, se faculta a cualquiera de los actuarios, a fin de que, en caso de ser informado de que el directo quejoso fuera trasladado a diversa dependencia, acuda de inmediato en su búsqueda al lugar en que le manifiesten se encuentra, tantas y cuantas veces sea necesario, a fin de cumplir con la diligencia encomendada; en la inteligencia de que deberá suscribir la razón correspondiente cada vez que se presente dicha situación. En el entendido que de no cumplir con lo requerido dentro del término otorgado para tal efecto, se procederá conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cesen inmediatamente los actos reclamados consistentes en incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, que se dice, sufre la parte directamente agraviada, así como cualquier otra conducta prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues de consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso del goce de los derechos fundamentales vulnerados. Ahora, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de detención fuera de procedimiento con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, de derivar la detención de la comisión de un delito, de inmediato se ponga al quejoso José Nazario Alonso ?????? Sánchez a disposición del Ministerio Publico correspondiente. En la inteligencia que si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, de inmediato deberá ser puesto en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remita el informe al correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial para que las notificaciones subsecuentes que sean ordenadas en el presente juicio de amparo, les sean remitidas por esa vía. En ese mismo sentido, se comisiona a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional para que de inmediato haga entrega de los oficios respectivos a la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, no es el caso decretar la suspensión de oficio respecto de los actos reclamados consistentes en la arresto administrativo, multa excesiva y desposesión del vehículo, toda vez que en la especie, no se está en presencia real y actual de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, que deba suspenderse. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial número .3o.A.J/7 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero Junio de 1989, Página 951, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." No es óbice que el quejoso alegue que la multa que se le impuso con motivo de una infracción de tránsito, resulta excesiva y, por tanto, violatoria del artículo 22 del pacto ? federal, pues dicha multa administrativa, no pone en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, por lo que, como se dijo anteriormente, no amerita decretar la suspensión de plano contra la misma. Sirve de apoyo a lo anterior jurisprudencia P./J. 8/95, número de registro 200350, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Página 20, de rubro y texto siguiente: "MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. NO RIGEN PARA ELLAS LAS PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe penas inusitadas y trascendentales y, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva; por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas procesales a quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo 22, fracción II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en cualquier tiempo; igualmente, el artículo 123, fracción I, establece la suspensión de oficio. Estas y otras prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pero no respecto de actos reclamados consistentes en multas fiscales o administrativas que se califiquen de excesivas, en virtud de que tales actos, por no poner en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, no ameritan la misma tutela jurídica que los demás que sí afectan aquellos derechos fundamentales." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó el nombre de usuario "jaimezave", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por tanto, se autoriza a la parte promovente la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Se le tiene señalando domicilio procesal el que indica en el escrito de demanda. Por otra parte, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma ???? electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Notifíquese personalmente al directo agraviado José Nazario Alonso Sánchez; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaría y de la persona a la que se encuentra dirigida, en la inteligencia que, en caso que no se cuente con dichos medios, debe realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe..." "...Ensenada, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista, la razón actuarial de cuenta se desprende que a la actuaria de este juzgado no le fue posible notificar al directo quejoso José Nazario Alonso Sánchez, el proveído de esta data, en el que se acordó respecto de la demanda de amparo interpuesta a su favor por Jaime Zañudo Velazquez, por las razones ahí expuestas, esto es, dicho quejoso estuvo en las instalaciones de las autoridades responsables, sin embargo, fue puesto en libertad. Por tanto, dese vista al promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles computados a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe el domicilio del directamente agraviado José Nazario Alonso Sánchez, para efecto de notificarle la demanda presentada a su favor, así como el presente acuerdo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el plazo concedido, la notificación relativa así como las subsecuentes aun las de carácter personal se harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente; para lo cual se instruye a los actuarios a que la diligencia encomendada se realice utilizando de manera preferente los medios electrónicos a su alcance y de la persona a la que se encuentra dirigida, en la inteligencia que, en caso que no se cuente con dichos medios, debe realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones, de conformidad con el artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe..." "...Ensenada, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha feneció el plazo de tres días hábiles otorgado en proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, al promovente Jaime Zañudo Velázquez, para que informara el domicilio del directamente agraviado José Nazario Alonso Sánchez, para efecto de notificarle las determinaciones emitidas en el presente asunto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por lista la demanda presentada a su favor, los autos de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California; asistido de Karla Elena Villa Lucero, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe..."
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por Saúl Valdez Ramos, policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, informa el acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo.
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