JOSÉ NAVARRETE HORTA y Otros.
Expediente 2057/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 36 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2057/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 04/03/2022
Partes del expediente
- JOSÉ NAVARRETE HORTA y Otros.
- José Navarrete Horta
- A.V. N.T.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS LA CUAL DICE Zapopan, Jalisco, cuatro de marzo de dos mil veintidós. I. Autoridad cumple requerimiento. Téngase por recibido el comunicado proveniente del Delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar del Estado de Jalisco, por el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, remite copia certificada de diversas constancias con las que acredita la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 a la menor quejosa A.V.N.T.; al respecto, agréguense a los autos las constancias de cuenta y téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento a dicho requerimiento, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento que le fue realizado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público debencualquiera que sea la instancia."1 Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que Francisco Noriega Ponce y Rosa Elizabeth Torres Ulloa en representación de la menor de edad A.V.N.T., promovieron juicio de amparo contra el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejero de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Servicios de Salud del Estado de Jalisco; Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Jalisco; Subdirector General de Servicios de Salud de los Servicios de Salud de Jalisco; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Estado de Jalisco; Coordinador Estatal de Jalisco de la Subsecretaría de Previsión y Promoción Social de Salud y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco. Consistente, en síntesis, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplique en favor de los citados menores de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, para que se le aplicara la vacuna Pfizer-BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Luego, del análisis practicado a las constancias anexas al oficio de cuenta, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por su artículo 2°, se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a la menor quejosa, así como que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dicha menor de edad. Entonces, de lo narrado se aprecia que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo esrestituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza negativa. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, los promoventes de amparo acuden a la instancia constitucional combatiendo el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; Presidente Consejero del Consejero de Salubridad General; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretario de Servicios de Salud del Estado de Jalisco; Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Jalisco; Subdirector General de Servicios de Salud de los Servicios de Salud de Jalisco; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Estado de Jalisco; Coordinador Estatal de Jalisco de la Subsecretaría de Previsión y Promoción Social de Salud y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado de Jalisco, consistente, en síntesis, en la omisión porparte de las autoridades responsables de realizar las gestiones correspondientes para que se aplicara en favor de la citada menor de edad, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID- 19 en México, es decir, se le aplicara la vacuna Pfizer- BioNTech, o cualesquiera otra vacuna que pueda ser aplicable en ese rango de edad, siempre y cuando esté autorizada por las autoridades de Salud y exista disponibilidad de vacunas para otros grupos dentro del esquema de vacunación en curso. Sin embargo, de las documentales anexas al oficio de cuenta, valoradas con anterioridad, se aprecia que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a los la menor quejosa, así como que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus SARSCoV-2 a dicha menor de edad. Por tanto, al haberse aplicado tanto la primera, como la segunda dosis, a la menor quejosa, de la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2, ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, con la determinación de la autoridad responsable de aplicación a la menor quejosa de la vacuna contra el Virus SARS-CoV-2, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley deAmparo."2 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."3 Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuatro minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se aprecia que en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se requirió al representante especial y a la madre de la menor quejosa, para que dentro del plazo de tres días, manifestaran bajo protesta de decir verdad, sí los documentos digitalizados que exhibieron vía electrónica al presente sumario constitucional, coincidían fielmente con sus originales, auto que les fue notificado el dos de febrero de dos mil veintidós, sin que hasta el día de hoy hayan manifestado lo requerido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba la notificación del presente proveído, remita constancia fehaciente que acredite la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la menor quejosa A.V.N.T. Para lo cual, se le informa que la aplicación de la primera dosis le fue programada a la menor quejosa para el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta minutos y la segunda dosis para el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta minutos. Lo anterior es así, debido a que si bien es cierto, ello versa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, también lo es que, a partir de dicha información se pudiera advertir la actualización de una causa de improcedencia, las cuales deben ser estudiadas de manera preferente, ya que son de orden público, con base en el contenido en el artículo 62 de la ley de la materia. Bajo apercibimiento. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el estado de autos, se aprecia que al día de hoy, no obra constancia de notificación respecto del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se requirió al representante especial y a la madre de la menor quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten bajo protesta de decir verdad, sí los documentos digitalizados adjuntos al ocurso electrónico presentado en la citada data, coinciden fielmente con sus originales. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con siete minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese por lista física y electrónica.
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