José Natividad Ortega Amador
Expediente 2429/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- José Natividad Ortega Amador
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio DJC/3487/2019 y anexos, de veintiocho de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve siguiente (fojas 131 a 132), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 133), se dio vista a la parte quejosa con el oficio DJC/3487/2019 y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el treinta y uno de octubre del presente año (foja 134); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el ocho de mayo del año en curso (fojas 36 a 51), se determinó conceder a Emmanuel Enrique Cambero Rojas o Emmanuel Enrique Camberos Rojas, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Los artículos 24, fracción XIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social, para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro; así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas relativas al ejercicio fiscal dos mil diecinueve objeto de reclamo por la parte amparista con fundamento en las disposiciones anteriores; esto es, las derivadas de la cantidad de $15,837.75 (quince mil ochocientos treinta y siete pesos 75/100 moneda nacional) que pagó por revalidación de permiso de "Porteadores" (refrendo de alcoholes), acreditado con el comprobante de depósito de la institución SANTANDER, en la cuenta con referencia 00097007829A38120244, realizado el doce de marzo de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. Resolución que quedó firme en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, el cual causó estado el diecisiete de junio de este año (foja 84). En cumplimiento a ello, mediante oficio DJC/3487/2019 y anexos, de veintiocho de octubre del año en curso, recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve siguiente (fojas 131 a 132), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se realizó una transferencia a la parte quejosa, a través de la institución denominada Banorte, por la cantidad de $15,967.32 (quince mil novecientos sesenta y siete pesos 32/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que dicha autoridad indicó que en los "efectos de la concesión" emitida por este órgano jurisdiccional, se le precisó que se le debe reintegrar al promovente del amparo la cantidad de $15,837.75 (quince mil ochocientos treinta y siete pesos 75/100 moneda nacional), que corresponde a la suma que la citada parte amparista enteró a favor de la recaudación responsable por concepto de refrendo de alcoholes "porteadores", así como el monto que resulte por concepto de impuestos para el fomento a la educación, asistencia social, y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Atendiendo lo anterior, la autoridad exactora informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto $15,837.75 (quince mil ochocientos treinta y siete pesos 75/100 moneda nacional),, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de octubre de este año, se efectuó la devolución mediante transferencia al quejoso; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del presente año entre el índice para el mes de septiembre del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de septiembre del presente año 103.942; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $15,969.20. (quince mil novecientos sesenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $131.45 (ciento treinta y un pesos 45/100, moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $15,967.32 (quince mil novecientos sesenta y siete pesos 32/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $15,969.20. (quince mil novecientos sesenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,967.32 (quince mil novecientos sesenta y siete pesos 32/100 moneda nacional) es decir, $1.88 (un peso con ochenta y ocho centavos 88/100 moneda nacional), menos de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por ***, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexos, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de agosto del año en curso (foja 64), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el dieciséis de agosto del actual año (foja 67); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veintidós de agosto pasado, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". En ese sentido, mediante resolución de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 23-35), se determinó conceder a Olegaria Lares Ocegueda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 2032231 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 43-44) se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días la acataran. Así, a través del oficio y anexo presentados el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63) en este Juzgado de Distrito, por la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el seis de agosto del presente año devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1320, valioso por la cantidad de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve y el seis de agosto de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de julio 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.001. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), se obtiene la cantidad de $7,342.55 (siete mil trescientos cuarenta dos pesos 55/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional); es decir, no reintegró la diferencia de que se trata, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 226-231); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, aplicado contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 31-33 y 85-89 del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Finalmente, devuélvase en un tomo, las constancias relativas al acto reclamado a la autoridad responsable Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad. Notifíquese.
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