Jose Murra Ruenes

Expediente 1779/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1779/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Jose Murra Ruenes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso y tercero interesado Juan José Fernández García Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y analizar las constancias que obran en el sumario de amparo, para verificar si las autoridades responsables han acatado la ejecutoria de amparo, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". 1. El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas de la 02 a la 21), José Murra Ruenes, promovió el presente juicio contra actos de Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil y otra autoridad, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: EL EMBARGO TRABADO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, QUE APARECE DENTRO DEL SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO POR INCONSISTENCIA ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3652, 3654 Y 3655 DEL CÓDIGO CIVIL EN COAHUILA SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA DEL SISTEMA DE REGISTRO QUE APARECE EN LA PROPIEDAD INSCRITA BAJO LA PARTIDA 52888, LIBRO 529, SECCIÓN I, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, QUE SE ENCONTRABA A FAVOR DE LUIS ANTONIO FERNANADEZ (Sic) ELOSEGUI, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, DE LA MANZANA 13, DEL FRACCIONAMIENTO LOS AZULEJOS. SIENDO PRECISO MENCIONAR QUE EL EMBARGO QUE APARECE DERIVA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 37/2014, VENTILADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL PROMOVIDO POR JUAN JOSÉ FERNANADEZ (Sic) GARCÍA, EN CONTRA DE LUIS ANTONIO FERNÁNDEZ ELOSEGUI, BAJO LA PARTIDA 17171, LIBRO 172, SECCIÓN IV, CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2014, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA PROPIEDAD EMBARGADA POR $12, 800, 000. 00 m.n., AFECTA MI PROPIEDAD MEDIÁTICAMENTE, YA QUE YO COMPRÉ ESTA PROPIEDAD EL ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, SEGÚN JUSTIFICO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 792, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, MISMA QUE QUEDÓ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 107657, LIBRO 529, SECCIÓN I, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, MANZANA 13, FRACIONAMIENTO (sic) LOS AZULEJOS A FAVOR DEL SUSCRITO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, EN EL ENTENDIDO QUE EL TÓPICO IMPORTANTE ES QUE APARECE DENTRO DE MI ESTADÍSTICA REGISTRAL ACORDE A LA INCONSISTENCIA, (error) REGISTRAL MENCIONADA PUES EL QUE SE ENCUENTRA COMO DEUDOR, ES EL QUE ME REALIZÓ LA COMPRAVENTA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE CARLOS GARCÍA VARA, SEGÚN JUSTIFICO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 792, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, DE FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, LA CUAL SE ANEXA; Y ES TRASCENDENTE ESTABLECER PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTO, SE HACE HINCAPIÉ, QUE MI ANTECEDENTE REGISTRAL DEBERÍA DERIVAR DE MANERA INMEDIATA DE LA PARTIDA 52888, LIBRO 529, SECCIÓN I, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, QUE SE ENCONTRABA A FAVOR DE LUIS ANTONIO FERNANADEZ (sic) ELOSEGUI (VENDEDOR), MISMO ANTECEDENTE QUE NO SE LIGÓ A LA COMPRAVENTA QUE SE HIZO Y QUEDÓ INSCRITA BAJO LA PARTIDA BAJO NÚMERO 107657, LIBRO 529, SECCIÓN I, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, MANZANA 13, FRACIONAMIENTO (sic) LOS AZULEJOS, A FAVOR DEL SUSCRITO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO. RESALTANDO QUE EL EMBARGO QUE POR ERROR SE REALIZÓ FUE PORQUE LA COMPRAVENTA QUE SE HIZO A MI FAVOR NO SE ENLAZÓ A LOS LIBROS NI EN EL SISTEMA, PUES NO APARECE COMO SUBSECUENTE DICHA COMPRAVENTA A MI FAVOR. SIN EMBARGO EL DIRECTOR ACEPTA EL ERROR, TAN ES ASÍ QUE ME EXTENDIERON LA CERTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA DEL SISTEMA DE REGISTRO, QUE AGREGO A ESTE JUICIO; CIRCUNSTANCIA LA ANTERIOR QUE ATENTA EN CONTRAVENCIÓN A MI CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD. Y COMO CONSECUENCIA A LA PUBLICIDAD REGISTRAL. POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO PIDO LA RECTIFICACIÓN DE MI PROPIEDAD POR LA IRREGULARIDAD QUE ANTECEDE". 2. En sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, otorgó al quejoso la protección constitucional, para los siguientes efectos: "1. Que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, excluya del embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de la ciudad de Torreón, Coahuila, e instruya al Director Registrador del Registro Público de Torreón, Coahuila, para que proceda a realizar las gestiones necesarias a efecto de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la inscripción de treinta de abril de dos mil catorce, que se encuentra bajo la partida 17171, libro 172, sección IV". 3. Mediante ejecutoria de amparo dictada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad se confirmó la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. 4. Mediante oficio recibido el veintidós de enero de dos mil dieciocho, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo. 5. Por auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a fin de que manifestara lo que a su derecho estimara pertinente, con el apercibimiento de no hacer manifestación, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre su cumplimiento, conforme los elementos existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; del cual, quedó debidamente notificada la quejosa el treinta de enero de dos mil dieciocho. Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, se procede a analizar de oficio conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, si la ejecutoria se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. Ahora bien, como se precisó los efectos de la sentencia fueron en el sentido de que la autoridad responsable, excluyera del embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de la ciudad de Torreón, Coahuila, e instruyera al Director Registrador del Registro Público de Torreón, Coahuila, para que proceda a realizar las gestiones necesarias a efecto de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la inscripción de treinta de abril de dos mil catorce, que se encuentra bajo la partida 17171, libro 172, sección IV. Así, mediante auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, ordenó girar atento oficio al Director Registrador del Registro Público de esta ciudad, a fin de que excluyera el embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de esta ciudad. Por oficio de fecha once de enero de dos mil dieciocho, signado por el Director Registrador del Registro Público en esta ciudad y secretario de oficina, anexó la constancia cancelación del embargo registrado en la partida 22244, libro 223, sección IV de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación. Al respecto se aplica, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, el objeto del presente juicio ha sido remediado, en los términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de la Materia, para los cuales fue concedida la ejecutoria de amparo; de ahí que se estime que ha sido cumplida, sin exceso o defecto, atento a lo dispuesto por el precepto 196 del ordenamiento legal supracitado. Asimismo, y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, pues al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, no existe actuación pendiente de realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se hace del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EL CUADERNILLO ORIGINAL resulta SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS CINCO AÑOS DE HABERSE DICTADO LA SENTENCIA

  2. Principal

    Se notifica por lista al tercero interesado Luis Antonio Fernández Elosegui Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y analizar las constancias que obran en el sumario de amparo, para verificar si las autoridades responsables han acatado la ejecutoria de amparo, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". 1. El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas de la 02 a la 21), José Murra Ruenes, promovió el presente juicio contra actos de Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil y otra autoridad, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: EL EMBARGO TRABADO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, QUE APARECE DENTRO DEL SISTEMA DE REGISTRO PÚBLICO POR INCONSISTENCIA ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3652, 3654 Y 3655 DEL CÓDIGO CIVIL EN COAHUILA SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA DEL SISTEMA DE REGISTRO QUE APARECE EN LA PROPIEDAD INSCRITA BAJO LA PARTIDA 52888, LIBRO 529, SECCIÓN I, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, QUE SE ENCONTRABA A FAVOR DE LUIS ANTONIO FERNANADEZ (Sic) ELOSEGUI, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, DE LA MANZANA 13, DEL FRACCIONAMIENTO LOS AZULEJOS. SIENDO PRECISO MENCIONAR QUE EL EMBARGO QUE APARECE DERIVA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 37/2014, VENTILADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL PROMOVIDO POR JUAN JOSÉ FERNANADEZ (Sic) GARCÍA, EN CONTRA DE LUIS ANTONIO FERNÁNDEZ ELOSEGUI, BAJO LA PARTIDA 17171, LIBRO 172, SECCIÓN IV, CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2014, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA PROPIEDAD EMBARGADA POR $12, 800, 000. 00 m.n., AFECTA MI PROPIEDAD MEDIÁTICAMENTE, YA QUE YO COMPRÉ ESTA PROPIEDAD EL ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, SEGÚN JUSTIFICO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 792, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, MISMA QUE QUEDÓ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA NÚMERO 107657, LIBRO 529, SECCIÓN I, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, MANZANA 13, FRACIONAMIENTO (sic) LOS AZULEJOS A FAVOR DEL SUSCRITO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, EN EL ENTENDIDO QUE EL TÓPICO IMPORTANTE ES QUE APARECE DENTRO DE MI ESTADÍSTICA REGISTRAL ACORDE A LA INCONSISTENCIA, (error) REGISTRAL MENCIONADA PUES EL QUE SE ENCUENTRA COMO DEUDOR, ES EL QUE ME REALIZÓ LA COMPRAVENTA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE CARLOS GARCÍA VARA, SEGÚN JUSTIFICO CON ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 792, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO LIC. EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, DE FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, LA CUAL SE ANEXA; Y ES TRASCENDENTE ESTABLECER PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTO, SE HACE HINCAPIÉ, QUE MI ANTECEDENTE REGISTRAL DEBERÍA DERIVAR DE MANERA INMEDIATA DE LA PARTIDA 52888, LIBRO 529, SECCIÓN I, DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL SEIS, QUE SE ENCONTRABA A FAVOR DE LUIS ANTONIO FERNANADEZ (sic) ELOSEGUI (VENDEDOR), MISMO ANTECEDENTE QUE NO SE LIGÓ A LA COMPRAVENTA QUE SE HIZO Y QUEDÓ INSCRITA BAJO LA PARTIDA BAJO NÚMERO 107657, LIBRO 529, SECCIÓN I, POR COMPRAVENTA DEL LOTE 12, MANZANA 13, FRACIONAMIENTO (sic) LOS AZULEJOS, A FAVOR DEL SUSCRITO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO. RESALTANDO QUE EL EMBARGO QUE POR ERROR SE REALIZÓ FUE PORQUE LA COMPRAVENTA QUE SE HIZO A MI FAVOR NO SE ENLAZÓ A LOS LIBROS NI EN EL SISTEMA, PUES NO APARECE COMO SUBSECUENTE DICHA COMPRAVENTA A MI FAVOR. SIN EMBARGO EL DIRECTOR ACEPTA EL ERROR, TAN ES ASÍ QUE ME EXTENDIERON LA CERTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIA DEL SISTEMA DE REGISTRO, QUE AGREGO A ESTE JUICIO; CIRCUNSTANCIA LA ANTERIOR QUE ATENTA EN CONTRAVENCIÓN A MI CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD. Y COMO CONSECUENCIA A LA PUBLICIDAD REGISTRAL. POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO PIDO LA RECTIFICACIÓN DE MI PROPIEDAD POR LA IRREGULARIDAD QUE ANTECEDE". 2. En sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, otorgó al quejoso la protección constitucional, para los siguientes efectos: "1. Que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, excluya del embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de la ciudad de Torreón, Coahuila, e instruya al Director Registrador del Registro Público de Torreón, Coahuila, para que proceda a realizar las gestiones necesarias a efecto de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la inscripción de treinta de abril de dos mil catorce, que se encuentra bajo la partida 17171, libro 172, sección IV". 3. Mediante ejecutoria de amparo dictada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad se confirmó la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. 4. Mediante oficio recibido el veintidós de enero de dos mil dieciocho, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo. 5. Por auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a fin de que manifestara lo que a su derecho estimara pertinente, con el apercibimiento de no hacer manifestación, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre su cumplimiento, conforme los elementos existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; del cual, quedó debidamente notificada la quejosa el treinta de enero de dos mil dieciocho. Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, se procede a analizar de oficio conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, si la ejecutoria se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. Ahora bien, como se precisó los efectos de la sentencia fueron en el sentido de que la autoridad responsable, excluyera del embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de la ciudad de Torreón, Coahuila, e instruyera al Director Registrador del Registro Público de Torreón, Coahuila, para que proceda a realizar las gestiones necesarias a efecto de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la inscripción de treinta de abril de dos mil catorce, que se encuentra bajo la partida 17171, libro 172, sección IV. Así, mediante auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, ordenó girar atento oficio al Director Registrador del Registro Público de esta ciudad, a fin de que excluyera el embargo decretado el cinco de marzo de dos mil catorce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 37/2014, el lote 12, de la manzana 13 del fraccionamiento Los Azulejos, etapa II, de esta ciudad. Por oficio de fecha once de enero de dos mil dieciocho, signado por el Director Registrador del Registro Público en esta ciudad y secretario de oficina, anexó la constancia cancelación del embargo registrado en la partida 22244, libro 223, sección IV de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación. Al respecto se aplica, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, el objeto del presente juicio ha sido remediado, en los términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de la Materia, para los cuales fue concedida la ejecutoria de amparo; de ahí que se estime que ha sido cumplida, sin exceso o defecto, atento a lo dispuesto por el precepto 196 del ordenamiento legal supracitado. Asimismo, y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, pues al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, no existe actuación pendiente de realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se hace del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EL CUADERNILLO ORIGINAL resulta SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS CINCO AÑOS DE HABERSE DICTADO LA SENTENCIA.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y sus anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento de no hacerlo, se hará el pronunciamiento correspondiente conforme a los lineamientos de la ejecutoria. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y sus anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento de no hacerlo, se hará el pronunciamiento correspondiente conforme a los lineamientos de la ejecutoria. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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